La restitución de tierras es una de las expectativas más importantes que tienen las víctimas en Urabá, pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no tiene cómo resolver esta situación. Si bien en sus manos tiene el caso 004, conocido como situación territorial de Urabá, en el que indagan por nueve hechos en diez municipios de Antioquia y Chocó, el 4 de junio varios reclamantes de tierras le expresaron en Apartadó que lo primero que debe suceder es que recuperen las tierras.
“Queremos saber la verdad. Hay muchas cosas que nos preocupan, como la entrega de la tierra, por qué se demora tanto, qué ha pasado”, dice José Isabel Viloria, campesino de la vereda Cuchillo Negro y miembro del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó.
Adriana Sepúlveda, campesina de las veredas Bejuquillo y Caucheras en Mutatá, dice que vieron “una esperanza en la JEP, pensamos que es el único que puede mostrar la verdad de este país y de los territorios en los que vivimos. Lo restaurativo para nosotros es que nos restituyan la tierra que nos quitaron.”
En Urabá, según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), hay 3.647 solicitudes de restitución en trámite y 253 en inscripción. Solo cinco de los municipios del Urabá antioqueño hacen parte del caso 004 de la JEP, como Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, los más afectados por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. Solo en estos lugares, de acuerdo con la URT, hay 2.932 solicitudes en trámite. Los demás municipios pertenecen al Chocó.
Fabián Oyaga, abogado del despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, encargada del caso 004, dice que en este caso se han acreditado más de 35 mil víctimas, entre ellas 111 sujetos colectivos. Asegura que la restitución de tierras no es la responsabilidad del caso, aunque considera que es fundamental que este avance y que los terceros civiles aporten verdad que esclarezca cómo y por qué fueron desplazadas miles de personas de esa región. El caso indaga por muerte violenta, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, privación grave de la libertad, métodos prohibidos por el DIH, omisiones de la fuerza pública y daños ambientales y a bienes de la población.
Ante las preguntas que víctimas y reclamantes de tierras le hicieron en un evento público a la JEP, el pasado 4 de junio en Apartadó, en donde manifestaron la necesidad de la restitución para avanzar en la verdad de lo que les sucedió, Oyaga reconoce que “el tema de la restitución de los derechos patrimoniales y de titulación de los territorios es de suma importancia para las víctimas. Esperamos que la URT avance significativamente en la restitución y esperamos que los terceros civiles aporten verdad.”
En este panorama, la restitución de tierras y el caso 004 seguirán avanzando, pero es posible que las expectativas de las víctimas no se resuelvan solo con la comparecencia de exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros civiles si no hay sentencias que devuelvan las tierras a los campesinos.
Para Nely Osorno Ospina, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), es claro que aún existe confusión por parte de algunas víctimas sobre el rol de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, a las cuales se les está pidiendo una responsabilidad que deben cumplir otras instituciones, por lo que considera que se debe seguir haciendo pedagogía. “Los diferentes hechos victimizantes, que sufrieron los campesinos y campesinas y comunidades étnicas, son múltiples, van más allá de la recuperación de la tierra, de encontrar sus desaparecidos o conocer la verdad sobre las masacres, los desplazamientos y la violencia sexual que sufrieron las mujeres; también se trata de entender por qué y quien se benefició y se beneficia de toda esta tragedia en la subregión de Urabá. Eso es importante para avanzar en las garantías de no repetición”, agrega.
José Viloria dice que fue desplazado en 1996 y que regresó a la tierra de la que salió huyendo, “estamos en un pedacito, nos metimos por nuestra propia cuenta, sin el acompañamiento del estado. Llevo 8 años de estar allí y todavía no nos entregan. Tenemos un consejo comunitario local y pertenecemos al consejo mayor del río La Larga y Tumaradó. Todos estamos afectados, estamos en ese proceso esperando la entrega de tierras. Eso está muy atrasado, no sé si le quedó grande al Estado devolvernos las tierras.”
