Retórica y práctica autoritaria en Medellín: las ficciones y confusiones de la (in) seguridad

Observatorio de Derechos Humanos y Paz

Instituto Popular de Capacitación[1] 

I. Introducción

En nuestro primer informe sobre Seguridad, Derechos Humanos y Paz, nos enfocamos en el análisis del anteproyecto al Plan de Desarrollo 2016-2019. Luego de surtidos los trámites legales, la administración municipal de Medellín logró la aprobación del plan “Medellín cuenta con vos”;  tal como había sido propuesto, los asuntos relativos a Seguridad, Derechos Humanos y Paz quedaron consignados en la Dimensión 2 del Plan de Desarrollo, denominada “Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”.

A pesar de las diferentes observaciones que diversos actores presentaron, la dimensión mantuvo varios de los problemas ya advertidos:

• Pervivencia de un enfoque autoritario y represivo, bajo el cual se pretende esconder la falta de comprensión y la debilidad gubernamental para abordar la complejidad de los problemas de derechos humanos, seguridad y paz en la ciudad.
• Falta de un enfoque integral para intervenir los problemas de violación de derechos humanos en la ciudad por parte de estructuras armadas.
• Carencia de un diagnóstico pormenorizado y desagregado sobre los problemas de criminalidad, conflicto armado, delincuencia y convivencia, a diferentes escalas territoriales.
• El desconocimiento de múltiples problemas en materia de derechos humanos y seguridad, tales como el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, el despojo de bienes urbanos, el lavado de activos, la corrupción de la institucionalidad, entre otros, los cuales exceden en gravedad a muchos de los denominados delitos de alto impacto sobre los cuales recaen la gestión gubernamental.
• Los programas y proyectos en materia de seguridad se centran principalmente en el control de la figura del criminal, sin una estrategia clara que permita revertir los factores y condiciones contextuales que favorecen la emergencia de la criminalidad.
• La ausencia de una política social y de desarrollo, que posibiliten la construcción de un escenario económico incluyente, como medio para el aseguramiento de los derechos socioeconómicos y el bienestar general de todas las personas.
• La reducción de los problemas de derechos humanos a un programa, en lugar de ser un componente transversal a todo el plan de desarrollo.
• El papel relegado que se le asigna a la atención a las víctimas del conflicto armado, así como la falta de un enfoque preventivo de situaciones como el desplazamiento y la desaparición forzada por la violencia en la ciudad. Asimismo los indicadores poco ambiciosos para restablecer los derechos a las víctimas de la ciudad.
• La vaguedad y poca concreción para articularse a los procesos de paz que adelanta el gobierno nacional con las guerrillas de las FARC y el ELN, así como para abordar los procesos de memoria histórica, los cuales terminan reducidos a una versión muy liviana de memoria, que se vislumbra incapaz de abarcar la complejidad histórica del conflicto armado y la violencia en la ciudad.

Se destaca la supresión del proyecto “Incentivos para los organismos de seguridad y justicia”, el cual resultaba bastante preocupante, no solo por el antecedente inmediato de las ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos, sino porque se proponía que los mismos se extendieran a los organismos de justicia, máximos responsables de salvaguardar los derechos y garantías de las personas en eventuales procesos judiciales.

Con el ánimo de continuar aportando elementos para la comprensión de los diferentes problemas en materia de seguridad, derechos humanos y paz, presentamos a la comunidad en general este segundo informe, en el cual hacemos un balance sobre la puesta en marcha de las políticas de seguridad por parte de la actual administración municipal, con base en la información que la misma institucionalidad local ha construido, presentando algunas recomendaciones y sugerencias, con el único fin de alimentar un debate democrático y pluralista, pero fundamentado, en torno a la actualidad de los graves problemas de criminalidad y violencia armada que como sociedad debemos resolver.

II. Una mirada retrospectiva en términos cuantitativos a la violencia en Medellín

1. Indicadores de violencia entre 1990-2015

La historia reciente de Medellín muestra una constante disminución de la tasa de homicidios, la cual para el período de 1991-2014 paso de 395 hpcmh[2] (6.809 homicidios) a 27 hpcmh (659 homicidios), lapso de tiempo en el cual se presentaron dos períodos de alta intensidad: 1999-2002 y 2008-2010, en los cuales la tasa de homicidios osciló, para el primero, entre 166 y 179 hpcmh (3389 y 3829 homicidios) y para el segundo, entre 49 y 90 hpcmh (1.126 y 2.108 homicidios).

El primer período, 1999-2002, representó la irrupción de bloques paramilitares Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada desde el año de 1997 en  la ciudad, y las disputas que sostuvieron con las milicias urbanas, así como entre ellos mismos por el control hegemónico territorial, lo cual incluyó las operaciones contrainsurgentes Mariscal y Orión concentradas en la Comuna 13-San Javier, lideradas por la fuerza pública y otros organismos de seguridad en el año 2002, avaladas por los gobiernos nacional y local,  que afectaron de manera grave a la población civil.

