Medellín, de tumbo en tumbo en materia de seguridad

Las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades civiles y militares de Medellín a lo largo del último año no han dejado de ser más que paliativos que alivian momentáneamente el dolor. Como el enfermo terminal que cada día empeora su situación pues los médicos no logran descubrir la razón de sus dolencias, la Administración Municipal da “palos de ciego” ya que no sabe realmente a qué se enfrenta.

 

 

 

A esa conclusión han llegado analistas, académicos y defensores de derechos humanos consultados por la Agencia de Prensa IPC, entre los que persisten las preocupaciones por la grave situación en materia de seguridad que vive la ciudad.

 

La Alcaldía de Medellín, con el apoyo del Gobierno nacional, ha implementado diversas acciones para contrarrestar los efectos de la criminalidad: incremento del pie de fuerza policial; toque de queda para menores de edad; restricción al porte de armas con salvoconducto; apoyó los pactos de convivencia entre grupos armados barriales; y presencia de hombres del Ejército en zonas neurálgicas. No obstante, no se ha logrado una reducción significativa en el incremento de homicidios en la capital antioqueña.

 

Las cifras de muertes violentas reveladas recientemente por el Instituto de Medicina Legal demuestran que persiste la tendencia del último semestre de más de 100 asesinatos por mes. Según esta entidad, entre el 1 y el 24 de enero se cometieron en Medellín 184 homicidios, para un promedio de siete muertos por día. Lo anterior deja en el ambiente la pregunta de qué pasa en Medellín que nada parece detener la ola de muertes violentas.

 

Patricia Aristizábal, Personera Delegada para los Derechos Humanos, considera que el fenómeno de la violencia urbana se ha complejizado de tal manera que ni el Gobierno nacional, ni el Departamental y menos el Municipal han logrado encontrar los medios efectivos para enfrentarla.

 

“Uno observa que se están dando tumbos. La institucionalidad está en la obligación de buscar salidas, y lo está haciendo, pero a mi manera de ver muchas de las medidas que se están tomando lo que están generando es más vulneración de los derechos en las comunidades y realmente no han servido para reducir la violencia”, señaló la Personera Delegada.

 

Su percepción es compartida por Pablo Angarita, integrante del grupo de investigación sobre conflictos y violencias de la Universidad de Antioquia, quien señaló que la capital antioqueña no cuenta con una política de seguridad ciudadana que busque atacar las causas estructurales generadoras de violencia que, a su juicio, tampoco están claras para las autoridades de la ciudad.

 

Para el investigador, un ejemplo de ello fue la propuesta del presidente Álvaro Uribe de crear una red de cooperantes con estudiantes mayores de 18 años. A su juicio, esta iniciativa, sumada a la determinación de incrementar el número de efectivos policiales y militares y apoyar las labores de vigilancia en las comunas con miembros de la Fuerza Área Colombia (FAC), son síntomas de una crisis de la gobernabilidad en la ciudad. 

 

“Son medidas de un gobierno desesperado frente a las demandas de la ciudadanía por más seguridad y que cree que la solución esté en más medidas de fuerza, pero hasta el momento no se ha escuchado un debate a fondo sobre las causas reales de este fenómeno de la inseguridad. Entonces, se vuelve un calmante para la sociedad decir que vamos a aumentar el pie de fuerza, vamos a pagar informantes, vamos a ver dónde están los delincuentes y se elude la pregunta de fondo del por qué es que ha crecido y se mantienen los niveles de violencia en esta ciudad”, aseguró.

 

La pregunta por las causas

Si algo tienen claro organizaciones defensoras de derechos humanos como la Corporación Paz y Desarrollo (Corpades), la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), es que los diagnósticos realizados por las autoridades sobre lo que pasa en Medellín, se quedaron bastante cortos. 

 

Mientras la Administración Municipal y las autoridades de Policía señalan que todo obedece a una disputa por el control del micro-tráfico de estupefacientes entre dos facciones de la Oficina de Envigado, lideradas por alias Sebastián y alias Valenciano, las organizaciones sostienen que la guerra que se libra calle por calle va mucho más allá y que sus protagonistas son redes mafiosas con gran poder criminal y económico que extiende su influencia a la legalidad.

