Como alarmante podría calificarse la situación de violencia que afrontan los líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos en el país. Así lo ratifican las cifras entregadas el pasado 13 de diciembre por Carlos Negret, defensor del Pueblo: desde enero de este año hasta la fecha habían sido asesinados 164 defensores, en su mayoría dedicados a trabajos comunales, campesinos, comunitarios e indígenas.
Según precisó el defensor durante un seminario académico, Antioquia es el segundo departamento donde hubo mayor ocurrencia, con 24 casos de asesinatos. Y en el departamento, la subregión del Bajo Cauca es una de las que más registros de agresiones contra líderes presenta. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha emitido Alertas Tempranas para municipios como Cáceres, El Bagre y Tarazá.
Precisamente allá, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) desarrolló, durante este año, el proyecto Construcción participativa de planes para la autoprotección de organizaciones defensoras de DDHH en tres municipios del Bajo Cauca Antioqueño. Este fue apoyado por el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Mónica Rojas, coordinadora del proyecto, afirmó que aquel “tuvo como principales objetivos fortalecer el diseño e implementación de mecanismos y estrategias de autoprotección para defensores y defensoras de derechos humanos, y contribuir al desarrollo de iniciativas para la construcción de una agenda de promoción de la defensa de los derechos humanos en esa subregión antioqueña”.
Y explicó que en el proyecto participaron aproximadamente 25 líderes, tanto hombres como mujeres y jóvenes, de organizaciones y procesos indígenas, afrodescendientes, campesinos y agromineros. Ellos tuvieron la posibilidad de encontrarse en escuelas participativas, “donde lograron establecer un diálogo de saberes desde la diferencia y la interculturalidad”.
Diagnóstico participativo
Una de las actividades que el equipo del proyecto realizó durante el primer semestre de este año fue la construcción de un Diagnóstico rápido participativo, a partir de una encuesta de percepción. Mediante este, se identificaron los riesgos a los que están expuestos quienes detentan liderazgos al interior de organizaciones defensoras de derechos humanos, por el ejercicio de esa labor.
El documento del diagnóstico plantea que “el 92% de las organizaciones participantes plantean que corren riesgo para ejercer la labor, así mismo resaltan que este se ha agudizado a partir de la firma de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC- EP”. Esto como consecuencia, en parte, “de la ausencia del Estado en los territorios”.
Al revisar el tipo de riesgos que perciben los integrantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos en sus municipios, el documento precisa que “son las amenazas en un 85%, el desplazamiento en un 62%, el reclutamiento en un 54%, la violencia sexual en un 38%, la extorción en un 23%, el control territorial, el confinamiento y el asesinato en un 15%”.
Con respecto a los responsables de tales agresiones, los integrantes de las organizaciones señalan principalmente a actores armados. “El 48% los identifica como actores armados ilegales (…); no obstante, es de resaltar el papel de los miembros de Fuerza Pública, ya que el 46% de los encuestados los denominan actores armados legales generadores de riesgo”.
Sobre los actores ilegales, el equipo de la Defensoría del Pueblo publicó que, tras la firma del Acuerdo de Paz, los territorios que controlaban las FARC quedaron a merced de grupos armados sucesores. Por ejemplo, distintos frentes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre ellos los Caparrapos, se disputan las rentas ilegales derivadas de los cultivos ilícitos y la explotación minera.
Los participantes del proyecto también identificaron otros factores de riesgo, entre los que se hallan la falta de voluntad política de alcaldías y concejos municipales, la cooptación de las autoridades locales por parte de actores ilegales y la estigmatización de distintos sectores hacia las organizaciones que continúan defendiendo la implementación del Acuerdo de Paz
Otro factor de riesgo aparentemente secundario, y cuya responsabilidad recae sobre actores legales con títulos de explotación concedidos por autoridades estatales, son las violaciones a derechos humanos derivadas del desarrollo de grandes proyectos minero-energéticos en los territorios étnicos y campesinos. Puntualmente, señalaron a dos empresas que operan en esa subregión: Cerro Matoso y Mineros S.A.
Agenda subregional
El Diagnóstico rápido participativo también reveló que los líderes y lideresas del bajo Cauca tienen pocos conocimientos sobre el concepto de autoprotección y sus acciones. “El 46% de las organizaciones participantes planteó tener conocimiento sobre el tema, el 31% señaló que no y el 23% dijo que no sabe si otros miembros de su organización tienen conocimientos al respecto”.
Eso, sostuvo Mónica Rojas, “nos llevó a concluir que existe la necesidad de crear entornos de autoprotección y generar rutas de atención que permitan y garanticen el derecho de las personas a organizarse y construir sus territorios en condiciones de libertad y seguridad”. Por esa razón, los participantes –acompañados por el IPC– elaboraron propuestas para garantizar su autoprotección.
Para ello, se realizaron talleres, encuentros y grupos focales durante el proceso de formación. Un líder campesino, que participó en esos espacios, resaltó la importancia de tener canales de comunicación, para interlocutar con las comunidades y las autoridades locales. Para él, esa es una de las medidas indispensables que emplea cotidianamente para protegerse.
Por su parte, una líder de víctimas enfatizó la importancia de articular procesos entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en esa subregión. Así, dijo, podrán actuar conjuntamente ante posibles agresiones por parte de actores interesados en poner en riesgo la integridad de quienes ejercen liderazgos o de las comunidades a las que representan.
Por eso, concluyó Mónica Rojas, la apuesta que deberán mantener los participantes del proyecto es “continuar construyendo una agenda mínima común de DDHH, que les sirva para seguir trabajándole a todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y la paz territorial, y para orientar la manera en que van a incidir en el desarrollo de la agenda regional del Bajo Cauca”.