El segundo período, 2008-2010, está relacionado con el proceso de reconfiguración violenta de la criminalidad, posterior a los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción de los bloques paramilitares Cacique Nutibara en 2003 y Héroes de Granada en 2005, así como con las extradiciones de los líderes de tales bloques, principalmente de alias Don Berna en 2008, generándose un proceso de fragmentación de la criminalidad, lo que suscitó una disputa de poder entre facciones de la denominada Oficina de Envigado (la cual estuvo subordinada al Bloque Cacique Nutibara), confrontaciones lideradas por alias Sebastián y alias Valenciano, las cuales, con la penetración a la ciudad del grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, condujeron a un proceso de unificación de la criminalidad marcada por pactos entre esas dos grandes organizaciones armadas en el año 2013.

Sin embargo, la caída en las tasas de homicidio no significó la desaparición de la violencia, toda vez que desde ese período se intensificaron otras modalidades de coerción para asegurar el control territorial por parte de estructuras delincuenciales y criminales; así por ejemplo, al consultar el Registro Único de Víctimas –RUV- de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas –UARIV- se observa que en materia de desplazamiento forzado[3] se ha presentado una constante intensificación de esta forma de violencia durante el período 1990-2014. Asimismo, relativo a la extorsión, las denuncias presentan un incremento significativo, en el período comprendido entre los años 2003-2013.

De acuerdo con los informes de gestión y rendición pública de cuentas presentados por la anterior administración municipal presidida por Aníbal Gaviria Correa, en el período 2012-2015 se presentaron las más significativas reducciones en las tasas de homicidio y hurto en la ciudad. La tasa de homicidios pasó de 69,6 hpcmh en 2011 a 20,5 hpcmh en 2015, lo cual equivalió a una reducción de aproximadamente 1.155 homicidios. Asimismo, se destacó la reducción en la tasa de hurtos a vehículos por cien mil vehículos, la cual pasó de 376,3 en 2011 a 150,4 en 2015, y en el caso de hurto a motos, la tasa registrada en 2011 fue de 1.014,2 por cada cien mil motos y pasó a 660,4 en el último año.

Las reducciones reportadas en el indicador de homicidios principalmente, dio lugar a que el alcalde Gaviria expresará su satisfacción por los logros alcanzados en materia de seguridad y convivencia, transmitiendo mensajes de tranquilidad a la ciudadanía en general, pues señaló que tal éxito se debía a la acción de la institucionalidad municipal en articulación con la fuerza pública y otros organismos de justicia y seguridad. Sin embargo, detrás de esos datos se escondieron otros que revelan una realidad bien distinta. Al consultar el RUV se observa que para el período 2012-2015 fueron afectadas en la ciudad de Medellín alrededor de 30.354 personas por diferentes eventos de violencia, de las cuales 29.256 lo fueron por desplazamiento forzado por la violencia.

Consultados algunos funcionarios de la UARIV, señalan que es muy posible que el número de personas que hayan sido víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín durante el año 2015 sea superior al registrado hasta el momento, toda vez que aún se encuentran abiertos varios procesos de valoración, por lo cual es muy factible que en el transcurso de los meses siguientes puedan registrarse cifras mayores de población víctima y desplazada por la violencia en el RUV.

Por otra parte, la Personería de Medellín en su informe de derechos humanos del año 2015, expresó serias preocupaciones en torno al problema de la desaparición forzada, debido a que en el período 2012-2015 se registraron 2.324 personas desaparecidas, de las cuales aparecieron vivas 1.261, muertas 95 y continúan desaparecidas 968.

Si bien resulta importante las reducciones de los homicidios en la ciudad, es importante realizar valoraciones objetivas al momento de interpretar las fluctuaciones que se presentan en este indicador, pues las mismas no pueden ser explicadas solo en función de la gestión de una determinada administración municipal, sino que es importante comprender las dinámicas de violencia y las lógicas de los actores armados, pues ciertos ejercicios de violencia física obedecen a situaciones en las cuales se están construyendo o reconfigurando procesos de control territorial, en donde se pueden presentar confrontaciones entre dos o más actores armados. La intensificación de la violencia física solo cesará en el momento en que un actor logre constituirse en hegemónico en un determinado territorio, variando las formas en las cuales se ejercen la violencia y la coerción.

Asimismo es importante revisar los procesos de acción colectiva y resistencia que diferentes organizaciones sociales desarrollan en aras de constituir entornos protectores y restarle fuerza a las acciones violentas. Resulta insólito que las sucesivas administraciones municipales sean incapaces de reconocer el valor y la importancia que revisten este tipo de procesos sociales y comunitarios, en aras de fortalecerlos sin restarles autonomía y capacidad de autogestión. Consideramos que es muy probable que un trabajo mancomunado entre la institucionalidad pública y estas organizaciones, bajo enfoques democráticos y concebidos para el mediano y largo plazo, pueden generar efectos positivos en la construcción de otro tipo de sociabilidades y subjetividades en los territorios, que partan del reconocimiento del valor del otro y comprometidas con el respeto de los derechos humanos.

