Extorsión: el “gran negocio” del crimen organizado en Medellín

Desde la perspectiva de expertos, la extorsión es la principal fuente de rentas del crimen organizado. Su capacidad para ejercer violencia y regular relaciones sociales, políticas y económicas, lo ha convertido en una empresa criminal que disputa poderes en los territorios y establece vínculos entre sectores legales e ilegales. Así opera en la ciudad.

“Te haré una oferta que no podrás rechazar”. Esta expresión, retomada de la película El Padrino, podría sintetizar el tipo de relación que imponen los actores criminales de la ciudad al ejercer prácticas como la extorsión, también llamada “vacuna”. Así, someten a los habitantes de las comunas y corregimientos a acciones y discursos violentos para obtener beneficios económicos.

En palabras de Jairo Bedoya, integrante del equipo de investigación sobre extorsión del Instituto Popular de Capacitación (IPC), dicha práctica ilegal se concreta en los pagos estables que los ciudadanos extorsionados le hacen a un “depredador”, entendido como una banda o un combo, para que este les brinde protección del daño que él mismo les podría ocasionar.

Esta práctica fue considerada inicialmente como un hecho delictivo, cometido por la delincuencia común, según explica un investigador de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, añade, las condiciones históricas de la ciudad la llevaron a convertirse en un fenómeno criminal de tributación forzada, con efectos sociales, económicos y políticos.

Para el investigador del IPC, el origen de este fenómeno se ubica en el contexto de violencia de finales de la década de 1980 y durante 1990. Argumenta que, por esa época, los grupos armados se configuraron como “empresas criminales” que ofrecían servicios de coerción extorsiva a carteles del narcotráfico. Posteriormente, milicias guerrilleras y frentes paramilitares también la practicaron para financiarse.

Asegura, además, que fue en la década de 1990 que se empezó a privatizar la seguridad pública, con el Decreto 354 de 1994 que estableció “el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. Desde entonces, “el pago de extorsión por seguridad se convirtió en una práctica de protección violenta” recurrente en algunas comunas de la ciudad.

Pero fue a partir de 2008 que se masificó como práctica de tributación forzada, según afirma el investigador de la Alcaldía. Hasta ese año, cuando fue extraditado el ex-jefe paramilitar Diego Murillo (Don Berna), “los combos respondían a un mando centralizado que les proveía recursos, logística, armas”. Después de eso, se exacerbaron las confrontaciones por el control territorial y de rentas.

Sobre los años recientes podría decirse, como lo hizo el economista estadounidense Thomas Shelling, que la extorsión ha llegado a ser el principal negocio del crimen organizado. Y así lo han ratificado estudios como Territorio, crimen, comunidad: heterogeneidad del homicidio en Medellín, realizado por el equipo del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Eafit y publicado en 2015.

Esa investigación cita un ejercicio realizado ese mismo año por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que consistió en indagar con los gestores territoriales cuáles eran las prácticas criminales más recurrentes en los 308 barrios y veredas de la ciudad. La extorsión, seguida de una de sus variaciones: la oferta de seguridad a través de vigilancia formal e informal, encabezaron los resultados.

¿Cómo se presenta este fenómeno criminal?

Por seguridad a viviendas, por construcción de reformas a las mismas, por parqueo de vehículos en zonas públicas, por ejercer actividades económicas en espacio público, por ingreso de familias a un barrio, por acceso a servicios públicos domiciliarios, por mediación en conflictos, por compraventa de productos, por loteo ilegal de predios, por no reclutar forzadamente a adolescentes, etc.

Por razones como esas son extorsionados habitantes, comerciantes, distribuidores, transportadores, integrantes de proyectos comunitarios, contratistas de construcciones públicas y privadas, entre otros ciudadanos, según lo plantea el informe Extorsión en Medellín: ¿qué es y cuáles son sus principales manifestaciones?, que publicó este año el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín.

