Seis hombres que portaban armas cortas y largas incursionaron este martes 7 de junio a la vereda Guacamayas del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño. Los agresores, quienes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, les dijeron a los reclamantes de tierra que debían abandonar la zona.
En esta vereda, ubicada en el corregimiento Macondo, hay 32 familias de reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional compuestas por 135 personas. Algunas ya recibieron fallos de restitución, otras continúan esperando una decisión judicial y a siete familias la justicia les negó la devolución de los predios que estaban reclamando. Desde que retornaron las víctimas han vivido en permanente tensión con los empresarios que hoy poseen esas tierras.
Uno de los afectados, quien pidió proteger su identidad, relató que pasaban las seis y media de la tarde cuando el grupo armado llegó “tocando de casa en casa, sacando a la gente para reunirla en un solo punto y diciéndonos que si queríamos pelear la tierra la peleáramos afuera y que teníamos que salir de acá porque la próxima vez que llegaran no iban a responder por la vida de nadie”.
Los agresores “nos decían que nos teníamos que ir porque estas tierras no son de nosotros, y dijeron que venían con orden del señor que antes era administrador de Guacamayas”, agregó esta víctima, tras recordar que la hacienda Guacamayas es del empresario José Vicente Cantero, detenido por las autoridades en diciembre de 2013 acusado por despojo de tierras en Urabá[i].
Desde el mediodía, agregó esta víctima, el grupo de hombres “había pasado por el lugar como reconociendo el terreno, pero como esto es un camino real, por donde pasan chiveros y llega gente a traer o a recoger ganado, nosotros nunca pensamos que fuera a pasar esto”.
Otro reclamante, quien también pidió reservar su identidad, narró que “a toda la gente se le llevaron el teléfono y únicamente a una persona le quedó celular porque lo tenía apagado”. La víctima explicó que el ganado que hurtaron los agresores estaba al cuidado de los reclamantes quienes arriendan pasto para subsistir.
Tras verificar la situación en Guacamayas, el Defensor del Pueblo en Urabá, William González, informó que los hombres armados “entraron a caballo por el camino que conduce a la vereda La Eugenia. Duraron menos de una hora en la comunidad, se llevaron 50 reses del ganado que tenía la gente para su subsistencia y les advirtieron a las personas que debían abandonar la vereda antes de la media noche”.
El balance de la Defensoría indica que los agresores entraron a la casa del señor Sánchez, le apuntaron con armas de fuego enfrente de sus hijos y le prendieron fuego a su vivienda. Luego pasaron donde la señora Raquel Correa, le registraron los objetos de su casa, se le llevaron 170 mil pesos y le sacaron 25 reses que tenía a utilidad. También requisaron la morada de la señora Yulia Páez de donde se llevaron 6 celulares y la residencia de Adriano Correa llevándose 3 celulares más. Al señor Julio Correa le quitaron 10 cabezas de ganado y se llevaron otras 15 reses del señor Francisco Ibañez.
Versiones de los reclamantes indican que el grupo de reses fue llevado por un camino que conduce hacia Macondo, pasando por la vereda Eugenia y El 18. Algunos campesinos confirmaron que en la noche hombres armados pasaron por los potreros de sus fincas arreando el ganado.
Hay riesgo de desplazamiento
Aunque desde el mismo martes en la noche la Defensoría del Pueblo dio aviso a la Fuerza Pública sobre lo que estaba ocurriendo en Guacamayas, el Ejército no hizo presencia en el lugar hasta el miércoles a las siete de la mañana, mientras que la Policía tardó hasta las cuatro de la tarde para arribar a la zona.
Por eso “la comisión de la Defensoría concluyó que hay riesgo inminente de desplazamiento masivo y que hay una alta probabilidad de que se repita la situación si no se toman medidas especiales”, expresó el Defensor regional.
El reporte del Ministerio Público anota que el Ejército estuvo entre las siete de la mañana y las 12 del día haciendo preguntas a los habitantes de la zona, y que la Policía no tardó más de 10 minutos conversando con la comunidad antes de partir nuevamente del lugar.