2. Situación actual de seguridad en la ciudad de Medellín

Con relación a lo ocurrido durante el año anterior, en lo que va corrido del 2016 se ha presentado un incremento en varios indicadores de inseguridad, lo cual pone en entredicho las afirmaciones de la anterior administración municipal, en el sentido de aseverar la desarticulación de estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad. En buena medida, el aumento de la violencia física y de otras formas de coerción, están asociadas a las dinámicas propias de las disputas entre los actores armados en la ciudad, debido a que se presentan constantes procesos de reconfiguración de la criminalidad en la ciudad, pues los mismos se encuentran soportados en acuerdos y pactos que, si bien gozan de una alta aceptación entre la mayoría de organizaciones criminales y delincuenciales, no pueden evitar las pujas internas y las disidencias por el mantenimiento o cambio de los dominios territoriales.

La información del SISC con relación a los contextos en los cuales ocurrieron los homicidios, muestra que un 45 por ciento de estos fueron por enfrentamientos, disputas o actuaciones de estructuras armadas, siendo posible que dicho dato sea mayor, toda vez que un 48 por ciento de los homicidios no cuentan con información preliminar para determinar el contexto en donde se presentaron.

La distribución geográfica de los homicidios en la ciudad de Medellín, permite comprobar el amplio control territorial que las organizaciones criminales y delincuenciales ejercen en las seis zonas de la ciudad (nororiental, noroccidental, centrooriental, centrooccidental, suroriental y suroccidental). La persistencia de las disputas entre actores armados por el control territorial en las comunas y barrios de las zonas noroccidental y centrooriental, así como en el centro propiamente de la ciudad, evidencian que el aumento en la tasa de homicidios tiene una alta independencia de las acciones de la institucionalidad pública local, resultando muy probable, como lo ha sido en épocas anteriores para otros casos, que la tasa decrezca al momento en que se consolide un actor en el territorio. Sobre este análisis se volverá más adelante para profundizar en el mismo, toda vez que lo que aquí está en cuestión es el modelo de intervención que, tanto esta, como las anteriores administraciones municipales, han impuesto para atender los problemas de seguridad en la ciudad.

Otro de los problemas que genera alarmas en la actualidad es el referido a la extorsión que diferentes estructuras criminales han impuesto en la mayoría de territorios de la ciudad. Si bien no se trata de un problema novedoso, la magnitud que ha cobrado demuestra la capacidad de control territorial que los actores armados en la ciudad han alcanzado. En el mes de enero de este año, el actual Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, reconoció que actualmente se cobran extorsiones en 247 barrios y veredas de Medellín, lo que representa el 80 por ciento del territorio de la ciudad. Asimismo indicó que las comunas más afectadas son La Candelaria, Castilla, Belén, Robledo y Guayabal,  las cuales concentran el 52 por ciento de las 243 extorsiones que se reportaron en la capital antioqueña el año pasado (El Tiempo, 20 de enero de 2016).

Del mismo modo, existen preocupaciones por la cantidad de organizaciones delincuenciales dedicada al hurto mediante fleteo[4]. De acuerdo con información de la Sijín de la Policía Metropolitana entregada a medios de prensa local, actualmente cuentan con una base de datos en la cual se registran los nombres de 1.800 personas involucradas en este tipo de actividad delictiva (El Colombiano, 2016, mayo 29). En el período de enero a mayo de este año, el SISC informó a la prensa que tenía documentados 63 casos de fleteo en Medellín, frente a 122 del mismo período en el año 2015; mientras que la Policía Metropolitana informó que tenía 92 casos de fleteo en el Valle de Aburrá, confirmados y documentados (El Colombiano, 2016, mayo 29).

Los incrementos en los indicadores de inseguridad, han suscitado una serie de actuaciones de la actual administración municipal liderada por el alcalde Federico Gutiérrez. La intervención y puesta en práctica de la política de seguridad se ha centrado en la reacción, desconoce la prevención y apela a medidas de choque y represivas, que en algunos casos resultan restrictivas o vulneradoras de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como a continuación lo pasamos a revisar.

III. Estrategias desplegadas por la actual administración municipal

Recién iniciado el período de la actual administración municipal, el alcalde Federico Gutiérrez, de la mano del secretario de seguridad Gustavo Villegas y en articulación con la fuerza pública, anunció una serie de intervenciones en las zonas que consideró presentaban los mayores problemas de seguridad: la comuna 10-La Candelaria, la comuna 5- Castilla y la comuna 7-Robledo. Recientemente, debido a los constantes aumentos en los índices de inseguridad, se determinó la conformación de un batallón de de fuerzas especiales para la seguridad urbana, con el objetivo de intervenir en estas dos comunas consideradas como zonas de alta conflictividad.

Asimismo, luego de que el pasado 20 de julio se presentaran enfrentamientos entre organizaciones armadas y la fuerza pública en el corregimiento Altavista, en límites con la comuna 16-Belén, se suscitó una reacción de la institucionalidad pública local, desarrollando una serie de intervenciones en dicho territorio.

  1. Operativos en el Parque Berrío, Castilla y Robledo

La primera de las intervenciones fue en el Parque Berrío y partió de una serie de anuncios a finales del mes de enero, en los cuales el alcalde de la ciudad señaló por diferentes medios de comunicación el despliegue de operativos encaminados, a lo que él denominó como “la recuperación del centro de la ciudad”. La estrategia de intervención fue presentada como una de carácter “integral” en materia de seguridad, y se planteó como principal objetivo “devolverle a la ciudadanía el espacio del Parque Berrío”, para lo cual se fijó un plazo de 30 días a la Policía Nacional y otras entidades de la administración municipal para la obtención de tal propósito.