Adriana Sepúlveda insiste en que es necesaria la restitución, pero también cree que la verdad que pueda emerger del caso 004 es clave para comprender qué les pasó. “Fuera de la verdad de nosotros, queremos la verdad de ellos, por qué esa necesidad de sacar a la población; y fuera de sacarnos, acabar con una comunidad tan próspera como era Caucheras. Era una economía grande de Mutatá, una asociación productora de caucho de los mismos campesinos. Eran campesinos que intentaron mejorar la calidad de vida de 66 familias y de otras 140 que fueron beneficiadas indirectamente en el tema laboral. ¿Por qué nos hicieron salir? Creemos que era por la tierra.”
Silvia Irene Berrocal, líder de las víctimas de la masacre de La Chinita, en Apartadó, cree que el caso 004 es muy importante, a pesar de la desconfianza que sintieron en un principio al ver que este no avanzaba, fuera porque los comparecientes estaban haciendo pocos aportes a la verdad, “ya vemos que quieren abrirse, hablar, decir cosas. La expectativa nuestra es que al final de esto ellos tengan en cuenta que decir la verdad les conviene más a ellos. Nosotros no queremos que vayan a la cárcel, queremos que digan la verdad, que quedemos contentos todos y que nos reconciliemos, que sea una reconciliación de verdad para trabajar juntos, víctimas y victimarios.”
Aportar verdad
El caso 004 ha vinculado formalmente a 146 exguerrilleros de las Farc y a 110 miembros de la fuerza pública. Hasta ahora han hecho 88 diligencias de versión voluntaria con 48 comparecientes, 34 de fuerza pública, 12 exguerrilleros y dos terceros civiles.
Fabián Oyaga señala que la JEP ha recibido 23 informes en el caso 004 y que el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, entregado en 2018 por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, analiza 28 hechos de violencia en el Urabá y les ha permitido contrastar información y realizar los guiones de los interrogatorios.
“Se han trasladado estos informes a los comparecientes, tanto de fuerza pública, como Farc y terceros civiles y han formado parte de los guiones e interrogatorios en las versiones voluntarias. El informe ha servido para identificar y extraer hechos concretos con suficiente información para identificarlo e incluirlo a la matriz de hechos del caso 004”, dice Oyaga.
El informe describe un plan criminal para desplazar campesinos y despojarlos material y legalmente de sus tierras.
Solo en dos años, entre 1996 y 1997, dice el informe, en Urabá fueron desplazadas cerca de 170 mil personas y se cometieron 126 masacres. La primera fase era desplazar, la segunda era asegurar la limpieza total de los territorios, pues se expulsó familias que se habían resistido al desplazamiento. Para la investigación, entre 1998 y 2002 fue más evidente la relación entre la Brigada XVII del Ejército, al mando de Rito Alejo del Río, y los bloques Elmer Cárdenas y Bananero de las AUC.
En la tercera fase, entre 2002 y 2006, hubo una consolidación empresarial, es decir, militares y paramilitares protegieron las tierras de los “nuevos propietarios” y se valieron de nuevas estrategias para legalizar las tierras, a través de falsos testigos y opositores, y de actos de corrupción con funcionarios del Estado.
La última fase, entre 2006 y la actualidad, se desmovilizaron las AUC, pero surgieron nuevos grupos paramilitares, herederos de los primeros, y hoy controlan el Urabá y el Chocó. Para los investigadores las tierras despojadas están aseguradas por estos grupos al servicio de un sector empresarial.
Mientras este caso avanza, José Viloria quiere sembrar maracuyá y cacao en el predio en el que vive, en donde ya tiene arroz, maíz y yuca, a la espera de una futura restitución; Silvia Berrocal añora la verdad de la masacre de la Chinita; y Adriana Sepúlveda aguarda por el título de la tierra que perdieron cuando huyó desplazada de Caucheras con un bebé de cinco meses, luego de que asesinaron su pareja a sus pies. También quiere la verdad: “nosotros entramos a la JEP por todos los daños que nos hicieron. Ya no somos campesinos, somos campesinos frustrados, con necesidades, sin la tierra. Mire lo que nos dejó la violencia, y aquí esperando que nos restituyan, porque cada vez es más lento.”
