Los ríos tienen su personalidad, una en la subienda o en la bajanza, en la mitaca o en los días lluviosos. Entre las montañas bajan con prisa y resuenan furiosos; en las sabanas y zonas bajas apenas se escuchan, son parsimoniosos. 

El río Nechí es callado y oscuro, es una línea gigante de agua antes de unirse al río Cauca en el municipio de Nechí, en límites entre Antioquia y Bolívar. Visto desde el aire, la margen izquierda está invadida de puntos naranjas, de tierra arrasada por mineros ilegales; a la derecha es propiedad de Mineros Aluvial, una empresa legal colombiana con presencia en Argentina, Chile y Nicaragua, que usa dragas gigantes, que ha desaparecido humedales a su paso y que construyó un jarillón, algo así como un muro de tierra para encerrar un humedal, para evitar que los sedimentos de la actividad minera cayeran a los demás humedales, caños y el río Nechí. 

El problema es que lo hicieron sin permiso, eso dice Corantioquia, la corporación ambiental. El problema es que la investigación por esa construcción no avanza en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la autoridad encargada. El problema es que en 2018 ese jarillón se rompió y ocasionó un ecocidio que mató miles de peces. El problema es que hace un mes se volvió a romper. El problema, dicen los pescadores, es que no tienen qué pescar.

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La panga se detuvo en mitad del río, dio la vuelta y se acercó a una orilla. Lo primero que vi fue un gallinazo al lado de una rama, luego me percaté de que el gallinazo estaba picoteando las rodillas de un cuerpo atascado. Escuché que dijeron que días atrás había desaparecido un muchacho de Cuturú, un caserío ribereño. “Ese no es”, dijeron. Nadie dijo más, era un cuerpo más, es la costumbre de los días, cuerpos como troncos que bajan por el río hasta que alguien los rescate. Pero aquí nadie denuncia o informa. El miedo de la gente es callado como el río. 

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—El agua está más oscura, ¿sí ve? —me dice Rigoberto*, mientras sigo pensando en la imagen del cuerpo en la madrugada, flotando en el río Nechí, y el gallinazo que nos siguió con la mirada cuando retomábamos el rumbo.

Le digo que no, que el río y los humedales tienen el mismo color, un ocre, un café. Él dice lo contrario, que en días normales el Nechí es más oscuro que las aguas de los humedales, pero desde hace varios días está más oscuro. Hace un rato nos tomamos un café y aún tenemos los vasos plásticos sobre la lata que hace de lancha, empujada por un motor de quince caballos de fuerza. 

Rigoberto recoge un poco de agua, se ve amarilla, pero alcanzo a ver el fondo. Más adelante dice que el agua está más oscura. Y sí, no veo el fondo del segundo vaso. Al final nos detenemos al frente del jarillón que la empresa Mineros Aluvial construyó alrededor del humedal Sampumoso. Al estar roto en decenas de pedazos, el agua mana de su interior como una fuente torrentosa y pantanosa. Así es el agua del tercer vaso: pantano. 

Muestra de agua en tres lugares diferentes de la cuenca del río Nechí.

Eliana Contreras, bióloga, con posgrados en biología y ecología, dice que son sedimentos: partículas de tierra suspendidas en el agua. Esos sedimentos no solo vienen de la actividad minera de la empresa sino de los mismos jarillones, construidos con tierra. “Desde el punto de vista biológico, podría ser que con el aumento de sedimentos los peces se vean afectados en sus funciones respiratorias”, dice. Como las partículas están mezcladas con agua, los peces abren sus agallas y por allí entran a sus zonas respiratorias que luego pueden taponarse. Si no los asfixia o los mata, como sucedió en 2018, ocasiona problemas respiratorios. Y en ese contexto, los que sobreviven huyen.

Pero en una ciénaga o un humedal hay seis grupos biológicos: macroinverbrados, peces, perifiton, fitoplancton, zooplancton y macrofitas (plantas). Ante el aumento de sedimentos, los dos primeros presentan problemas para respirar, daña los tejidos de las plantas y ante la turbiedad del agua, los microorganismos son afectados ante la imposibilidad de que ingrese el sol.