Luego de un mes de iniciada la intervención, el alcalde convocó a la realización de un acto público para presentar los resultados obtenidos en el Parque Berrío. En dicho evento, acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y por otros funcionarios públicos de la administración municipal, presentó el balance de la intervención, exponiendo como los principales resultados la realización de 162 capturas, cinco de las cuales recayeron sobre personas dedicadas a la extorsión, la desarticulación dos bandas de extorsionistas (sin mayores aclaraciones, el comandante de la Policía señaló que una de ellas recobró la libertad), el decomiso de 13 kilos de estupefacientes, el desalojó de 223 venteros ambulantes del espacio público y la identificación de 70 ventas de licor en el espacio público (Caracol Radio, 2016, marzo 1; El Colombiano, 2016, marzo 1; El Tiempo.com, 2016, febrero 29; Publimetro, 2016, marzo 3).

De manera concomitante, se iniciaron otra cadena de operativos en las comunas de Castilla y Robledo, los cuales consistieron principalmente en el establecimiento de retenes y controles policiales. La Policía difundió los resultados de los operativos realizados en conjunto con otras entidades de la alcaldía, por diferentes medios de comunicación y en varios momentos así:

• Para el mes de enero, la Policía informó sobre la realización de varios operativos, los cuales le permitieron la incautación de 8 armas de fuego (Caracol Radio, 2016, enero 18).
• Durante el mes de mayo, se reportaron 3 operativos. Como resultados del primero, la Policía informó que había realizado 362 requisas a personas; verificado los antecedentes judiciales de 73 motos, de 35 carros y de 34 celulares; inmovilizado 48 motocicletas, aplicado 59 comparendos e impuesto 2 informes de tránsito por embriaguez; incautado 15 armas blancas, decomisado 56 gramos de sustancias alucinógenas, recuperado un celular hurtado, y capturado a una persona en posesión de 75 gramos de base de coca (Minuto30.com, 2016, mayo 2).

Como balance del segundo operativo, la Policía señaló que había impuesto 59 comparendos, inmovilizado 39 motocicletas, decomisado 29 armas blancas, incautado 39 gramos de estupefacientes, requisado a 789 personas, intervenido en 6 parques, realizado 520 solicitudes de antecedentes judiciales (presentándose una captura por el delito de Falsedad en documento público) y solicitado antecedentes judiciales sobre 152 vehículos y 310 motocicletas (Minuto30.com, 2016, mayo 7).

En cuanto al  tercer operativo, la Policía informó que había realizado 443 solicitudes de antecedentes a personas, 113 solicitudes de antecedentes a motocicletas y 90 a vehículos, inmovilizando 39 motocicletas e imponiendo 46 comparendos; registrado 16 establecimientos abiertos en conjunto con funcionarios de la Oficina de Rentas Departamentales, incautando licor adulterado y de contrabando avaluado en $ 5.800.000 y sellando 5 establecimientos; capturado a 4 personas por diferentes delitos; intervenido 4 colegios y 6 parques; incautado 21 armas blancas, 36 gramos de marihuana, 8 gramos de cocaína; finalmente confiscado dos carros de comidas rápidas por parte de la Subsecretaría de Espacio Público y 3 carpas (Minuto30.com, 2016, mayo 14).

A comienzos del mes de julio, el alcalde anunció que para el mes de agosto se instalará en la ciudad un batallón de fuerzas especiales para la seguridad urbana, el cual contará con 160 miembros “entrenados para el combate urbano que estarán detrás de las estructuras de crimen organizado que operan en la cuidad” (El Colombiano, 2016, julio 5). Asimismo informó que dicho batallón estará bajo el control de la alcaldía de Medellín, que trabajará de la mano con la Policía Nacional y se concentrará inicialmente en operaciones en las comunas de Castilla y Robledo (El Colombiano, 2016, julio 5).

Llama la atención la amplitud con la que la administración municipal y la Policía Nacional difundieron a través de importantes medios de comunicación los resultados de los operativos realizados en las comunas 5, 7 y 10, en particular por la falta de valoración por parte de los periodistas y comunicadores de los datos suministrados, en muchos casos elogiando de manera acrítica la gestión gubernamental, desnaturalizando de esa forma la función de control social que en una sociedad democrática se espera que cumplan los medios de comunicación. Es insólito que se anuncien como resultados lo que no dejan de ser meras ficciones de la seguridad: requisas, desalojo de vendedores informales, revisión de antecedentes judiciales a vehículos y motos, incautaciones menores de estupefacientes, imposición de comparendos de tránsito, etc., no pasan de ser anuncios fundados en lo que la criminología crítica ha denominado como populismo punitivo.

Esto quiere decir que, más que resultados eficaces que reviertan los problemas de violencia, criminalidad y delincuencia, lo que se termina presentando son resultados insignificantes con los cuales se quiere aparentar fortaleza y enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad, todo ello mediado por un mezquino cálculo electoral. Así, que se realicen centenares de requisas ¿de qué manera incide en el mejoramiento de las condiciones de seguridad? ¿Cuáles son los efectos de privar a los vendedores informales en el espacio de sus medios de subsistencia? Las incautaciones de pequeñas cantidades de estupefacientes ¿se están haciendo respetando el derecho al libre desarrollo de la personalidad del consumidor?

