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Encapuchados y control territorial agobian a la comuna 8 de Medellín

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Una de las zonas más críticas de Medellín, en materia de segurdidad, lo constituye la parte alta de la comuna 8, centro oriente de la ciudad.
Miedo es la palabra que más se repite hoy entre los habitantes de la comuna 8 de Medellín. Lo expresan los estudiantes al justificar su inasistencia a las aulas; es la razón principal por la cual los líderes barriales han abandonado procesos comunitarios; y lo sienten los pobladores al transitar, a cualquier hora del día y de la noche, las empinadas y estrechas calles de este sector enclavado en las laderas del cerro Pan de Azúcar.

 

Los temores provienen de diversos factores, entre ellos los patrullajes que adelantan desde hace varios meses hombres encapuchados portando fusiles, asunto que ya se creía superado en la ciudad. La situación es más compleja de la que las autoridades admiten. Así se lo hicieron saber varios pobladores  a la Agencia de Prensa IPC.

 

“Es como si no se les diera nada. Son parados en las esquinas con esas armas como si nada. ¿Qué le toca hacer a uno? Mantenerse encerrada en la casa, hacer de cuenta que no he visto nada, no meterme con nadie”, señala Julia, habitante del barrio Las Mirlas.

 

La guerra sin cuartel que sostienen desde finales de 2008 grupos armados ilegales ha cobrado la vida de 71 personas en lo que va corrido de este año, lo que ubica a la comuna 8 como la cuarta zona más conflictiva de la capital antioqueña. Allí, la confrontación ha llegado a tal punto que las estructuras armadas prohíben la libre circulación entre los barrios.

 

Para los habitantes de Villa Turbay, transitar por las calle de La Sierra constituye un peligro muy cercano a la muerte. Lo mismo pasa con quienes quieren desplazarse de La Sierra a Villa Turbay, de Villa Turbay a Villa Liliam, de Villa Liliam a Villatina.

 

También crean zozobra los “toques de queda” y las restricciones a la movilidad impuestas por bandas armadas ilegales del sector. En el barrio La Sierra, por ejemplo, un grupo al  mando de alias “el rolo” le advirtió a la comunidad que a partir de las 9 de la noche ellos serían los dueños de la calle.

 

“La orden es que nadie tiene por qué estar en la calle después de esa hora. Entonces, los negocios de toda la zona comienzan a cerrar a eso de las 7 de la noche. Prefieren evitar problemas”, afirma Luis, líder barrial de la comuna 8.

 

Aunque, según Luis, el “toque de queda” es casi que permanente, pues el miedo a que en cualquier momento del día se presente un enfrentamiento armado ha hecho que los residentes prefieran mantenerse encerrados en sus casas. “Es que la gente no sale por temor. Las balaceras son a cualquier hora del día y la gente prefiere evitar”.

 

“Ni siquiera para ir a misa la gente sale. Como será la cosa que ya las iglesias se mantienen vacías. Las guarderías infantiles, que tenían horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahora por miedo y por razones de seguridad adelantaron el horario hasta la una de la tarde”, advierte Jair, otro habitante de la comuna.

 

A todo ello se le suma el agobiante fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano que allí se registra. De acuerdo con la Personería de Medellín, por lo menos el 20% de las 320 familias que han sido desplazadas en Medellín provienen de al menos uno de los 19 barrios que integran la comuna. Las amenazas directas, el asesinato de algún familiar, las intimidaciones y la intención de reclutamiento forzado a menores de edad figuran entre los motivos del desplazamiento.

 

Guerra que nadie entiende

En el conflicto que vive la comuna 8, que poco se distingue de lo que ocurre en otros sectores de la ciudad, subyace una paradoja difícil de entender: las bandas armadas ilegales que se disputan hoy ese territorio estuvieron del mismo lado no hace más tres años, cuando buena parte de sus integrantes participaban, como paramilitares desmovilizados, de las actividades programadas por el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.

 

Quienes están sintiendo con mayor rigor los efectos de la violencia son las comunidades, quienes viven en medio de la zozobra y los armados.
Además, los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) lograron conquistar espacios significativos de participación en este sector de la ciudad, lo que les ayudó a convertirse en interlocutores legítimos ante los gobiernos local, regional, nacional y hasta internacional.

 

Por las laderas y las estrechas escaleras de la comuna desfilaron decenas de personalidades del mundo político y social, ansiosas de escuchar de labios de hombres como Severo Antonio López, alias Job; Julio Perdomo; John Jairo Hidalgo; Edwin Tapias y John William López, la manera cómo la violencia, supuestamente, se había convertido en un mal recuerdo y se construían ambientas más pacíficos.

 

Mientras esto ocurría, las comunidades denunciaban, sin mucho eco en amplios sectores sociales, políticos y de seguridad, los atropellos cometidos por parte de los desmovilizados así como sus andanzas en el crimen. Sólo el tiempo les dio la razón: el 16 de mayo de 2008 fue capturado John William López, alias “memín”, quien alcanzó una curul para las Juntas Administradoras Locales (JAL) de la comuna 8 en las elecciones de octubre de 2007. Un año antes fue asesinado, en el sector de Altos de la Torre, John Jairo Hidalgo, otrora líder de los desmovilizados.

 

El 28 de julio de 2008 murió abaleado en un exclusivo restaurante del barrio El Poblado Severo Antonio López, recordado por su escandalosa visita al Palacio de Nariño y hasta ese entonces uno de los más representativos jefes desmovilizados de las Auc y quien ejercía poder sobre la comuna 8.

