Como respuesta a las demandas del movimiento social, y parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Gobernación de Antioquia reconoció ayer la labor de cerca de 60 líderes de organizaciones sociales, comunitarias y defensoras de DDHH del Valle de Aburrá y otras subregiones del departamento.
Entre ellos se hallan procesos de víctimas, asociaciones campesinas, colectivos ambientales, organizaciones defensoras del territorio, entre otros, que integran el Proceso Social de Garantías o son aliados de la Gobernación de Antioquia. Cada uno de esos actores trabaja en su municipio por la promoción de los DDHH, la denuncia de agresiones contra comunidades y el fortalecimiento de la democracia.
Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías para Defensores de DDHH en Antioquia, aseguró que más allá de un acto protocolario “el homenaje tenía como objetivo reconocer la labor que desarrollamos los líderes y defensores, y servirá para que se nos reconozca como como interlocutores válidos en cualquier escenario”.
En ese sentido Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC) –una de las organizaciones reconocidas–, expresó que los aspectos destacados del homenaje son: primero, que es un paso hacia la disminución de la estigmatización de los defensores como “enemigos del Estado”; y segundo, que los reconoce como actores políticos en favor de la democracia y la dignidad de comunidades.
A su vez, el gobernador Luis Pérez aprovechó su intervención para señalar que los DDHH son la columna vertebral de toda sociedad y el secreto para alcanzar la paz. De ahí que su equipo de gobierno quiera “seguir luchando para que la defensa de los DDHH sea un principio, una obligación”. También invitó a las organizaciones sociales a identificar conjuntamente los factores que ponen en riesgo a los líderes y defensores.
El actual, un contexto de riesgos ya advertidos
“Se siguen presentando atentados contra la vida, la dignidad; se siguen presentando señalamientos de funcionarios públicos contra las y los defensores de DDHH; y se sigue atacando brutalmente el derecho a la manifestación pública y la protesta, contemplada en los derechos civiles y políticos. Cada que esto ocurre, pierde la democracia, pierde el país”.
Con esas palabras se refirió Yesid Zapata al contexto de riesgo que afrontan actualmente los defensores en Antioquia. Y agregó que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones sociales y la institucionalidad, “en lo que va corrido del año han sido asesinados 20 defensores y defensoras de DDHH, se han cometido 248 agresiones, todo esto enmarcado en un contexto territorial y regional que se agudiza a la vista de todos”.
Al respecto, Luis Pérez indicó que para ese mismo periodo de tiempo: enero 1 a noviembre 31 de 2017, el equipo de DDHH de la Gobernación tiene registros de 19 asesinatos. De ellos, agregó, “13 ya informados que efectivamente murieron por su condición de defensores de DDHH”.
Zapata también citó el más reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre “nuevas formas del paramilitarismo que han avanzado a territorios donde antes hacían presencia las FARC” y se han convertido en “las causantes de los mayores riesgos y atentados contra las y los defensores”.
Y advirtió que de seguir en condiciones de abandono y desprotección estatal, las comunidades rurales y urbanas de subregiones como como Urabá, Norte, Nordeste y Bajo Cauca –donde el Proceso Social ha mapeado a dichos grupos armados– serán las que paguen la “cuenta de cobro más alta”, con la vida de los integrantes del movimiento de DDHH.
Una política pública como medida de garantías
Durante la conmemoración, el Proceso Social de Garantías le propuso a la Gobernación de Antioquia crear “una política pública en materia de DDHH para defensores y defensoras de DDHH”. Esta, adujo el vocero, sería muestra del cumplimiento de las funciones constitucionales del gobierno departamental, que debería brindar garantías para prevenir y proteger a los líderes, a la vez que promueve la participación social y la denuncia.
Sobre la creación de una política pública de este tipo, que genere las condiciones necesarias para que haya un papel más activo de los defensores de DDHH, Diego Herrera comentó que debe partir de un espacio de concertación, donde se reconozcan los diferentes puntos de vista, por ejemplo entre la institucionalidad y el movimiento social, y las tensiones inherentes a dicho ejercicio.
Entre las medidas que podrían convenirse en la política pública, el Proceso Social de Garantías expuso una que considera necesaria: que los medios de comunicación públicos, como el canal de televisión regional Teleantioquia, difundan contenidos que formen una opinión pública favorable a la promoción y materialización de los derechos humanos en el departamento.
Por ahora, la creación de la política pública queda en pie como la propuesta que le realizó el movimiento social de DDHH a la Gobernación de Antioquia, durante un acto de reconocimiento que, en palabras de Yesid Zapata, “obedeció a varias sentencias y reconocimientos que le ha hecho la Corte Constitucional a la Gobernación de Antioquia y a todas las instancias presentes en el departamento”.
En suma, este reconocimiento fue el medio a través del cual la Gobernación atendió las exigencias que vienen realizando las organizaciones que integran el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), la Mesa Territorial de Garantías y el Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos del departamento.