La ineficacia en el curso de acción trazado por la administración municipal, se evidencia con los mismos datos que ella produce. Así por ejemplo, al revisar la distribución de los homicidios por comunas y corregimientos en Medellín, se observa que durante el primer semestre del año La Candelaria, Castilla y Robledo son las zonas con mayores violaciones al derecho a la vida, incluso con incrementos con relación al mismo período del año 2015.

Una valoración objetiva de estos datos, debe dar lugar a una profunda reflexión en torno a la forma como se están pretendiendo solucionar los graves problemas de seguridad, violencia y criminalidad en la ciudad. Como lo señalamos en el punto I de este informe, queda claro que la variable que más peso tiene en la intensificación de la violencia física es la referida a las dinámicas propias de disputa entre actores armados; asimismo queda en abierto cuestionamiento el peso que tienen las intervenciones autoritarias y represivas que la institucionalidad pública local ha desplegado.

  2. Enfrentamientos en Altavista

El pasado 20 de julio, se presentó un enfrentamiento en el corregimiento de Altavista en límites con la comuna 16-Belén, entre integrantes de bandas y combos del sector contra miembros de la Policía Nacional. De acuerdo con información de prensa, la confrontación se debió a una intervención de desalojo que estaba realizando la Policía contra una carpa de circo que al parecer no contaba con autorización para funcionar, frente a lo cual los integrantes de las bandas Los Chivos y Los Pájaros reaccionaron, utilizando inicialmente palos y piedras y luego recurriendo a armas de largo alcance y con alta capacidad de daño (El Colombiano, 2016, julio 20).

A causa de ese enfrentamiento, una persona resultó muerta (según declaraciones del alcalde, era integrante de la banda Los Chivos), 8 personas más heridas (tres civiles, cuatro policías y un integrante de la banda Los Chivos). En los operativos desplegados por la Policía ese mismo día, capturaron a diez integrantes de la banda Los Chivos (El Colombiano, 2016, julio 20). Posteriores operativos, llevaron a la captura de cuatro integrantes de la banda Los Pájaros y a la entrega a las autoridades de uno de los líderes de la banda Los Chivos (El Colombiano, 2016, julio 28).

Es importante señalar que entre los años 2012 y 2014 se habían presentado capturas de varios integrantes de la banda Los Chivos, los cuales fueron condenados en diferentes momentos, situación que llevó a que la Policía Nacional y la administración municipal afirmaran que dicha organización había sido desmantelada (El Mundo.com, 2012, septiembre 15; El Colombiano.com, 2013, septiembre 3; Minuto30.com, 2013, septiembre 4 y 2014, septiembre 2).

Dicha situación pone en entredicho, no solo esas afirmaciones de las autoridades, sino el modelo de seguridad que en la ciudad se ha impuesto, basado en la captura y judicialización de integrantes de las organizaciones delincuenciales y criminales de las zonas periféricas, pues lo que se observa es la ineficacia de tal medida, toda vez que dichas organizaciones se recomponen fácilmente y reconfiguran los controles y dominios territoriales.

  3. Balance: confusiones y ficciones sobre la (in) seguridad

Así como resultan cuestionables las confusiones al momento de diagnosticar los problemas de seguridad, derechos humanos y paz en el Plan de Desarrollo, también lo son las intervenciones que la institucionalidad pública local ha desarrollado hasta el momento en la ciudad. Tales confusiones son evidentes en la forma como han resultado entremezclados problemas de diferente naturaleza en las estrategias de control de la criminalidad.

Es necesario insistir en la indispensable distinción entre los problemas relativos a la criminalidad, la delincuencia, la convivencia y el espacio público. Como si no fuera suficiente la confusa mezcla de estos elementos, ahora se le agregan asuntos relativos al tránsito y la movilidad. Preocupa sobremanera la falta de comprensión sobre los fenómenos de criminalidad y delincuencia; en los pronunciamientos de las diferentes autoridades locales y de policía, así como en los informes que produce la Secretaría de Seguridad a través del SISC, se observa que tiene un mayor peso los juicios de orden moral que conducen a la descalificación de las expresiones de violencia armada, para a partir de allí afirmar la legitimidad estatal, en lugar de aportar elementos que permitan comprender el por qué perviven y persisten estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad, no obstante los múltiples despliegues de fuerza que se han realizado.

Ese tipo de juicios (que se convierten en prejuicios) morales, terminan soportando a nivel retórico y práctico concepciones de la seguridad asociadas a una idea de fuerza, orden, ornato y limpieza muy peligrosas, pues ellas han alimentado las mal llamadas operaciones de “limpieza social”. Estas concepciones se hacen evidentes en la forma como se intervino en Parque Berrío, lugar en donde, en vez de comprender las demandas y necesidades de la personas que ejercen múltiples formas de trabajo informal, se terminó desalojándolas del espacio público afectando sus posibilidades de ingresos, pero además dejando aplazada la solución de ese conflicto urbano sobre el uso del suelo, toda vez que estos trabajadores informales terminaron trasladándose hacia otros lugares del Centro de la ciudad, en algunos casos han venido retornando de manera paulatina a su antiguos lugares de trabajo en el Parque Berrío. Al respecto se lee en El Tiempo:

Si bien es posible que estructuras criminales se aprovechen de las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de las personas que acuden a las ventas informales en el espacio público como forma de subsistencia, la solución no puede pasar por su criminalización, sino por la adopción de medidas que las protejan de la acción de ese tipo de organizaciones.