 

“A Medellín se la están disputando alias Sebastián y alias Valenciano; tenemos información que alias Comba está reclutando gente en la comuna 8; también hay gente de alias Cuchillo en la ciudad. Dentro del análisis también hay que tener en cuenta que hay evidencias que estas estructuras tienen vínculos con los carteles mexicanos. Estamos hablando de una situación muy compleja. Por eso es que las medidas no funcionan. Porque las autoridades no saben qué es lo que están combatiendo”, manifestó Quijano.

 

Y es que testimonios ciudadanos conocidos por la Agencia de Prensa IPC dejan entrever que las tácticas empleadas por las bandas superan todo lo hasta ahora conocido en materia de delincuencia urbana a tal punto que en muchos sectores, estos grupos constituyen una amenaza seria para la gobernabilidad de la ciudad. 

 

Un habitante del Doce de Octubre, barrio de la comuna 7, le relató a esta Agencia que la banda que domina esa zona implementó un sofisticado sistema de vigilancia las 24 horas del día, que se vale de la posición geográfica del sector para tener un dominio visual pleno.

 

“Se mantienen en las terrazas, con celulares y armas. Unos por las mañanas, otros por las tardes y otros por las noches. Muchos de ellos no son del barrio. Claro, a esos pelados les pagan. Es como si fuera un trabajo: cumplen turnos y tienen que mostrar resultados”, narró el poblador que no quiso revelar su identidad por razones de seguridad.

 

“Además los pelados averiguan quiénes son los que viven en el barrio. Si llega alguien nuevo se le acercan y le preguntan dónde trabaja, cuáles son sus horarios, quiénes vienen a visitarlo y así por el estilo”, explicó el ciudadano, revelando una estrategia que se asemeja al tipo de empadronamiento que ha sido propuesto por altos oficiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá como mecanismo de control de las comunidades más afectadas por la criminalidad.

 

A esto se suma la incautación de poderosas y sofisticadas armas de fuego, que junto a la oferta económica ilegal mediante la cual se están reclutando jóvenes para las bandas en las comunas populares, deja entrever la existencia de un proyecto para conquistar a sangre y fuego las actividades ilegales y sus conexiones legales de la ciudad.

 

“¿Por qué es importante Medellín? Porque aquí hay una red propicia para el lavado de dinero; porque desde aquí se controlan rutas del narcotráfico; porque hay actividades lícitas muy rentables que están en manos de las mafias como los juegos de azar. Y hay otra cosa que no se menciona mucho: dominar todas estas bandas es contar con una base social que se puede movilizar con fines políticos”, añadió el Director de Corpades.

 

¿Callejón sin salida?

Ante este panorama, el interrogante que surge es: ¿qué hacer entonces? Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, conceptuó que se requiere atacar la estructura mafiosa que soporta el actual conflicto, pues allí es donde radica el verdadero poder de las bandas.

 

“Se puede capturar al expendedor de droga, pero eso no afecta toda la cadena del negocio del narcotráfico. Además, está demostrado que estos grupos tienen una gran capacidad de reorganización. Los jóvenes son simplemente una herramienta y al “empleador” no se le está atacando”, argumentó.

 

Por su parte, Pablo Angarita y Patricia Aristizábal concuerdan en que se debe convocar a todos los estamentos de la ciudad, fomentar la participación ciudadana, aunque como dijo el investigador, “que no se invite a la comunidad sólo para delatar. Que se le convoque para aportar a transformaciones de orden social, económico y cultural”.

 

A juicio de la Personera Delegada, precisamente estos últimos factores son los que menos se están interviniendo, pese a que está demostrado que tiene gran incidencia en la generación de violencia. “Hay una gran inequidad en las comunidades. Cuando uno observa cómo viven esas comunidades, comprende uno que la salida no puede ser sólo militar”.

 

Los especialistas consultados tienen claro que urge una política de seguridad que propenda por el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, Angarita refutó las críticas que le ha hecho diversos sectores, entre ellos el comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, al Sistema Penal Oral Acusatorio. Lo que se necesita, según el académico, son más recursos para un mejor funcionamiento.

“Usted no le puede pedir resultado a un fiscal cuando tiene que responder por 150 procesos en un mes. El problema no está en el Sistema sino en la falta de personal idóneo y suficiente, y en la carencia de recursos para que funcione. ¿Cómo pedir resultados cuando el investigador no tiene recursos para recolectar la prueba? Lo otro es pedir que se instaure el reino de la arbitrariedad”, aseveró el investigador.