Omar Alonso Urán Arenas[1]
La posibilidad, cada vez más cerca, de ponerle fin a la histórica confrontación armada entre las FARC y el Estado colombiano abre un campo de oportunidades de mejor vida, no sólo para la población rural, sino también para la población urbana.
Entre lo rural y lo urbano existe una fuerte relación, no son realidades aisladas, especialmente en países como Colombia. La guerra en el campo, la usurpación y las disputas de tierras han arrojado a un sinnúmero de pobladores rurales a vivir de manera ignominiosa y precaria en inquilinatos de los centros citadinos, o los ha obligado a ocupar a la fuerza terrenos en la periferia, alejados de los servicios y oportunidades de la ciudad.
Ello, además de representar una injusticia para más de seis millones de colombianos y colombianas que han sido desplazados por el conflicto, también ha significado un ordenamiento territorial de facto para las urbes colombianas y un sobrepeso económico y social difícil de manejar para los municipios, que en últimas, en el plano político institucional, han sido los que han tenido que asumir la responsabilidad de la gestión humanitaria de la población desplazada.
El vaciamiento de los campos y la sobrepoblación de nuestros principales núcleos urbanos es un fenómeno que por lo menos se puede frenar y revertir en algo con un acuerdo de paz y un proceso de posconflicto concertado y socialmente controlado. De esta manera los municipios podrían destinar más recursos a atender otros problemas que el mismo conflicto ha generado o agudizado, entre ellos la delincuencia, la violencia socio-política, la drogadicción y los asentamientos urbanos precarios e informales.
En un primer momento, las ciudades y municipios deben apostarle a la restitución de tierras, al retorno pacifico, gradual y con acompañamiento social y económico a aquellos grupos y comunidades desplazadas. Los casos de los municipios San Carlos y Granada, en el oriente de Antioquia, son pioneros al respecto, en cuanto el Municipio de Medellín, bajo un enfoque urbano-regional, ha venido apostando al retorno, a la reintegración territorial y socio-económica de esta población. La apuesta por la reconstrucción de comunidades rurales organizadas, democráticas y económicamente viables es clave para la sostenibilidad del mismo proyecto urbano. Podríamos decir que son interdependientes.
En una dirección más interna, las grandes urbes y ciudades capitales del país deben avanzar en la construcción de acuerdos y metodologías que permitan la descriminalización del consumo de drogas y la reducción significativa de las bandas y grupos que se lucran violentamente de su distribución. En cuanto a una política pública combinada, de seguridad y salud pública, el Estado debe ser quien asuma la atención de la población drogadicta y no las bandas delincuenciales. El quitarle esta población como cliente fijo al microtráfico es cuestión indispensable para reducir la violencia urbana asociada a este fenómeno y generar ambientes favorables para el desarrollo social y la participación ciudadana en grandes partes de nuestras ciudades.
Y precisamente, un tercer punto en este sentido, consiste en la protección y acompañamiento decidido de la policía y la fuerza pública a los líderes sociales y comunitarios, que se atreven a dirigir procesos de participación ciudadana, desarrollo local y derechos humanos en contextos territoriales en los que las bandas criminales vienen extorsionando y atemorizando a la población. La consolidación de la democracia local, como forma de dialogo social y superación cotidiana de los conflictos entre población y Estado, debe contar con la presencia permanente de la fuerza pública en los territorios —no tanto buscando delincuentes como acompañando los procesos sociales—, a la par que se construye institucionalidad local desde los territorios. No se trata de llevar la institucionalidad o la ciudadanía, se trata de construirla desde allí, desde la experiencia local, en dialogo con el saber experto que el Estado debe aportar y con la seguridad y confianza que él debe ayudar a construir.
[1] Sociólogo. Mg. & Dr. en Planeamiento y Estudios Urbano-Regionales. Socio del Instituto Popular de Capacitación (IPC), miembro de la Junta Directiva.