De manera retórica, se han autocalificado las intervenciones realizadas en el Parque Berrío y Altavista como integrales, consistiendo tal integralidad en la confusión y mezclas de problemas de índole diverso. La integralidad termina entonces reducida a los enfoques securitarios tradicionales que han marcado las políticas de seguridad en la ciudad, los cuales se muestran incapaces de trascender los discursos y prácticas represivas y autoritarias, valiéndose para su mantenimiento de las ficciones que logran construir y transmitir sobre la eficacia de sus actuaciones para sostener ese tipo de políticas.

Esto se ve reflejado en los resultados operativos presentados por la administración municipal y la fuerza pública. ¿De qué forma inciden las requisas, imposiciones de comparendos, decomisos menores de drogas, desalojos de ventas del espacio públicos en el desmantelamiento de las estructuras criminales y delincuenciales de la ciudad? Como quedo evidenciado, resulta muy poco creíble que tales acciones afecten en alguna medida el poder y control territorial que se ejerce por parte de actores armados ilegales en diversos territorios de la ciudad.

Lo que resulta inaceptable es que el Secretario de Seguridad, con la complicidad de los medios, banalicé los graves hechos de violencia que se presentan en la ciudad:

La sola ocurrencia de un hecho de violencia debería prender las alarmas, este tipo de discursos terminan teniendo un doble efecto negativo, en la medida que no solo termina naturalizando el recurso a la violencia, sino que legitima la agresión sobre ciertas personas.

En el mismo sentido, el alto número de personas afectadas por situaciones como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la extorsión y el despojo de bienes urbanos, no solo contradice las afirmaciones del Secretario de Seguridad (ratificadas por El Colombiano), sino que también resultan ofensivas contra las víctimas de tales eventos, pues se deja la impresión de que ellas no importan o no existen en la agenda de los problemas de seguridad.

Además de esto, es importante llamar la atención sobre la forma selectiva como se está procediendo en la supuesta confrontación contra la criminalidad, pues pareciera ser que para la administración municipal tales problemas son propios de ciertos sectores sociales expuestos a condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Sería muy interesante ver cómo podrían desarrollarse operativos contra los fenómenos de lavado de activos y control de capitales en la ciudad en el sector financiero, automotriz o de bienes raíces, por ejemplo.

Es bastante llamativa la insistencia con la que el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, niegan la existencia de la Oficina de Envigado y la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Existe evidencia de sobra para demostrar que tales estructuras no solo existen y tienen presencia, sino que ellas controlan los mercados de protección violenta en la ciudad, para lo cual se han valido no solo de la coerción, sino de mecanismos de cooptación y de corrupción de miembros de la fuerza pública y de organismos de seguridad. En lo que va del año, se han presentado procedimientos de capturas contra diferentes integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el Valle de Aburrá, con cuantiosas sumas de dinero destinadas al pago de nóminas y abastecimiento de organizaciones delincuenciales en la ciudad. No gratuitamente bandas como Los Pájaros y Los Chivos acceden al tipo de armas que utilizaron para enfrentarse contra la fuerza pública (El Colombiano, 2016, mayo 19; Q´hubo, 2016, mayo 14).

Asimismo, la captura de integrantes de la Policía involucrados en graves casos de corrupción y vinculados con organizaciones armadas, a las cuales les proveían información de inteligencia en su contra, da cuenta de la necesidad de contemplar como uno de los factores que incide en los problemas seguridad el comportamiento de la fuerza pública (El Colombiano, 2016, mayo 17 y junio 15).

Finalmente, encendemos las alertas por el anuncio de la puesta en marcha de un batallón de fuerzas especiales para la seguridad urbana. La falta de memoria histórica expresada en la elaboración del Plan de Desarrollo, se ratifica con este tipo de decisiones; parece ser que a la administración municipal se le ha olvidado las graves consecuencias en materia de derechos humanos han tenido los operativos militares en la ciudad. Acaso ¿se quieren repetir las operaciones Mariscal y Orión?

Así las cosas, el escenario en el cual se desarrollan las actuaciones de la administración municipal y la fuerza pública, sigue siendo uno plagado de confusiones y ficciones en torno a la inseguridad y a la forma de garantizar condiciones de seguridad. Se requiere de un enfoque diferente, realmente integral, que tenga la capacidad de asegurar a toda la ciudadanía sus derechos fundamentales.

IV. Conclusiones: Un Estado débil fingiendo fortaleza

 Con gran acierto intelectuales como Robert Castel (2008) o Zygmunt Bauman (2008), han señalado que el concepto y la práctica de la seguridad han sufrido en las últimas décadas un empobrecimiento en su comprensión, pasando de ser concebida de manera amplia e integral, asociada a la protección, certeza y bienestar de todas las personas, hacia una concepción restringida, circunscrita a la protección personal y de la propiedad privada, así como a los problemas de la ley y el orden. En el mismo sentido, han señalado el debilitamiento que han sufrido las protecciones sociales –dirigidas al aseguramiento de los derechos socioeconómicos- que entraña el concepto de seguridad, concentrándose la gestión gubernamental, casi que de manera exclusiva, en las protecciones civiles.