También precisa el informe que, al ejercer la extorsión, recurren a múltiples modalidades que el equipo de investigación del Observatorio sintetizó en ocho: contacto directo, llamadas telefónicas, rifas ficticias, recibos de parqueo, compra forzada de artículos, cuentas bancarias para consignación, cartas de circulación pública y tarjetas personales de presentación.

Explica Jairo Bedoya que quienes extorsionan en la ciudad son “aquellos que están en capacidad de ejercer violencia organizada, porque están adscritos a una empresa de protección violenta”. Con ello se refiere a las bandas y los combos que están asociados a estructuras criminales de mayor envergadura y con “implante histórico en las zonas”, como los dos bloques en que está dividida La Oficina, por ejemplo.

Respecto a los sectores donde es más recurrente el fenómeno, el investigador del IPC asegura que hasta hace años se decía que ocurría en las periferias de la ciudad “por ser territorios tradicionalmente desamparados por la institucionalidad y donde hay ambivalencia de poder; es decir, donde hay una disputa de poderes con el Estado”. Pero, dice, “la coerción extorsiva se ha ido extendiendo como una mancha”.

Fernando Quijano, director de la Corporación para el Desarrollo Social (Corpades), afirma que “la Comuna 10 (Centro de Medellín) es la joya de la corona del negocio de la extorsión, porque es la que más recursos arroja”. Eso se debería a que, en distintos sectores, como El Hueco por ejemplo, se ejercen múltiples actividades económicas, tanto lícitas como ilícitas, susceptibles de ser aprovechadas e instrumentalizadas por actores criminales.

En ese sentido, agrega que según un estudio publicado por Corpades en 2014, el crimen organizado recauda en el Centro de Medellín un aproximado de 8.900 millones de pesos mensuales, solo contando las cuotas al comercio informal que estarían entre los 40.000 y los 2 millones de pesos. Al multiplicar ese dato, asegura que el monto de la extorsión superaría los 100.000 millones anuales.

La cifra anterior difiere de la entregada ese mismo año a medios de comunicación por el Centro de Consultoría de Conflicto Urbano (C3), que precisó ese monto en 37.000 millones de pesos al año. Y podría ser una cifra complementaria a la presentada por la Federación Nacional de Comerciantes en Antioquia, para la cual la criminalidad extrae 50.000 millones de pesos anuales del comercio formal en el Valle de Aburrá.

Pero más allá del monto preciso sobre las rentas de la extorsión, el investigador del IPC resalta el poder que el dinero les da a los “depredadores”, no solo para convertirse en “gobernantes dentro de la criminalidad organizada”, sino para aumentar el nivel de control social y económico sobre los recursos que hay en un territorio y las personas que lo habitan.

 ¿Cuáles son sus efectos socioeconómicos?

Diego Sierra, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, expone que las estructuras criminales que despliegan acciones de violencia organizada en las comunas y corregimientos de Medellín, disputan el poder de los tres monopolios que deberían estar bajo el control del Estado: el de la fuerza legítima, la administración de la justicia y el recaudo del tributo.

Es decir que los grupos armados que extorsionan en la ciudad han llegado a tener el control de territorios y comunidades a través de las armas y la violencia; han impuesto un sistema punitivo propio para autorizar, prohibir, castigar, etcétera; y han instituido prácticas generadoras de rentas, como la prestación de servicios de protección violenta, para sostener sus gastos de operación.

De ahí que el fenómeno de la extorsión genere múltiples efectos socioeconómicos que, según insinúa el investigador de la Alcaldía, evidencian la debilidad del Estado para garantizar el orden, la seguridad, la justicia y los derechos humanos, por un lado; y, por el otro, el fortalecimiento de los grupos criminales “que no reemplazan al Estado, sino que coexisten con él, en muchos casos con mayor legitimidad”.

Entre tales efectos, el investigador Jairo Bedoya señala dos. Primero: al atacar a la criminalidad que ejerce la extorsión se opacan otras problemáticas sociales que son causantes, y en ese esfuerzo se destinan recursos públicos para seguridad, cuando deberían invertirse en acciones para superar las condiciones de desigualdad social en la ciudad.