—La responsabilidad de la empresa Mineros es que el agua no se salga. Esos jarillones están muy bajos. Ellos debieron prever la subida del río, debieron prever el invierno —me dice Rigoberto mientras rodeamos el humedal y nos percatamos de por lo menos seis rompimientos. 

Es 12 de junio, tres días después de que se presentó la emergencia. Pasará un mes y el jarillón seguirá roto, las dragas continuarán trabajando y el sedimento seguirá bajando hasta el río Nechí. 

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—La ciénaga es mejor para pescar porque siempre hay pescado, en cambio en el río es por temporadas —me dice Humberto, un hombre de sesenta años y sin varios dientes. 

Es 2 de julio, tres semanas después de la primera visita, y voy a bordo de la lata con cinco pescadores.

—Esta agua sigue mala, al pescado no le gusta esta agua —insiste Humberto, que no para de hablar —en un tiempo atrás usted miraba al fondo del humedal y lo veía, era como un espejo.

Les pregunto por los humedales en los que siempre han pescado, mientras escribo en mi cuaderno no paro de reír al escuchar nombres inverosímiles que sus abuelos y padres les dieron. Escribo 18 nombres, como Paratebien, Remedia Pobre, El Pozo de Pila o Lomo Chulo, sobre el que ahora navegamos. Desde que se rompió el jarillón, solo pueden pescar en cuatro de ellos. 

Rigoberto interviene y me recuerda que hace poco más de una década, antes de que Mineros se adueñara del humedal Sampumoso, el comerciante de pescado les dejaba de comprar porque no había mercado suficiente para la cantidad de bagres, bocachicos y doncellas que pescaban. 

—El daño está hecho —dice pesimista Humberto. —Mire cómo está esa agua, sabiendo que esa agua no es así.

Mientras los escucho pienso que no es necesario que sean biólogos para saber lo que les pasa a los humedales cuando el agua es turbia, puro pantano. Alguien podrá venir a tomar muestras de agua para conocer su calidad, pero para Humberto y Rigoberto y los demás pescadores es suficiente con echar la atarraya al agua: un bulto vacío escurriendo ausencia.  

—La empresa Mineros dirá que somos cansones y peleones. Nosotros estamos viejos y vamos a terminar desplazados. Si no hay ciénagas, ¿dónde vamos a pescar? ¿Con qué nos vamos a mantener? Sabemos que vamos a quedar en la nada —vuelve a intervenir Humberto.

Miro las manos de Rigoberto, como haciendo un nudo, sus uñas llenas de tierra, sus labios apretados y la sombra de la gorra en mitad de la cara. En lo alto cruza un helicóptero del Ejército. Pienso que no es desazón, no es rabia. Me dice que es miedo. Los demás lo miran y se quedan mudos.

—A uno le da miedo venir aquí a denunciar esto. La inseguridad es tanta que aquí mandan a matar muy fácil.

Sobre el río, sobre la tierra, sobre la serranía de San Lucas, que se alza cerca de aquí, hay paramilitares, guerrilleros y soldados. AGC, Caparros, ELN, disidencias de las Farc, Ejército. Hay coca, hay minería legal e ilegal. La guerra se acomoda y no abandona a una región a la que le explotan oro desde hace cinco siglos.

La lata cruza sobre los canutillos y sus hojas sobresalen fuera del agua cubiertas de pantano seco. A nuestro paso alzan el vuelo garzas morenas, patos y pisingos. Los pescadores hablan ahora como si hicieran un coro.

—Por eso muchas personas no vienen acá.

—Mi familia no quería que viniera, que me exponga. Me lo dijeron mi mujer y mis hijos.

—Todo mundo sabe que esto es un riesgo.

—Siempre hemos sido una piedra en el zapato para Mineros.

—Pero si tuviéramos la ciénaga como antes no teníamos que hacer esto.

—Dirán que siempre vivimos en casas de plástico. Es verdad, pero no nos faltaba nada.

