De la mano de entidades como Dejusticia, el Cinep, el Movimiento Nacional Ambiental y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dos asociaciones campesinas, una junta de acción comunal y un grupo de 93 organizaciones presentaron cuatro acciones de tutela en Nariño y Bogotá, con el propósito de suspender las audiencias públicas virtuales que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estaba citando para la socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”.
Una de esas tutelas, interpuesta por un grupo de campesinos cacaoteros de Policarpa, Nariño, fue fallada el 27 de mayo a favor de la comunidad por el Juez Segundo Administrativo de Pasto y obliga a la ANLA a suspender temporalmente la socialización de este PMA.
La Agencia de Prensa IPC dialogó con el abogado David Filomena, integrante de la línea de Política de Droga del centro de estudios Dejusticia, organización que estuvo como parte coadyuvante en la acción de tutela, sobre los antecedentes del proceso, el fallo proferido por el juez, el PMA y el retorno de la aspersión aérea para erradicar los cultivos de uso ilícito del país. Esta práctica fue suspendida en el país desde septiembre de 2015.
IPC. ¿Cómo inició el proceso sobre el Plan de Manejo Ambiental y que desencadenó en el fallo de una tutela?
David Filomena: La tutela surge en un proceso de licenciamiento ambiental que comenzó el 30 de diciembre del 2019. En ese momento fue que se dio formalmente apertura al proceso porque la Policía pidió la modificación de la licencia para las aspersiones aéreas y la ANLA inició el proceso. Entonces nosotros, DeJusticia, junto con tres organizaciones más, -Elemental Consultoría en Derecho, Corporación Viso Mutop y Acción Técnica Social ATS- solicitamos una audiencia pública ambiental, un espacio de socialización y diálogo, en donde se expresan públicamente todos los pormenores de los estudios ambientales para una actividad determinada. Nosotros hicimos esto a principios de marzo, antes de que se declarara la emergencia sanitaria.
Entonces lo que pasó fue que se declaró la audiencia pública ambiental y en el transcurso de la declaratoria la ANLA sacó una resolución en la cual establecía que iba a hacer las audiencias virtuales. Inicialmente solo era esta del glifosato porque en esa resolución la ANLA dice que cuando el solicitante de la licencia tenga los medios tecnológicos para garantizar la participación efectiva a través de audiencias virtuales, se pueden hacer y el único que en este caso tenía los medios para llevar a cabo una audiencia virtual era la Policía. Nosotros repusimos esa decisión argumentando que no se garantizaba la participación efectiva, y, después de eso, unas organizaciones de Policarpa y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, representando a 93 organizaciones de todo el país, interpusieron la tutela. Fueron cuatro tutelas y todas se acumularon en un solo despacho que fue el que decidió.
I.P.C. ¿Qué falla esta tutela?
D.F. Básicamente suspende el proceso. Hay un proceso en curso en el cual había una audiencia cuyo objetivo es que las personas afectadas o posiblemente afectadas por la actividad, en este caso son 104 municipios del país de los departamentos Guaviare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Santander y Norte de Santander, pudieran conocer y opinar sobre un tema que los va a afectar. Ese es el objetivo de la audiencia pública ambiental. Y dadas las circunstancias de la pandemia, la ANLA había determinado que la iba a hacer virtualmente. ¿Entonces qué significa esta tutela? El juez le dijo a la ANLA que no puede hacer audiencias públicas virtuales si estas no garantizan de manera efectiva y real la participación de las personas, porque la audiencia que planeaba la ANLA era una audiencia que se iba a transmitir por Facebook, Youtube y por radio, pero los municipios donde hay presencia de cultivos de uso ilícito están muy lejos de la centralidad y las conexiones a internet. Entonces básicamente esta audiencia virtual, como se plantea, no garantiza la participación de las personas que viven en el campo.
I.P.C. Este fallo suspende temporalmente las diferentes audiencias públicas, pero ¿qué pasará con la aspersión aérea?
D.F. Para que se dé la aspersión es obligatorio que se dé el licenciamiento ambiental y que la ANLA apruebe la modificación del PMA que propone la Policía. Para hacerlo necesita hacer la audiencia. Entonces el orden de las cosas es: se hace la audiencia pública ambiental, se aprueba la modificación del PMA, luego habría un proceso en el Consejo Nacional de Estupefacientes y luego, ahí sí, habría luz verde para las aspersiones. En este caso, si bien no se detienen inmediatamente las aspersiones, se detiene uno de los requisitos ineludibles.
En la ley se establece que después de la recesión de la audiencia, la ANLA tiene 20 días para analizar todo lo que se habló en la audiencia y así establecer su visión al PMA.
I.P.C. El 5 de marzo de este año ustedes presentaron una solicitud de celebración de Audiencia Pública Ambiental a la ANLA en el trámite de modificación del PMA. ¿Qué objeciones tienen ustedes frente a este plan?
D.F. Uno, frente al proceso, no ha sido un plan que cumpla los criterios de publicidad. Cuando se subió inicialmente no estaban los anexos y al día de hoy la ANLA no los ha hecho públicos. Con respecto al contenido, lo que hemos estudiado hasta el momento es que tiene algunos problemas de metodología, la escala de que manejan no permite establecer a profundidad criterios técnicos, y en su momento, si se lleva a cabo la audiencia o si se inicia el licenciamiento, como Dejusticia presentaremos todas nuestras objeciones al PMA que de entrada también consideramos que no cumple los criterios de la Corte Constitucional.
I.P.C. En el punto cuatro del Acuerdo de Paz se estableció la sustitución de los cultivos como un camino para acabar con el problema de las drogas. ¿Por qué este gobierno insiste en la eliminación de coca a través de la erradicación forzada?
D.F. Esto es un núcleo que obedece a la política de gobierno. Antes de este fallo, se hicieron unas reuniones informativas divididas en tres núcleos: la primera fue para Guaviare, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo; la segunda fue para todo el pacífico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y la tercera fue para Bajo Cauca antioqueño y Catatumbo. Y en esas reuniones informativas, una pregunta recurrente fue el incumplimiento de los acuerdos colectivos de sustitución, porque en el PMA la Policía dice que no fumigará a quienes estén inscritos dentro del PNIS de manera individual, pero no habla nada de las personas que están dentro de los acuerdos colectivos. A gran parte de las comunidades que se acogieron al PNIS, nunca llegó el programa a vincularlos directamente porque este gobierno no vinculó nuevas familias.
Y básicamente también hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional sacó un auto en el 2019, en el que amplió la interpretación de la sentencia T-236, en el entendido en que se tenía que cumplir todo lo relacionado con el acto legislativo 002 y con el punto cuatro del Acuerdo de Paz en torno a la sustitución de cultivos ilícitos, es decir, que la fumigación con glifosato tiene que ser siempre la última herramienta, la que se usa cuando las demás han fracasado y, en este caso, ¿cómo se demuestra que las demás han fracasado cuando ni siquiera han llegado?
Y esta era una queja recurrente de los concejales de Policarpa, Nariño, que llamaban a las reuniones informativas y de muchas comunidades en todo el país, en Cimití, Bolivar, en el Cauca y en Chocó.