Y segundo: por ser un negocio rentable, se vuelve “una escuela de criminalidad para generaciones de jóvenes, porque les enseña a apropiarse en lugar de producir, como el camino más directo para drenar los recursos de una zona, una comunidad”. Eso, acompañado de “un mensaje permanente: el que manda es el que está armado, el poderoso es el que recurre al autoritarismo”.

En últimas, asegura Sierra, tanto el acto de la extorsión, como sus efectos socioeconómicos y las disputas de poder que se desarrollan entre los actores armados para ejercerla, tienen como consecuencia social limitaciones o impedimentos para el goce de los derechos humanos, desde una perspectiva que supera las afectaciones puntuales a los derechos patrimoniales o de propiedad.

De hecho, el Código Penal ubica la extorsión como tipo de delito en el título que describe los “Delitos contra el patrimonio económico”. Pero, como lo indica el investigador de la Alcaldía, no se puede entender la protección de los bienes sin tener en cuenta la integridad de su poseedor, expresada en derechos como la vida, la salud, la libertad.

Es decir que la extorsión conduce a la vulneración de derechos colectivos e individuales en la cotidianidad de los ciudadanos. Eso, expresa el coordinador, se evidencia en la medida en que quienes la practican coartan las condiciones de vida –inclusive la arrebatan– en los territorios: impiden la estadía, la movilidad, el trabajo, la participación política, la libre autodeterminación de la persona, el acceso a salud, educación, vivienda, servicios públicos…

Aun así, el investigador de la Alcaldía dice conocer casos de ciudadanos que no se han dejado intimidar por esas muestras de poder y tampoco se han sometido a las prácticas de coerción de los “depredadores”. Por lo contrario, han desarrollado estrategias de resistencia para desplazar a los actores criminales y evadir el pago de las cuotas que establecen por supuestos servicios como el de seguridad.

Él recuerda que esas estrategias de respuesta, tanto individuales como colectivas, incluyen interpelar a los “depredadores” cuando se tiene un estatus de líder comunitario, recurrir a los mecanismos de denuncia ciudadana, actuar mancomunadamente con las autoridades policiales y conformar sistemas de vigilancia privada para la protección de zonas residenciales y comerciales.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades?

Los datos oficiales sobre la magnitud de la extorsión en Medellín son los reportados periódicamente por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), de la Secretaría de Seguridad. Según aquel, hasta el pasado 11 de noviembre se habían registrado 390 denuncias por extorsión durante 2018. Sin embargo, esta cifra no permite dimensionar el nivel de subregistro e impunidad.

Aun así, es la información de la que disponen las autoridades para plantear estrategias orientadas a disminuir la ocurrencia de ese fenómeno criminal. Precisamente una de esas estrategias es la campaña “Yo no pago, yo denuncio” del Gaula de la Policía Nacional, a través de la cual agentes invitan a tenderos, transportadores y ciudadanos en general a denunciar telefónicamente.

Ante dichas denuncias, las autoridades investigan, realizan operativos y capturan a los responsables en alrededor de un 90% de los casos, detalla el investigador de la Alcaldía. No obstante, aclara, que el nivel de denuncia es bajo porque genera riesgos para los ciudadanos, quienes ven cómo es capturado el extorsionista mientras la estructura criminal continúa delinquiendo.

Para el investigador, estrategias de este tipo evidencian que las autoridades municipales han asumido un enfoque policivo en el modo de contrarrestar la extorsión. En esencia, cuestiona el hecho de que “las capturas y judicializaciones son una medida de contención que es necesaria pero insuficiente, porque no transforma las condiciones que causan el fenómeno criminal”.

Una muestra del desacierto de este enfoque la constituye la realidad del fenómeno en el Centro de Medellín. Tal como lo indica Quijano, director de Corpades, es la comuna “más protegida” por fuerza pública, y la más vigilada con cámaras de seguridad. Pero, paradójicamente, allí es donde más generalizado está el fenómeno de la extorsión y donde más presencia hay de estructuras criminales.

