El 18 de noviembre de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) anunció que respondería la solicitud de 59 predios en San Rafael, Antioquia, que “al parecer fueron abandonados por presiones de grupos ilegales”. Se trata de diez veredas, entre las cuales están Falditas, con 4 solicitudes, y Quebradona, con 17, dos veredas separadas por el río Churimo, en el cual la empresa Clean Water SAS espera construir la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Churimo, con la que generarían 4.5 megavatios (MW) de energía.
La Agencia de Prensa IPC cruzó los datos del proyecto PCH Churimo (color rojo) y el de las tierras reclamadas por los campesinos (color blanco) e identificó, como se observa en el mapa, que el área de influencia del proyecto está sobre tierras que fueron despojadas o abandonadas durante el conflicto armado en San Rafael y que hoy reclaman familias campesinas. Sin embargo, esta información fue desconocida en la audiencia pública que el pasado 4 de marzo hizo Cornare, la corporación ambiental en el Oriente antioqueño, como parte del proceso de licenciamiento de la PCH Churimo a favor de la empresa Clean Water SAS.
Mientras los habitantes de las veredas Falditas y Quebradona manifestaron su aprobación al proyecto, principalmente, porque les mejoraría la carretera veredal, el alcalde de San Rafael, colectivos ambientalistas y otros habitantes de ese municipio se oponen al proyecto.
La audiencia
En noviembre, Cornare recibió más de cien derechos de petición de habitantes de San Rafael, quienes pedían que la audiencia pública se hiciera en el municipio. Cornare prefirió mantenerse en la decisión de hacer una audiencia virtual desde su sede principal, en el municipio de El Santuario.
Gustavo Londoño, representante de Clean Water SAS, aseguró que la PCH Churimo es un proyecto de región y de comunidad, “creemos que se puede llevar desarrollo y progreso a la región.” Agregó Sergio Gómez, quien coordinó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y miembro de Clean Water SAS, que el “proyecto intervendría 20 predios y no habría reasentamiento”, además de que sembrarían 10.500 árboles como compensación.
Sin embargo, el alcalde de San Rafael, Libardo Ciro, dice que su municipio aporta más del 70% de la energía eléctrica de Antioquia, “hemos generado gran riqueza a la ciudad de Medellín y a otros terceros y lamentablemente esas riquezas no se ven en condiciones socioeconómicas en nuestro territorio”. Agregó que San Rafael hoy le apuesta al turismo, “tengo que decir que no me veo beneficiado en este proyecto, por el contrario, el sentido es que nuevamente estamos siendo aprovechados y los recursos son aprovechados por terceros; aportamos al enriquecimiento de otros, sin que veamos en el territorio obras para nuestro desarrollo.”
Como la PCH Churimo generaría menos de 10 kilovatios de energía, San Rafael no recibiría dinero por concepto de transferencia de sector energía. Incluso, la Ley 1715 de 2014 promueve este tipo de proyectos, los declara como de utilidad pública y les otorga incentivos tributarios.
Por eso el alcalde dice que no se ven representados. Por su parte, Cornare sí recibiría recursos por ese concepto. Desde 2008 en el Oriente antioqueño aumentaron las licencias ambientales y las solicitudes para construir proyectos de generación de energía, luego de la desmovilización paramilitar y la salida de las guerrillas de esa región. Mientras en 2007 Cornare tuvo ingresos superiores a 23 mil millones de pesos por transferencias del sector eléctrico, en 2019 estos fueron cercanos a los 40 mil millones. En poco más de una década estos recursos aumentaron 74%.
Ante este panorama, el diputado Camilo Andrés Calle aseguró que el Oriente de Antioquia aporta el 23% de la energía del país, equivalente a 2.197 MW (Hidroituango tendrá capacidad para 2.400 MW), “eso representa 2.8 billones en generación de recursos. El 34.8% de la población del Oriente está en estado de pobreza y el 17.9% en condiciones de miseria. Eso coincide con la opinión de personas que hablan de su descontento. No se ha materializado de ninguna manera con ese nivel de inequidad y desigualdad. Entendemos la necesidad de generar energía, pero creemos que en el Oriente antioqueño no es justo ni necesario generar más modelos extractivistas de esa naturaleza.”
Señaló, al igual que el alcalde, que el modelo de desarrollo que impulsa las PCH es incompatible con el turismo y el uso de los ríos y que muchos de estos proyectos están ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado, lo que afectaría el retorno de las familias desplazadas.