Nos detenemos de nuevo frente al jarillón roto. El agua ha bajado de nivel y les pido que entremos al humedal Sampumoso, a pocos metros de donde se rompió en 2018. Nos adentramos y nos topamos con varias dragas que siguen trabajando al lado de montañas de arena y lanzando chorros de agua negra que bajan al humedal. Hubieran visto la tristeza en sus caras, la desazón de ver el humedal en el que por años pescaron, de ver de dónde viene el agua que oscureció durante casi un mes los humedales y el río y que se llevó con ellas el pescado.

—El pescado se cría en el agua, el ganado se cría en la tierra. En esta agua no se cría el pez —sentencia Humberto.

—Nosotros teníamos nuestra empresa, pero Mineros la acabó.

La empresa: los humedales, la pesca.

Ruptura del jarillón en el humedal de Sampumoso en la segunda semana de junio.

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La oficina de Mineros Aluvial es prolija y elegante. En el séptimo piso de un edificio de El Poblado en Medellín aguarda Carlos Londoño, gerente de Sostenibilidad. Es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y ocupa su cargo desde hace un par de años. Esconde una barba espesa y entrecana bajo el tapabocas. Se sienta en un extremo de la mesa y se adelanta a las preguntas. Tiene una presentación de 36 diapositivas para explicarme qué es Mineros y por qué se rompió el jarillón. 

Mineros es propiedad de 25 grandes accionistas como Colpatria, el Grupo Scotiabank, Banderato Colombia S.A.S. y Corficolombiana S.A.; es dueña de 36 mil hectáreas en los municipios Nechí, El Bagre, Zarazoza y Caucasia, en Antioquia. Eso corresponde a casi la extensión de la ciudad de Medellín. Carlos observa de pie un mapa y explica que la empresa tiene dos áreas de explotación a las que denomina Pit Sur y Pit Norte. En la última se rompió el jarillón, más cerca de la desembocadura del río Nechí en el río Cauca.

En la presentación circulan imágenes de embarcaciones utilizadas por la minería ilegal en la zona y que constantemente están entrando en el área de explotación. Habla de cuatro clases: tipo brasilera, que son dragas gigantes flotantes sobre el río Nechí; draga carifusa, que puede producir la mitad de la primera; draga buzo y canalón. En un sector conocido como Río Viejo-Canchiro, la empresa Mineros, dice Carlos, tiene siete amparos administrativos, algo así como alertas por la intromisión de mineros ilegales.

Todo esto para explicar qué sucedió el 8 y 9 de junio: que mineros ilegales socavaron el jarillón en un punto que denominan Puerto Arenas, un frente de trabajo de Mineros, que tienen cuatro amparos administrativos, el último del 27 de marzo, que esto coincidió con las intensas lluvias en la cuenca del río Nechí, lo cual hizo que el río subiera, por lo menos, tres metros. Si estamos en una sabana, imaginen de cuánta tierra se apropia el agua. 

Carlos dice que el agua hizo presión sobre el jarillón, lo rompió y se desbordó sobre la zona de operaciones, la atravesó y cayó sobre el humedal de Sampumoso, en donde rompió el jarillón en varias partes.

Juliana Palacio, directora de la Oficina Panzenú de Corantioquia, encargada del Bajo Cauca, me dijo en una llamada telefónica que un equipo técnico de la corporación visitó la zona y que no se encontraron con posibles infractores. Lo hicieron el 17 de junio, una semana después del rompimiento. La información que tienen es la que les dio Mineros.

Carlos dice que luego del rompimiento y la inundación un equipo de la empresa se desplegó por la zona para atender a las comunidades. Los pescadores con los que hice los recorridos me dijeron que no era cierto, que no los visitaron ni verificaron las afectaciones. A la par, agrega Carlos, retroexcavadoras anfibias y orugas gigantes cerraron el jarillón cerca de Puerto Arenas, por donde empezó el problema. 

En 2018, cuando se rompió el jarillón, Mineros hizo un acuerdo transaccional con los pescadores. En ese documento reconocían la afectación y en compensación les pagaron un dinero. Antes de terminar la entrevista le extiendo a Carlos las preguntas que los pescadores me pidieron hacer.

