Luego de tres años de proceso administrativo atravesados por constantes agresiones a las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó finalmente la demanda de restitución de 107.064 hectáreas al Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. La acción judicial se da en un año crítico, en el que han sido asesinados tres reclamantes del territorio colectivo. El último de ellos, Mario Castaño Bravo baleado por paramilitares el 26 de noviembre frente a su esposa e hijos.
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La radicación de la demanda tuvo lugar el viernes 1 de diciembre en el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó, Chocó. Ese día, mientras la URT realizaba el trámite judicial, un grupo de líderes y habitantes del consejo comunitario adelantó un plantón en las afueras del juzgado para exigir agilidad en el proceso, garantías de seguridad para quienes reclaman sus tierras, y la devolución efectiva del territorio colectivo a las comunidades negras y a los campesinos mestizos que fueron despojados de sus predios entre los años 1996 y 2000 en medio de la violencia paramilitar.
Son cerca de 5.000 personas, pertenecientes a 49 comunidades negras asentadas en las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó, Bajo Atrato, las que esperan la devolución de sus predios a través de esta demanda de restitución colectiva.
Borlyn Valencia era representante legal del consejo comunitario cuando empezó el proceso de restitución en septiembre de 2014. A él, el inicio de la etapa judicial lo llena de alegría, porque “fueron más de tres años de lucha recogiendo los insumos para presentar esta gran demanda, y ahora que está en manos de los jueces aspiramos que se falle a nuestro favor porque tenemos el derecho; y hemos sido campesinos ancestrales en estas tierras”.
Aunque por ley este territorio le fue titulado a las comunidades en noviembre de 2000 a través de la Resolución Nº 02805 emitida por el Incora, hoy, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), “más del 90% de las tierras productivas están en manos de empresarios o poseedores de mala fe que controlan y usufructúan la zona, y que se han apropiado de ella mediante el uso de un patrón de macro criminalidad: desplazamiento, amenaza directa y homicidios, entre otros métodos; y por medio de una serie de artilugios jurídicos: compras ilegales, arriendos fraudulentos, ocupaciones de facto, y accesiones, entre otros”.
En ese contexto, Carlos Páez, fiscal de la asociación Tierra y Paz, piensa que la demanda de restitución colectiva de La Larga Tumaradó, les da esperanza a los campesinos que, como él, hacen parte de este territorio y de tiempo atrás vienen reclamando sus tierras de manera individual. “De la zona 2 del consejo comunitario, a la cual yo pertenezco, la demanda beneficiaría a 10 comunidades, entre ellas: Guacamayas, Eugenia Media, Villa Eugenia, El Caimán, Macondo, Cuchillo Blanco, Villa Rosa y Bellavista, las cuales han venido sufriendo una gran cantidad de amenazas y de intimidaciones de los empresarios que hoy se encuentran ahí”.
Sin embargo, el actual representante legal del consejo comunitario, Pablo Antonio López, advierte que aunque esta fase del proceso representa una esperanza, también podría significar nuevas agresiones a los habitantes de La Larga Tumaradó:
Si en la etapa administrativa hubo dificultades con los empresarios, ahora en la judicial la cosa va a ser más difícil porque en el momento en que se haga pública la demanda, los empresarios van a tener conocimiento de testimonios y de imputaciones que se les hacen a ellos, y eso puede ocasionar que a muchas personas las amenacen o las hagan ir del territorio.
Un avance entre dilaciones, riesgos y limitaciones
La solicitud de La Larga Tumaradó sería la primera demanda de restitución colectiva para comunidades negras del Bajo Atrato. Por eso para Pablo Guerrero, coordinador del equipo regional pacífico del Cinep, representa “un gran avance en el proceso de reivindicación de derechos territoriales en esta subregión, y particularmente en un territorio de violencia generalizada en el que el usufructo y uso de la tierra por parte de terceros ha sido la gran historia de vida”.
Pero el inicio de la fase judicial, advierte el Cinep, implica un proceso de “recolección de pruebas y participación oficial de los actores que se opondrán al proceso, dentro de ellos empresarios poderosos de la región como: José Vicente Cantero, Jaime Uribe Castrillón, Wilmer Dorance Romero, Francisco Castaño y empresas mineras como la AngloGold Ashanti Colombia”.