Estos autores, como otros tantos (Santos, 2005 y 2009; Zolo, 2006; Martínez, 2006; Bourdieu, 2003) coinciden en señalar que los procesos políticos y económicos desatados por la globalización neoliberal son los responsables de la erosión de los mecanismos estatales y comunitarios de protección social, en aras del fortalecimiento de los mecanismos de libre competencia en el mercado. Al mismo tiempo señalan que, ante la incapacidad de los gobiernos para resolver los crecientes problemas sociales de la gran mayoría de las personas y comunidades, han logrado desviar la atención en materia de seguridad hacia los también progresivos problemas de delincuencia, fenómeno que han caracterizado como el paso del Estado Social hacia el Estado Penal o de Seguridad. Así las cosas, las medidas represivas que implementan los gobiernos de esta nueva forma estatal, tratan de ocultar sus flaquezas a la hora de atender las principales demandas sociales, exhibiendo en su lugar fortaleza interna a partir de la gestión y el control del delito.

Desde esta perspectiva teórica, consideramos que es necesario realizar un proceso de transformación profunda de las formas como se comprenden, explican y sienten los diversos problemas de inseguridad, violencia y criminalidad armada en la ciudad. En primer lugar, debe reconocerse que la pervivencia y persistencia de estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad es un asunto que atañe a toda la sociedad y no a una determinada y pasajera administración municipal.

En este sentido, las políticas que se tracen, deben tener una vocación de permanencia más allá de los exiguos períodos de cuatro años que dura el mandato de un determinado alcalde. Es por esto que la definición de los problemas y las agendas para superar las problemáticas que hemos venido enunciando, debe hacerse a partir de debates púbicos, colectivos y democráticos, que incluyan a la totalidad de los diversos sectores de la sociedad civil, en aras de ir construyendo una comprensión mucho más amplia de los problemas de seguridad.

Del mismo modo, es necesario superar los discursos y las prácticas securitarias que se han instalado en la ciudad. Una administración municipal no puede imponer, con cálculos electorales y fundamentados en el populismo punitivo, modelos de seguridad inconsultos y caprichosos.

Existen múltiples procesos organizativos de la sociedad civil que desde hace varias décadas le apuestan a una política de derechos humanos que incluya los problemas de seguridad como uno de sus elementos y no a la inversa como sucede en la actualidad.

Así las cosas, consideramos que es necesario dar un gran salto cualitativo en las políticas de seguridad, el cual se centre de manera prioritaria en la garantía de los derechos humanos, reconociendo la integralidad e interdependencia que existe entre ellos, pero que además de ser transversales, sean los presupuestos para la definición de los diferentes elementos y componentes del Plan de Desarrollo.

Referencias

 Bauman, Z. (2008). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI, Tercera edición.

Bourdieu, P. (2003). Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama S.A.

Caracol Radio:

(2016, Enero 18). Policía Metropolitana aumenta operativos en la comuna de Castilla de Medellín. En: http://caracol.com.co/emisora/2016/01/18/medellin/1453119988_669517.html

(2016, Marzo 1) Con pocos indicadores, Alcaldía de Medellín dice que recuperó el Parque Berrío. En: http://caracol.com.co/emisora/2016/03/01/medellin/1456869891_446543.html

Castel, R. (2008). La Inseguridad Social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial.

El Colombiano.com:

(2013, Septiembre 3). 87 años de cárcel para el clan de “los Chivos”. En: http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/87-anos-de-carcel-para-el-clan-de-los-chivos/6539

(2016, Marzo 1). Con recuperación del Parque de Berrío salieron 72 ventas de licor. En: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/recuperacion-del-parque-de-berrio-dejo-162-capturas-IH3678857

(2016, Julio 25). Identificados cuatro cuerpos abandonados en bolsas en el Aburrá. En: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/cuatro-muertes-ocultas-en-costales-en-medellin-y-bello-CX4624985

El Colombiano:

(2016, Marzo 1). Recuperación del Parque Berrío dejó 162 capturas.

(2016, Mayo 4). En la mira de E.U. presunto patrocinador de «la Oficina»

(2016, Mayo 5). Autopartes ilegales, una mafia de US$790 millones

(2016, Mayo 17). A la cárcel policía de la Interpol que vendía información a “los Urabeños”.

(2016, Mayo 19). En Copacabana incautan 310 millones de “los Urabeños”

(2016, Mayo 24). Fleteros, un fenómeno delincuencial en auge en Medellín.

(2016, Mayo 26). Cinco capturados por vender celulares robados en un centro comercial de Medellín.

(2016, Mayo 29). Policía ha identificado 1.800 fleteros en el Valle de Aburrá.

(2016, Junio 13). Golpe a alianza criminal para distribuir droga en el Aburrá.

(2016, Junio 17). Guerra de bandas delincuenciales disparó homicidios en Medellín.

