La intoxicación masiva en El Pedregal pone en evidencia la crisis penitenciaria en el Valle de Aburrá

A partir del evento de intoxicación ocurrido en el establecimiento carcelario El Pedregal que afectó a más de mil internos, se están poniendo al descubierto las irregularidades al interior de estos establecimientos.

El 1 de septiembre se dio a conocer que la alimentación suministrada por el contratista Unión Temporal Alimentos A.G.S  al interior del complejo carcelario y penitenciario El Pedregal no estaba en adecuadas condiciones, lo que terminó en la intoxicación masiva que afectó alrededor de mil cuatrocientas  personas entre las que se encuentran hombres, mujeres e incluso niños que cohabitan allí.

A esta crisis, se suman las denuncias sobre actos que se asemejan a la tortura al interior de las instalaciones. Los familiares y las mismas internas denuncian que el pasado domingo 2 de septiembre, en las horas de la tarde, se presentaron disturbios en los cuales algunas internas resultaron afectadas por lo que aparenta ser un uso excesivo e injustificado de la fuerza.

“Las gasearon, hubo golpizas y ahogamientos. Usaron lo que llaman granadas triple chasis” relata el familiar de un interno quien pidió reserva de su identidad. Esta información fue corroborada por el defensor de los DD.HH. de la Población Privada de la Libertad (PPL), Jorge Alberto Carmona, que además adicionó a los hechos el uso irracional de tábanos.

El mismo 2 de septiembre, la Unión Temporal Alimentos A.G.S en su comunicado oficial, atribuyó la responsabilidad a la administración del penal e incluso a las mismas reclusas encargada de repartir la alimentación, según el operador, por “entorpecer” el proceso ya que la alimentación “malintencionadamente estuvo expuesta por más de 3 horas al interior del establecimiento antes de ser entregada a la PPL”.

En dicho comunicado la empresa no asume responsabilidad sobre lo sucedido, por el contrario, afirma ser víctima y denuncia una presunta cruzada por parte de INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) en contra del servicio que ofrecen.

Sin embrago, la Personería de Medellín confirmó el mal estado de los alimentos,  e informó que estos “venían siendo entregados en condiciones no óptimas para el consumo humano, con bacterias e inclusive algunas muestras arrojan presencia de heces o materia fecal, lo cual es totalmente indignante”. Además, ante la coyuntura del momento, la Personería solicitó el retiro del contrato de Unión Temporal Alimentos A.G.S.

Mal estado de los alimentos que se suministran al interior del establecimiento carcelario El Pedregal. Foto: cortesía.

Este operador, presta también el servicio de alimentación en el establecimiento penitenciario y carcelario La Paz de Itagüí, desde donde en los últimos días se ha venido preparando la alimentación para la cárcel El Pedregal.

El 4 de septiembre los internos de La Paz emitieron un comunicado en el que se manifiesta que “esta empresa (contratista) ha venido cumpliendo a medias con lo establecido en la contratación de nuestros alimentos” y ahora, con la situación actual, denuncian que las instalaciones no son las adecuadas para la preparación de alimentos de dos centros de reclusión, lo cual está afectando los insumos e instrumentos usados para la preparación, propios de esta esta cárcel.

Por tanto, los internos adelantaron durante algunos días una huelga de hambre y, junto a sus familias y el defensor de los DD.HH., Jorge Carmona, le pidieron al Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que se decrete la emergencia carcelaria.

Por otro lado, el alcalde afirmó que el tema de la alimentación le corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- e hizo un llamado a la administración de las cárceles como responsables en estas situaciones.

Pese a las denuncias, la crisis carcelaria es cada vez más aguda

Según el defensor de DD.HH., Jorge Carmona, las denuncias sobre las fallas en los servicios de alimentación y otras condiciones al interior de las cárceles, se han hecho a diferentes organismos desde hace 14 meses, pero no habían recibido respuesta pese a que el contrato supera los 5.000 millones de pesos solo para El Pedregal.

Esta intoxicación masiva, tiene mayor repercusión en aquellos internos que padecen de diferentes enfermedades propiciadas por las inadecuadas condiciones de salubridad dentro de las instalaciones, entre las que se enuncia principalmente el hacinamiento y la falta de atención médica que instigan al agravamiento de la crisis carcelaria. Queda en evidencia que las  problemáticas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Valle de Aburrá no son nada nuevas.