El jueves 7 de febrero la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre prescripción adquisitiva de presuntos baldíos. ¿Pero en qué consiste este tema y por qué es importante para los campesinos de Colombia?

La Ley 160 de 1994 definió que los baldíos del estado son para los campesinos; sin embargo, gran parte de estas tierras han quedado en manos de grandes terratenientes, generando que el 2% de beneficiados tengan en sus manos el 70% de la tierra baldía adjudicada en el país[1].

Ver video del  investigador Rodrigo Uprimny en el que explica de qué se trató la audiencia pública.

La forma jurídica en la que personas que no son campesinas se han quedado con los baldíos del Estado es lo que está en debate en la Corte Constitucional, y por este motivo las organizaciones de la sociedad civil proponen un fortalecimiento institucional en el campo, con el fin de no legalizar las adjudicaciones irregulares.

El Instituto Popular de Capacitación –IPC–, reconociendo la importancia de la tierra para el desarrollo de lo territorio presenta nuevamente apartes del informe ¿Cómo está Antioquia para implementar el punto uno del Acuerdo de Paz? Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI), que realizó en el 2017 sobre el nivel de adjudicaciones irregulares presentadas en Antioquia.

Adjudicaciones de baldíos

Para el sociólogo y periodista Alfredo Molano, la manera como se han titulado los baldíos y a quienes se ha privilegiado con esta política, muestra las causas de la concentración de la tierra en Colombia, y el departamento de Antioquia es un caso particular.

Según la tabla, de las 23’431.557 hectáreas de tierras baldías adjudicadas hasta el año 2012 en el país, el 10% corresponden a Antioquia: 2’256.872 hectáreas[2]. Ahora, con base en la información de los censos agropecuarios, uno podría decir que muchas de estas tierras adjudicadas en este departamento se han ido a proyectos ganaderos, que en muchas ocasiones son liderados por grandes terratenientes y no por campesinos, pues se pasó de tener 3’911.619 hectáreas destinadas a pasto en el 1970, a más de 5’100.000 en el 2014, y al menos un 10% están en la subregión de Urabá.

Igualmente, el ex ministro Juan Camilo Restrepo, en su libro La cuestión agraria, denunciaba como gran parte de los baldíos adjudicados en Antioquia algunos se había hecho de manera irregular entre los años 2006 y 2012.

Según el ex ministro Restrepo, en Antioquia entre el 2006 y el 2012 se habían adjudicado de manera fraudulenta alrededor de 307.335 hectáreas. En cambio, la Unidad de Restitución de Tierras al 2016 apenas había restituido 5.203 hectáreas[3].  Si se compara el nivel de adjudicaciones de baldíos con predios restituidos hasta ese momento a personas despojadas de su tierra, se concluye que la cantidad de tierra devuelta a campesinos es apenas el 1,7% de las hectáreas adjudicadas de manera fraudulenta en Antioquia.

Este problema de adjudicaciones irregulares es una constante en todo el país, ya que en otro informe de la Contraloría General de la Nación del 9 de mayo de 2017 —casos ya denunciados hace tres años por Iván Cepeda—, se observa que quienes han concentrado históricamente la tierra, se siguen aprovechando de manera fraudulenta de la adjudicación de baldíos.

En el listado de acaparadores están el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia. También aparecen poderosos paisas como el senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, Lina María Vélez Gaviria hija de William Vélez Sierra[4] y Ernesto Garcés que, a través de su empresa Sociedad Carlema S.A., se había quedado con 1.182 hectáreas en Caucasia y Ayapel (Córdoba).

Por estos motivos la audiencia pública, realizada el pasado jueves 7 de febrero en la Corte Constitucional, tiene el reto de convencer a los magistrados en no permitir la prescripción adquisitiva de baldíos por parte de privados que no son campesinos, ya que no solo impide alcanzar el objetivo misional de la ley 160 de 1994, sino también la implementación del Punto Agrario del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Adicionalmente, hay que agregar que algunos particulares que están interesados con la prescripción de estos predios estatales, son en gran parte –como lo demuestra este informe– personas con mucho poder económico y político que no tienen nada de parecidos con campesinos humildes…

[1] Rodrigo Uprimny. Video de DEJUSTICA Febrero 7 de 2019

[2] (Ver al respecto, Contraloría General de la Republica-CGR-. (2014). Actuación especial sobre acumulación de baldíos en la altillanura, página 64).

[3] (http://www.elmundo.com/noticia/5-203-hectareas-de-tierra-se-han-restituido-en-Antioquia/43870)

[4]  http://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/05-2017-lupa-a-123-000-hectareas-de-baldios-vendidos