Sin embargo, el comandante de la Policía de Urabá, coronel Javier Darío Sierra Chapeta, afirmó que “ya se ordenaron medidas preventivas como patrullajes y presencia del Ejército y la Policía para evitar que se repitan estos hechos”.
El coronel Sierra explicó que la finca Guacamayas, a donde retornaron los reclamantes, es un territorio complejo de cubrir porque tiene más de 1.200 hectáreas, por eso se acude a la modalidad de patrullajes para vigilar la zona, e indicó que por parte de la Policía hay 25 uniformados, entre Policía Judicial y Grupo de Operaciones Especiales, encargados de esta labor.
Aun así los reclamantes están atemorizados porque afirman que en el sitio donde ocurrieron los hechos no hay presencia de la Fuerza Pública, siendo este el lugar por donde entró el grupo armado. Por eso, una de las familias amenazas ya le expresó a la comunidad su intención de salir desplazada del lugar mientras otras dos familias evalúan su decisión.
“Las familias que han pensado en salir son las que están ubicadas en la finca donde ayer reunieron a la gente. Al salir estas personas, más de uno va a querer salir, porque ese es el punto por donde llegan los vehículos y así para ellos —los actores armados— va a ser más fácil entrar”, afirmó uno de los reclamantes.
Paola Cadavid, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, lamentó la situación en Guacamayas y expresó que su institución está presta a acompañar a las víctimas para que pongan las denuncias del caso.
“Este un hecho que sancionamos y rechazamos porque esto no tiene por qué estar ocurriendo. El que piense que sus derechos están siendo vulnerados que recurra a la institucionalidad no a la fuerza ni mucho menos a la intimidación”, expresó la funcionaria.
Cadavid explicó que en la zona de Macondo hay 200 solicitudes de reclamación de predios de las cuales 53 están ante los jueces, que ya han fallado 9 casos. Sin embargo solo en uno de los casos ha sido posible la restitución del predio solicitado por la víctima, en los demás los jueces han ordenado compensaciones basados en conceptos de la Corporación Autónoma de Urabá que delimita el territorio como zona inundable.
“Pero las personas tienen arraigo por su tierra y quieren retornar, no quieren la compensación, pese a que les han ofrecido altos valores por sus predios. Entonces hemos pedido a los jueces que modulen las órdenes con base en conceptos nuevos que han emitido instituciones como Codechocó”, anotó la directora territorial de la URT.
Todo esto, agrega la funcionaria, se suma a “las tensiones latentes entre los reclamantes y los actuales tenedores de la tierra. Los primeros por querer ingresar por vías de hecho sin esperar los fallos de los jueces; y los segundos por recurrir a la violencia y a la fuerza para evitar que entren a los predios”.
Este conflicto ocurre en una zona hace parte del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó que comprende 107.064 hectáreas entre los departamentos de Chocó y Antioquia. Sobre ese territorio, el Juez de Restitución de Tierras de Quibó emitió medidas cautelares para proteger a los reclamantes que retornaron antes del 12 de diciembre de 2014 cuando se emitió el auto 00181. Entre las medidas solicitadas se ordena al Ministerio de Defensa que, a través de la Fuerza Pública, se adopten medidas de seguridad que garanticen la vida, la libertad y la integridad de la población.
Aun así, los reclamantes continúan denunciado agresiones que van desde amenazas hasta la destrucción de viviendas, cultivos y la muerte de animales. De hecho, desde marzo de este año, autoridades de Turbo han adelantado decomisos de ganados que estaban al cuidado de los reclamantes. Los procedimientos, que responden a querellas interpuestas por empresarios, han tensionado la situación y generado zozobra entre los campesinos, que ahora, cuando un grupo armado se roba el ganado de los reclamantes, se atemorizan mucho más. Todo esto ocurre a 5 años de sancionarse la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya aplicación aún tiene muchos avance que mostrar y ha puesto en evidencia la consolidación de prácticas anti restitución.
[i] En junio de 2014 la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) de la Fiscalía profirió resolución de acusación por crímenes de guerra y de lesa humanidad, contra José Vicente Cantero Ibáñez y Fabián Darley Roldán Villa, por su posible coautoría en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; entre otros.