En vista de lo que se puede venir, Pablo Guerrero explicó que “lo que en este momento están solicitando las comunidades es garantías de participación, pero también el respeto por el derecho a la vida y a la integridad de los líderes y lideresas que hacen parte de este proceso organizativo, lo que hasta ahora ha sido uno de los grandes vacíos”. Por ello, la junta del consejo comunitario solicitará la reevaluación de las medidas de protección de 17 líderes que tienen esquemas individuales, así como las medidas colectivas, teniendo en cuenta los tres asesinatos ocurridos este año.
Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), coincide en expresar que hasta el momento no se han brindado las suficientes garantías de seguridad para los reclamantes que “han sido víctimas de múltiples violencias que van desde amenazas, palizas, destrucción de sus viviendas y desplazamiento, hasta el terror que causa el asesinato. De hecho es lamentable que después de mucha dilación, sea el violento asesinato de Mario Castaño el que termine forzando a que la unidad de restitución radique la demanda”.
Según la investigadora del IPC, el problema que existe detrás de todo esto es que “la unidad de restitución no se ha comportado en favor de la restitución y de los campesinos y comunidades ancestrales, sino que más bien ha sido temerosa de los grandes intereses empresariales. Su estrategia ha sido la dilación del proceso hasta más no poder. Y tampoco se ha distinguido por jalonar la implementación de las medidas cautelares que dictó el Juzgado Primero de Quibdó a favor de los reclamantes”, a través del Auto 00181 del 12 de diciembre de 2014.
De hecho, las dilaciones por parte de la URT fueron tan evidentes que en diciembre de 2016 ese mismo juzgado, a través del Auto 153, prorrogó las medidas cautelares a los reclamantes y le ordenó a la Unidad que, dentro del término de la prórroga, presentará “la demanda de restitución de tierras so pena de las sanciones a que haya lugar”. El plazo se cumplió y la demanda no se presentó, por eso en el Auto 053 del 16 de junio de 2017, el juez decidió compulsar copias para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, investiguen al director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Urabá, Elkin Rocha Noriega, para verificar si ha incurrido en faltas penales y disciplinarias.
Pablo Antonio López, representante legal del consejo comunitario, afirmó que “la Unidad fue muy lenta”, y explicó que al inicio esa institución argumentó sus retrasos en la falta de recursos y equipo técnico para elaborar la demanda. “Ellos decían que había información y necesitaban procesarla, pero hubo requerimientos del juez que lleva el caso, y de inmediato la Unidad contrató personal y consiguió presupuesto para hacer las actividades que estaban programadas, en este caso la asamblea de cierre para validar las pretensiones”.
Y en ese momento de cierre, una de las tensiones más fuertes se generó cuando las comunidades propusieron que la demanda de restitución exigiera la anulación de un título minero de la AngloGold Ashanti, otorgado a esa empresa en mayo de 2013 sin consulta previa. Pese a la insistencia del consejo comunitario y las organizaciones acompañantes, la demanda que presentó la URT solo exigió la suspensión momentánea del título.
Buscando escuchar la opinión de la unidad de restitución frente a estos asuntos y al proceso en general, el día de radicación de la demanda varios medios de comunicación intentamos entrevistar a Derly Aldana, la directora de Asuntos Étnicos de la URT, cuando llegó al juzgado de Quibdó para hacer el trámite judicial. Pero la funcionaria se negó a responder diciendo que “la unidad de restitución no dará declaraciones al respecto, solamente [hablará] cuando se pronuncien los jueces de restitución”.
Lo que esperan los líderes y habitantes del consejo comunitario de La Larga Tumaradó es que ahora, en la etapa judicial, el proceso pueda ser más ágil y garantista. En ese sentido, Pablo Guerrero concluyó que más que la recuperación jurídica de la tierra, se requiere la recuperación material, y eso implica “una restitución transformadora que posibilite la sostenibilidad de los procesos organización por medio de la generación de proyectos productivos y de un proyecto de vida bajo un plan de etno-desarrollo de la comunidad”.