 

Tras estas detenciones y homicidios, el ambiente se fue deteriorando: los mandos medios comenzaron a disputarse negocios y territorios; otros que habían permanecido a la sombra, como alias Chamizo, aprovecharon la oportunidad para erigirse como “nuevo patrón”. Hasta que llegó la fuerza de choque de Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, que logró cooptar antiguos desmovilizados, fieles a alias Job.

 

Con dinero en abundancia y armas por doquier, emprendieron su primera misión: acabar con los antiguos ex jefes de las autodefensas, entre ellos Edwin Tapias. “Ahí se da una reorganización porque, mientras hombres como alias el rolo obtuvo el apoyo de don Mario, otras bandas como la de la cañada se van con la Oficina de Envigado”, explica un hombre conocedor del conflicto, quien pidió reserva de su nombre.

 

Lo preocupante es que hoy nadie sabe quién está contra quién. “Sé que los de La Sierra se confrontan con los de Villa Turbay, estos tienen el apoyo de la Cañada. Los de Altos de la Torre se confrontan con los de La Sierra. Pero sinceramente, no sé quién esté detrás de todo esto”, manifiesta la fuente.

 

La comunidad: la más afectada

Capítulo aparte viven la comunidad educativa del sector. Docentes y estudiantes no han estado exentos de amenazas, como ha ocurrido en las instituciones educativas Arzobispo Félix Henao Botero y Sol de Oriente.

 

Pero sin duda el caso más preocupante lo constituye el Colegio Villa Turbay, cuyas directivas decidieron suspender actividades desde el pasado 4 de septiembre hasta tanto no cesen las amenazas contra la comunidad académica.

 

Aunque las autoridades han garantizado un acompañamiento y protección especial para esta institución que alberga a más de 900 estudiantes de los barrios Villa Turbay, La Sierra, Las Mirlas y Las Estancias, muchos dicen que serán pocos los que terminen este año lectivo. “En el barrio hay más de un pelado que no volvió a clase porque simplemente le da miedo pasar por ciertas zonas de la comuna”, indica Julia.

 

Pero si los estudiantes la pasan mal, entre los líderes comunitarios la situación no puede ser peor. En lo que va corrido del año han sido amenazados de muerte siete dirigentes barriales. Varios de ellos cuentan con protección especial por parte de las autoridades, mientras que otros decidieron, por su seguridad y su salud mental, retirarse de toda actividad comunitaria.

 

En este sector de la ciudad se adelantará un ambicioso plan de intervención urbanística, con el que se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la c-8.
El caso más diciente del estado actual del trabajo comunitario lo constituye la Junta Administradora Local (JAL) de la comuna 8. Las disposiciones de Ley determinan que para este órgano de participación local deben elegirse democráticamente siete miembros en representación de todos los barrios de la localidad.

 

De los siete miembros elegidos en octubre de 2007 sólo dos se encuentran activos. Uno fue asesinado, otro murió de causa natural; un tercero fue condenado por la justicia a 28 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano y constreñimiento al elector. Dos fueron amenazados y decidieron abandonar la comuna.

 

“De los dos que quedan sólo uno trabaja en serio. Claro, eso es un decir, pues sólo se mueve en algunos barrios pues le da miedo trasladarse a otros sitios de la comuna porque la situación está muy complicada”, comenta Jair.

 

Jair es miembro de una junta de acción comunal y ha sido un convencido de la importancia de los liderazgos comunitarios. Pero hoy tiene sus dudas sobre si continuar liderando procesos a favor de los habitantes de su barrio. “Es que a los líderes nos van haciendo seguimiento, nos van intimidando y así es muy duro trabajar. A mí ya me prohibieron ingresar a la parte alta de Villa Turbay y, la verdad, temo por mi vida”.

 

Tanto él como Luis no vacilan en afirmar que los espacios de participación barrial, se están perdiendo por cuenta de la violencia. “Yo soy presidente de una acción comunal y tengo problemas para reunirme con mis compañeros de junta, con la comunidad para discutir cualquier proyecto. No podemos a hacer una actividad cultural porque nos da miedo que en cualquier momento se presente una balacera”, cuenta Luis.

 

El problema, según los dirigentes barriales, es que dichos vacíos ya están siendo aprovechados por los actores armados. “Hay juntas de acción comunal donde hay pelados que son de las bandas. Ellos deciden que se hace, que no se hace. La Alcaldía lo sabe, pero lo que ellos hacen es restringir los contratos y dárselos a otras juntas. Eso nos pone más en riesgo”, agrega Jair.

 

A lo que Luis añade: “Todo esto afecta es a la comunidad. Resiente el tejido social. Hace cinco años nos propusimos rescatar la confianza de la gente en la participación comunitaria, pero todo eso se perdió, porque la gente volvió a desconfiar. Ya no quiere participar”.

 

Lo peor de todo es que, además del miedo, entre los pobladores de la comuna 8 se siente el pesimismo propio de quien no concibe salida alguna a los problemas. Lo preocupante es que, en este caso, el pesimismo es más que justificado.

 

Allí, en las laderas centro-orientales de Medellín, históricamente se han ensayado todas las soluciones posibles contra la violencia: desde la lucha miliciana, pasando por el control paramilitar, la reivindicación popular y la salida negociada. “Ninguna ha servido. O si no, mire los desmovilizados, les dimos la oportunidad y, ¿cuántos de ellos no están delinquiendo en la comuna? Se pueden contar con los dedos de una mano”, asegura Jair. 

 

*Por solicitud de las fuentes, sus identidades fueron omitidas o cambiadas.