—¿Mineros reconoce que este nuevo rompimiento del jarillón afecta a los pescadores?

—No tenemos elementos suficientes para decir que el rompimiento afecta a los pescadores.

Días antes le pregunté a Juliana Palacio si Corantioquia hizo estudios del agua para determinar su calidad. 

—No, esos estudios los realizó Mineros. Nosotros no realizamos ese estudio.

—En un caso como estos —insistí— ¿cómo la autoridad ambiental puede determinar los daños si los estudios y resultados dependen de la empresa?

—Tenemos algunas competencias frente a Mineros. Nosotros hacemos, simplemente, la visita de verificación por la contingencia. No fuimos a mirar toda la afectación, en ese momento no teníamos que hacer el estudio de aguas. 

—Entonces, ¿cuál es la competencia de Corantioquia?

—Somos apoyo a la autoridad ambiental.

—¿Qué es ese apoyo?

—Que nosotros hacemos la verificación para entregarle un informe a la ANLA y a la directora de Corantioquia. 

La ANLA, por su parte, dice en respuesta del 30 de junio, que aún no ha visitado la zona y que realizarán una visita de seguimiento “el próximo trimestre, en donde se verificará además de los aspectos generales del proyecto, lo relacionado con la contingencia por el rompimiento del jarillón”.

Es decir, pienso ahora, que no hay cómo determinar que este nuevo rompimiento afecta a los pescadores porque las autoridades ambientales delegaron en la empresa los estudios y las respuestas de lo que sucedió. Y Mineros, un mes después del hecho, dice que aún no tiene los resultados del análisis del agua. 

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En el centro de Medellín Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), dice que es claro que hay afectaciones reales a las comunidades, “presuntamente por la actividad minera que viene haciendo la empresa Mineros, que no son nuevas”. Esta organización de Derechos Humanos documentó y denunció en el 2018 el rompimiento del jarillón que afectó a las comunidades vecinas a la mina, como El Pital, La Esperanza, la quebrada San Pedro, los humedales El Socorro y Sampumoso. Agrega Luz Nely que “la respuesta frente a esta nueva ruptura es igual, no se verifica a tiempo, no se asumen responsabilidades y no hay preocupación por el bienestar de estas comunidades, por ende, no se han tomado medidas o acciones estructurales, por parte de Mineros y  las autoridades ambientales para resolver la situación y tampoco para restablecer derechos de estas comunidades que se han visto afectadas  por los daños ambientales, en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria.”

Desde hace seis años el IPC ha documentado y alertado sobre las afectaciones medioambientales ocasionadas por la minería en la cuenca del río Nechí. Como periodista de esa organización he navegado sobre los ríos y humedales y conversado con mineros, cultivadores de coca y pescadores. Con ellos conversé para hacer de esta historia su grito de auxilio.

Draga de la empresa Mineros Aluvial al lado del antiguo humedal de Sampumoso.

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Un resumen sería: Mineros construyó sin permiso el jarillón.

El contexto sería así: el 3 y 4 de octubre de 2017, profesionales de Corantioquia visitaron a Mineros y luego proyectaron una resolución de medida preventiva para suspender sus actividades “por su presunta responsabilidad en la comisión de infracción ambiental causada por la construcción de un jarillón sobre la ciénaga Sabalito y en el cauce del caño Guamo, ubicados en el corregimiento Puerto Claver, vereda El Guamo, municipio El Bagre”.

El 9 de octubre de 2017 Corantioquia remitió el caso a la ANLA, por ser la autoridad competente y legalizó una medida preventiva para suspender la construcción del jarillón. Una resolución del 12 de octubre, tres días después, dice que “el jarillón no solo fue reconstruido en el sitio donde se impuso la medida preventiva, sino que fue extendido a lo largo del caño y sin el respectivo permiso de ocupación de cauce, lo que se configura en un reiterado incumplimiento de la medida preventiva y de la norma.”

