Al menos tres enfrentamientos fuertes se han presentado entre los mineros ancestrales y la Fuerza Pública a lo largo de la manifestación que inició el 21 de julio. Hasta ahora tres pobladores han muerto, más de 50 han resultado heridos –tres de ellos con amputaciones– y cientos de personas han sido afectadas por gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.
Ante esto, una comisión de derechos humanos compuesta por el Nodo Antioquia Coordinación Colombia Europa –CCEEU-, el Proceso social de garantías para defensores, el Instituto Popular de Capacitación, la Corporación Cahucopana, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, se desplazó hasta esos municipios el fin de semana anterior.
Según el balance de la comisión, entregado por Yesid Zapata de la CCEEU, “se presume que en dos de las muertes estarían involucrados miembros de la Fuerza Pública, y que habría un subregistro de heridos porque algunos de ellos no se estarían presentando a recibir atención médica por temor a ser judicializados”. Comisión de derechos humanos alertó por agudización de la crisis humanitaria en Segovia
En su visita, la comisión evidenció “el tratamiento militar y de guerra que se le está dando a la protesta pacífica, el exceso de la fuerza y la utilización de armas no convencionales, además de drones” por parte de la Fuerza Pública, como estrategia para disuadir a los manifestantes que se encuentran concentrados mayormente en un sector conocido como La Electrificadora.
Los miembros de la comisión también conocieron las evidencias que han reunido las comunidades sobre la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que ha ingresado a sus viviendas, escuelas y hospitales, y ha ocasionado daños materiales. Igualmente, escucharon las denuncias de los habitantes acerca de la presencia de francotiradores de la Policía asentados en los barrios.
Posteriormente le solicitaron públicamente a la Fiscalía que investigue las agresiones a la población y las violaciones de derechos humanos que se están presentando en ambos municipios. Asimismo, le solicitaron a la Procuraduría que investigue los señalamientos estigmatizadores hechos por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y por funcionarios del Ministerio del Interior a través de medios de comunicación.
Hasta este viernes han transcurrido 35 días de la manifestación pacífica que iniciaron los mineros ancestrales –representados por la Mesa Minera de Segovia y Remedios– para exigirles al Estado y a la multinacional Gran Colombia Gold garantías y condiciones a través de las cuales los pequeños y medianos mineros puedan ejercer su oficio tradicional.
Estado y Fuerza Pública están violando DD.HH.
Yarley López, tesorero de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, explicó que uno de los aspectos que originó el actual conflicto radica en la violación al derecho al trabajo. En municipios donde la principal fuente de subsistencia es la minería, dice, la multinacional intenta dejar sin oficio a los mineros tradicionales o, cuando menos, imponerles contratos en condiciones “de esclavitud moderna”.
“Desde hace dos o tres años, el Gobierno viene violando sistemáticamente nuestros derechos, cercenándolos; eliminándonos a través de la legislación: saca decreto tras decreto que va en contravía del ejercicio de nuestro oficio ancestral. Aunque claro que ahora con la manifestación se ha agudizado más esto, porque el aparato represivo del estado vino con todo a atacar a la comunidad”.
En ese sentido, Carlos Morales, representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), afirmó que la Policía está violando el derecho a la vida y la integridad personal cada vez que utiliza sus “armas de represión para imponerles el orden a los mineros, campesinos e indígenas” que se están manifestando.
“Cuando la Policía empieza a dispararles gases y bombas aturdidoras a los manifestantes, e incluso a personas que se encuentran adentro de sus casas, está asesinando al pueblo. Y cuando el Esmad entra a resguardarse a los colegios y hospitales, está poniendo en riesgo al pueblo, igual que cuando los francotiradores se ubican en los balcones y aceras de casas donde hasta niños hay”.
Sobre esto Jeyson Atehortúa, personero de Segovia, aseguró que “se les ha hecho llamados tanto a la Fuerza Pública como a los líderes manifestantes para que respeten los derechos de la población que no está involucrada en la confrontación”. Y puntualmente a los primeros para que “respeten los lugares que tienen especial protección, como escuelas, hospitales, iglesias, entre otros”.
Por otra parte, Morales añadió que la Fuerza Pública está violando el derecho a la manifestación pacífica de los mineros, quienes “han tenido que resistir la estigmatización y los abusos de autoridad y desmanes del Esmad y la Policía en general”. A pesar de ello, han continuado concentrados y exigiéndoles al Gobierno y a Gran Colombia Gold condiciones dignas para ejercer su oficio tradicional.
Con respecto a la estigmatización, tanto López como Morales lamentaron los señalamientos del gobernador Luis Pérez acerca de que la manifestación está infiltrada por grupos ilegales. Morales dijo que esto “ha servido como justificación de los ataques con fuerza letal y desmedida que ha realizado la Policía y para criminalizar a los manifestantes que están en los puntos de concentración”.
Además de las violaciones a esos derechos, tanto en Segovia como en Remedios se ha agudizado la crisis humanitaria. Así lo indicó Jeyson Atehortúa, personero de Segovia, quien ha hecho monitoreo permanente de los enfrentamientos que se han presentado en ese municipio y las consecuencias que aquellos han generado para el resto de la población.
Entre estas últimas, enumeró la incapacidad de muchas familias para acceder a alimentos, debido al desabastecimiento y el aumento de los precios. Igualmente las dificultades de algunos pobladores para movilizarse por ciertos sectores de su localidad. Y el cese temporal de actividades académicas que ha impedido el acceso a la educación a niños y jóvenes de colegios de ambos municipios.
Se requiere una negociación
Como representante del Ministerio Público en Segovia, el personero Jeyson Atehortúa exhortó al Gobierno para que envíe una comisión integrada por distintas instancias para que vayan a los municipios, escuchen a la población y busquen conjuntamente alternativas para solucionar el conflicto minero, “porque esta problemática no es solo de orden público”.
“Esto tiene un trasfondo histórico que no se puede desconocer, porque nosotros somos pueblos forjados en la minería y que tenemos serias dificultades ante decisiones que se puedan estar tomando desde el nivel central. Entonces esto no se soluciona con represión sino que requiere una intervención social y económica efectiva para todo el proceso minero”.
Partiendo de argumentos como ese, las administraciones de Segovia y Remedios le enviaron el miércoles una carta al ministro de Minas y Energía haciéndole un “llamado urgente” a que asista a la mesa de diálogo en la que participan autoridades, representantes de los mineros y organismos garantes. La primera reunión se realizó en la mañana de este viernes en el Batallón Energético Vial N°8, en Segovia.
En la carta manifestaban que era necesaria la presencia de representantes del Ministerio en la mesa de diálogo para buscar soluciones reales, “en tanto la problemática estructural que ha ocasionado el paro minero no ha vislumbrado ninguna solución y por el contrario la crisis humanitaria, el desabastecimiento de la población y el riesgo de la vulneración de los derechos humanos, es inminente”.
Entre tanto, mineros, comerciantes, concejales, bomberos y ciudadanos del municipio de Vegachí –también del Nordeste– marcharán pacíficamente esta tarde como muestra de apoyo y solidaridad con sus vecinos de Segovia y Remedios. Y recogerán alimentos para intentar remediar la crisis humanitaria que, si llega agudizarse por falta de medidas de prevención y protección, podría extenderse al resto de esa subregión antioqueña.