Bedoya, investigador del IPC, también cuestiona la efectividad de ese enfoque, pues cree que en la mayoría de los casos en que las autoridades realizan operativos contra la extorsión se trata de “persecuciones improvisadas” que “no causan un impacto estructural en ese fenómeno” En vez de ello, se monta “un show mediático” que procura “generar una sensación de seguridad”.

Otra crítica suya es que, mientras se intenta instalar esa sensación en la cotidianidad, soterradamente sectores de la institucionalidad mantienen vínculos con la ilegalidad. “La pregunta es cómo se articula esa dualidad de órdenes regulatorios (legales-ilegales) para que puedan convivir, para que se alimenten mutuamente, porque eso es lo que sucede aquí en la ciudad”.

De hecho, Quijano asegura que una parte de los recursos recaudados a través de la extorsión son pagados por la criminalidad a “un sector de la institucionalidad” que les garantiza la continuidad de esa práctica. “Eso se llama pago de la nómina paralela para tener protección oficial; o sea, el crimen no sobrevive sino con protección oficial, y esa nadie la da por buena gente”.

¿Cuáles son las perspectivas futuras del fenómeno?

Jairo Bedoya considera que el fenómeno de la extorsión podría estar llegando a su punto límite. En teoría, “el crecimiento de la coerción extorsiva está determinado por el número posible de depredadores que un territorio pueda albergar”. Eso, dice, obedece a un comportamiento económico: cuando se llega al máximo de rentabilidad, se empieza a decrecer. “Y es posible que estemos llegando a un culmen de eso”.

Otra cosa piensa Fernando Quijano: compara a la ciudad con una naranja que sigue creciendo y a la que estructuras criminales continuarán exprimiendo por mucho tiempo. “¿Medellín no tiene para dónde crecer? Estamos creciendo hacia el Oriente, hacia Bello. Después, todas las casitas van a ir desapareciendo y vamos a seguir creciendo verticalmente”.

Sumado a eso, asegura que las estructuras criminales urbanas se están expandiendo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, e inclusive hacia otras subregiones como el Norte y Nordeste de Antioquia. “Hay 200 integrantes de combos urbanos que ya están ubicados en el Norte, sin pelear ni con los Caparrapos, ni con las AGC, ni con las disidencias; solamente hacen el puente, generan, entregan y siguen creciendo”.

Insinúa que “el gran negocio” seguirá creciendo en la dirección en la que se produzcan rentas, no solo las derivadas del narcotráfico y la explotación minera, sino también las que surgirán en torno a epicentros de desarrollo como el que se visiona para la subregión de Urabá, donde se construyen tres puertos: International Darien Port, Pisisí y Antioquia, para conectar con el océano Pacífico.

Según prevé, “esos puertos van a quedar en manos del crimen trasnacional”, que tendrá mayores posibilidades de establecer nuevas rutas, cadenas de operación y mercados para continuar nutriendo el «gran negocio”. Adicionalmente, cree que megaproyectos como ese acelerarán el proceso para que “dentro de unos pocos años el crimen trasnacional controle y gobierne la ciudad”.

No obstante, para evitar que se materialice ese panorama, el investigador de la Alcaldía de Medellín sostiene que el Estado, a través del gobierno local, deberá hallar la manera de imponerse frente a los poderes ilegales y sus prácticas criminales, “como actor hegemónico y soberano con capacidad, legitimidad y permanencia suficiente para controlar los territorios y proteger a las poblaciones”.

Además, tendrá que “incidir en los problemas estructurales que hay de fondo en fenómenos como la extorsión”. Esto implicaría, según dice, “transformar o fortalecer las condiciones de toda la población para disminuir las brechas socioeconómicas”, y evitaría que “más personas se metan a grupos criminales por no tener posibilidades de acceso a educación, salud, cultura… de manera masiva y permanente”.