Para política y para empresariado en Antioquia: se activan los procesos de Justicia y Paz

Editorial por María Soledad Betancur Betancur

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

En las dos últimas semanas en Antioquia se activa el tema de la responsabilidad de empresarios, políticos y gobernantes en la financiación de estructuras paramilitares. La orden de investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la detención de su copartidario político, ex gobernador de Antioquia (2008-2011) y precandidato a la presidencia, Luis Alfredo Ramos Botero, y la solicitud de investigar a la comercializadora de banano Banadex S.A, son tres procesos claves para el avance de la verdad, la justicia y la reparación en el departamento.

Un primer momento clave, fue la detención del ex gobernador y precandidato del “Puro Centro Democrático”, a la Presidencia de la Republica, Luis Alfredo Ramos, haciendo efectiva una orden de captura que dictó la fiscalía la semana pasada. Luego de la audiencia, la decisión de la Corte Suprema de Justicia encontró motivos para mantenerlo con medida de aseguramiento. Dentro de los diversos testimonios que tiene la corte en su poder -y que fueron desestimados en su momento por el ex fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana-, está la declaración del paramilitar José Raúl Mira Vélez que planteó a la Corte, en 2007, que a principios del año 2000 “el político antioqueño y el alto oficial le propusieron organizar y darles entrenamiento militar a los paramilitares que ingresarían a la ciudad supuestamente a copar los espacios de las milicias urbanas de la guerrilla”^[1].

A esto se suma la decisión del magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín,  Rubén Darío Pinilla Cogollo que, según informa el portal de Verdad Abierta el 5 de septiembre, “tras hacer un recuento de los hechos y eventos a los cuales se ha vinculado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas”, ordenará que se  le investigue por promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales^[2].

El para empresariado

Igualmente, en septiembre 4 de 2013, Verdad Abierta anunció que magistrados de Justicia y Paz consideraron que se debía investigar a la comercializadora de banano Banadex S.A., acusada de haber almacenado en sus bodegas fusiles y munición de las AUC^[3].

Reabrir esta investigación es vital para avanzar en el proceso de verdad, justicia y reparación en el departamento de Antioquia, pues a pesar de que Chiquita Brands, de la que Banadex es su filial en Colombia, reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos su responsabilidad en este caso, hasta ahora la justicia colombiana no ha obrado al respecto. Mientras que en Estados Unidos, Chiquita Brands debió pagar una multa de 25 millones de dólares, como parte de la sanción impuesta.

Los desembolsos de la bananera a los paramilitares en Urabá, entre los años 1997 y 2004, sumaron al menos 1.7 millones de dólares. Como operador logístico para almacenar armas, se estima que la empresa de banano ocultó por lo menos 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65^[4], hecho por el que hoy se solicita abrir la investigación. Este aprovisionamiento de armas y la amplia financiación que recibían de 3 centavos de dólar, por cada caja de banano exportada, fue clave para que los paramilitares se tomaran a sangre y fuego la región de Urabá.

Según la fiscalía, Chiquita sigue en Colombia, en artículo publicado en El Espectador^[5] se afirma que “Chiquita Brands nunca se fue del  país. Desde los tiempos de la masacre de las bananeras (1928), con su antiguo nombre United Fruit Company, hasta la barbarie paramilitar que arrasó a sangre y fuego el Urabá, la cuestionada compañía norteamericana, que financió durante años a las autodefensas, sigue teniendo presencia en Colombia… a través de una sofisticada maniobra financiera detectada por la Fiscalía, las operaciones de Chiquita Brands en Colombia fueron asumidas por dos firmas con curiosas particularidades: Invesmar S.A. y Olinsa. La primera, domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, es dueña de un conglomerado empresarial cuya firma líder en el territorio nacional es Banacol S.A. Esta compañía, según el ente acusador, siguió pagando millonarios recursos entre 2004 y 2007 a las cooperativas de seguridad que eran fachada de las autodefensas… En esencia, cerca de $3.000 millones fueron pagados por Banacol a la convivir Papagayo y a otras que eran controladas por Raúl Emilio Hazbún, conocido en el mundo del hampa como Pedro Bonito, hoy desmovilizado y en Justicia y Paz”.

Según un estudio realizado por El Instituto Popular de Capacitación IPC y la Fundación Forjando Futuros (2012), “Restitución colectiva de tierras en Colombia”, el Urabá Antioqueño es una de las regiones priorizados en el país para la restitución de tierras. En Urabá, por efectos del conflicto y despojados de sus tierras han sido desplazadas 216.346, según personas afirma el estudio. En Sur de Córdoba y Bajo Cauca Antioqueño las personas desplazadas han sido 198.842 y en el territorio denominado: Resto de Antioquia los desplazados han sido 312.235 hasta 2011. A esto se le suman múltiples masacres y asesinatos realizados por los paramilitares.

Por ello, estos tres procesos que se abren en este principio de septiembre de 2013, deben concitar el interés de la sociedad antioqueña para que no sean cerrados sin que la región sepa la verdad de las causas y los causantes de esta tragedia que ha dejado asesinatos, masacres, desplazados, tierras arrebatadas y un sentimiento de miedo que ha inmovilizado muchas veces a los actores que esperan una sociedad justa y en paz.