Con estos argumentos coinciden varios habitantes de San Rafael.
Doris Gil: “San Rafael ha aportado al desarrollo energético del país, aquí hay grandes represas. No es hora de nosotros seguir sacrificando nuestro paisaje y territorio para seguir engordando empresas hidroeléctricas. En el EIA no han tenido en cuenta la parte antropológica, no se ha tenido en cuenta lo que hay en ese territorio y no ha sido estudiado. Solicitamos que eso se tenga en cuenta.”
Delia Amparo Zuluaga: “el Churimo es patrimonio natural y geográfico del municipio. Son estas aguas, estos charcos, los que le dan vida al municipio. Hubo falta de información, no hubo socialización, porque esto afectaría el turismo. El primer afectado sería el balneario El Bizcocho. Habría una privatización del río Churimo, no tendríamos la libertad para visitarlo, para hacer guianza.”
Juan Carlos Cuervo: “el proyecto tiene muchos vacíos, la información no ha sido la adecuada, entendemos a las comunidades de Falditas y Quebradona, que les han dicho que este proyecto tiene cosas muy buenas, que les arreglan las vías, y los entendemos a ellos, porque el Estado ha abandonado estas comunidades. No queremos más hidroeléctricas en San Rafael.
Daniel Montoya: “van a afectar de manera irreversible el río Churimo. Al EIA le hace falta información en apartados esenciales. En el estudio no hay caracterización de los lodos. Además, debe haber estudio detallado del desarenador, que diga volúmenes de retención y descarga para no afectar la turbidez del agua. Es claro y evidente que los elementos entregados en el EIA son insuficientes”.
A lo anterior se suma que el EIA no incluyó el descubrimiento de nuevas especies, como la de un lagarto (Magdalenasaura leurosquama) y una especie de orquídea (Epidendrum scrotiforme).
Sin embargo, la opinión de los habitantes de las veredas Falditas y Quebradona, donde estaría el proyecto, es distinta, y está relacionada con el abandono estatal que supliría la empresa Clean Water SAS con el mejoramiento de la vía veredal y el empleo de los habitantes de esas veredas durante la construcción de la PCH.
Ramón Alonso Rincón: “el proyecto me parece positivo porque nos trae desarrollo y progreso a las comunidades de estas dos veredas; segundo, porque la empresa se debe comprometer a mantener las vías en buen estado. En la parte ambiental me parece muy buena idea porque van a reforestar.”
Nora Patricia Sepúlveda: “desde un principio nosotros estuvimos de acuerdo con este proyecto porque no solo vendrán beneficios para las veredas, sino porque vemos que las comunidades no han estado muy en contacto con el municipio de San Rafael. ¿Cómo es posible que tengamos una carretera como esta y nos tengan andando en un camión? ¿Cómo es posible que los ancianos, sin capacidad de caminar, se suban a ese camión? Bienvenida esta empresa que trae recursos económicos y progreso para estas veredas, ¿por qué no aceptarlo? Si la alcaldía no presta atención a estas veredas, por qué no darle la bienvenida a otro.”
Ricardo León Urrea: “estoy de acuerdo con el proyecto, la PCH nos trae muchos beneficios. Si la empresa nos va a dar trabajo y proyectos productivos, sería muy bueno, porque hay que conservar la naturaleza.”
Dice Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, que el proyecto PCH Churimo está en un estado inicial de licenciamiento y que con la audiencia buscaban que las comunidades evidenciaran aspectos que no fueron incluidos en el EIA. Resalta que ahora deberán tomar una decisión sobre si otorgan o no la licencia, pero que “la fase de participación ciudadana no se ha agotado, nosotros no hemos tomado una decisión todavía”, por lo que en las próximas tres semanas seguirán recibiendo información adicional. Luego de esto, determinarán si otorgan la licencia ambiental o si solicitan ajustes al EIA. Antes del 30 de junio, agrega Ramírez, habría una decisión de fondo.
En este proceso están en juego el turismo, la sobreexplotación de esa región para generar energía y las necesidades de las comunidades campesinas de las veredas Falditas y Quebradona que el Estado no ha suplido. Además, los derechos de las víctimas del conflicto armado que hoy reclaman sus tierras, demandadas por un proyecto de generación de energía.
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