Y luego vino el rompimiento del jarillón el 13 mayo de 2018, a las cuatro de la mañana. Corantioquia concluyó que el hecho, contrario a lo que argumentó Mineros, no se dio por la “creciente extraordinaria” del río Nechí. A la par, la empresa ni analizó ni valoró los impactos socioeconómicos, las afectaciones a la salud y a la seguridad alimentaria de los pobladores de la zona; Mineros no informó en las 24 horas siguientes el hecho, como lo pide el decreto 1076 de 2015 ni evitaron el intercambio de aguas entre la poza cerrada, es decir el humedal encerrado por el jarillón, y la ciénaga. Fue así como Corantioquia inició un procedimiento administrativo sancionador ambiental que luego fue trasladado a la ANLA, la responsable de investigar el caso y de determinar la responsabilidad de Mineros. Después de tres años, según esa autoridad ambiental, apenas se encuentra en la etapa de formulación de cargos. Y mientras dicen que avanza la investigación por la construcción irregular del jarillón, este ya se ha roto en dos ocasiones.

—¿Por qué Mineros construyó sin permiso el jarillón?  —le pregunté a Carlos Londoño, gerente de Sostenibilidad.

—Es un proceso sancionatorio que tenemos desde el 2018, pero ese caso no ha sido cerrado.

Entonces dijo que Mineros le informó a la ANLA sobre la construcción de los jarillones y esta les otorgó el permiso. El 3 de enero de 2018, la ANLA respondió, según la resolución 00857 del 12 de junio de 2018, que “no se requiere modificación al Plan de Manejo Ambiental, para la implementación de un sistema de sedimentación teórico denominado ‘poza controlada’”. La construcción del jarillón fue autorizada como una “modificación menor”.

Sin embargo, dice la ANLA, Mineros construyó el jarillón “previamente al pronunciamiento emitido por esta autoridad”, en consecuencia, “la misma no se encontraba autorizada por esta Autoridad al momento de su inicio y se realizaron sin contar con los permisos de uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales emitidos por Corantioquia”. La ANLA hoy investiga a Mineros por construir el jarillón “sin contar con autorización”, es decir, un jarillón que, una vez roto en 2018, afectó la población de peces “en cantidades no determinadas”.

Luego de la tragedia la ANLA observó “que el sistema de poza controlada implementada en el sistema sur no corresponde a lo indicado en la solicitud de cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario”, que Mineros no identificó ni valoró “los posibles impactos ocasionados por construcción, operación y mantenimiento de esta estructura, como tampoco las medidas ambientales para su manejo, seguimiento y monitoreo.” Fue así como le recomendó modificar la licencia ambiental.

Desde entonces, Mineros ha hecho cuatro modificaciones de su licencia ambiental y, dice la ANLA, les impuso medidas para controlar, mitigar y compensar nuevos impactos identificados desde 2018, como reforzar los monitores hidrobiológicos, iniciar actividades de repoblamiento de especies nativas de peces y realizar el inventario de familias y personas afectadas.

Aun así, el jarillón volvió a romperse.

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El jarillón no es una estructura uniforme, no tiene la misma altura ni el mismo grosor. Mientras en unas partes supera los cuatro metros de alto en el verano, en otras tiene casi dos metros. En las últimas dos visitas que hice los pescadores se preguntaban por qué Mineros no construía un jarillón lo suficientemente alto y consistente para evitar que el agua del interior de la mina saliera a los humedales. Se lo pregunté a Carlos Londoño. 

—Tendríamos que tener una muralla china —dijo. 

Durante el invierno y la creciente del río Nechí, el agua rebasó con facilidad la altura del jarillón. Carlos dijo que Mineros construyó el jarillón para ciertas condiciones y que los mineros ilegales lo están socavando, “es como tener un hormiguerito”.

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Los pescadores con los que viajé tenían más de cuarenta años, me dijeron que pescaban desde que eran niños, de ocho o diez años, sus hijos estudian en colegios o se dedican a pescar. Llevan una vida en el río.

Hace un mes el río Nechí subió de nivel. Rigoberto, Humberto y los demás pescadores se percataron de un cambio en el color del río. No era normal. Se montaron en la lata y se dirigieron hasta el jarillón, para confirmar lo que sospecharon en principio: el jarilllón está roto y al pez del humedal no le gusta esa agua.