(2016, Junio 23). Cayó en Medellín alias “Alejo Tucibí”, el supuesto capo de las drogas sintéticas.

(2016, Julio 2). Nuevos homicidios reabren debate sobre existencia de casas de tortura en Medellín.

(2016, Julio 5). Batallón de fuerzas especiales operará en Medellín en un mes.

(2016, Julio 6). Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares por el jefe de “la Oficina”

(2016, Julio 9). Policía capturó a dos cabecillas delincuenciales de Belén.

(2016, Julio 17). Cuatro conflictos afectan la vida en Medellín

(2016, Julio 20). Un muerto y ocho heridos tras balacera en Altavista.

(2016, Julio 28). Alias “Puto”, jefe de banda de Altavista, se entregó a las autoridades.

El Espectador (2016, marzo 14). La paz de la Oficina de Envigado.

El Mundo.com (2012, septiembre 15). Condenados varios “chivos”. En: http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/condenados_varios_chivos.php#.V6N-RbjhCUk

El Tiempo.com (2016, febrero 29). Esta es la nueva cara del Parque Berrío de Medellín. En: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/esta-es-la-nueva-cara-del-parque-berrio-de-medellin/16523526

Gaviria Correa, Aníbal (2015) Informe final de gestión. Plan de Desarrollo 2012-2015: Medellín, un hogar para la Vida. Disponible en: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo/RendicinPblicadeCuentas_0/Shared%20Content/PDFs/informe-gestion-2015-baja.pdf

Martínez de Pisón, J. M. (2006). “Las transformaciones del Estado: del Estado protector al Estado de seguridad”. En: Bernuz Beneitez, Ma. José y Pérez Cepeda, Ana Isabel (Coords.). La tensión entre libertad y seguridad. Una aproximación socio-jurídica. Logroño: Universidad de la Rioja. 55-70.

Minuto30.com:

(2016, Mayo 2). Comparendos y motos inmovilizadas dejó operativo de control en Robledo. En: http://www.minuto30.com/fotos-comparendos-y-motos-inmovilizadas-dejo-operativo-de-control-en-robledo/468159/

(2016, Mayo 7). Operativos de control en Castilla y la Comuna 7 dejan 39 motos inmovilizadas, armas y droga incautadas y una persona capturada. En: http://www.minuto30.com/fotos-operativos-de-control-en-castilla-y-la-comuna-7-dejan-39-motos-inmovilizadas-armas-y-droga-incautadas-y-una-persona-capturada/470689/

(2016, Mayo 14). Capturados por orden judicial, locales sellados y vehículos inmovilizados dejan operativos de control en Castilla y Robledo. En: http://www.minuto30.com/fotos-capturados-por-orden-judicial-locales-sellados-vehiculos-incautados-dejan-operativos-de-control-en-castilla-y-robledo/473456/  (2014, Septiembre 2). Integrantes de la banda criminal ‘los Chivos’ fueron condenados a 41 años. En: http://www.minuto30.com/integrantes-de-la-banda-criminal-los-chivos-fueron-condenados-a-41-anos/264799/

(2013, Septiembre 4). Sentencias para los integrantes de la Banda ‘Los Chivos’: No más de 12 años. En: http://www.minuto30.com/sentencias-para-los-integrantes-de-la-banda-los-chivos-mas-de-12-anos/180579/

Personería de Medellín (2015). Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín 2015. Disponible en: file:///C:/Users/Juan/Downloads/Informe-ddhh-2015.pdf

Publimetro (2016, marzo 3). Finalizada la primera etapa de la recuperación del centro de Medellín. En: http://www.publimetro.co/medellin/finalizada-la-primera-etapa-de-la-recuperacion-del-centro-de-medellin/lmkpcc!PEKg4FCzGSnOg/

Q´hubo:

(2016, mayo 4). Sigue ofensiva de la «Lista Clinton»

(2016, mayo 14). Llevaba $250 millones en la maleta.

Santos, B. de S. (2005). El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Madrid: Trotta/ILSA.

Santos, B. de S. (2009). Sociología jurídica crítica. Madrid: Trotta/ILSA.

Secretaría de Seguridad- Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia – SISC- Alcaldía de Medellín (2016). Informe de indicadores de seguridad y convivencia en Medellín. Periodo de análisis: enero 1 – junio 30 de 2016.

Zolo, D. (2006) Globalización. Un mapa de los problemas. Bilbao: Ediciones Mensajero.

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[1] Juan Esteban Jaramillo Giraldo (Investigador), Jorge Diego Sierra Arroyave (Coordinador)

[2] Homicidios por cada cien mil habitantes.

[3] El número de víctimas que aparecen registradas en el RUV son todas aquellas que han agotado los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y demás normas reglamentarias, esto es, que hayan realizado una declaración ante cualquier oficina del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación o Personerías), y que tal declaración haya  sido valorada de manera positiva por la UARIV de acuerdo con los estándares establecidos en la misma Ley 1448 para el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, lo cual implica que víctimas de otros tipos de eventos, como los de delincuencia común, pueden no ser reportadas en este registro. En este sentido, existe una muy alta probabilidad de subregistro, razón por la cual el número de víctimas posiblemente pueda ser mayor al reportado por el RUV.

[4] Modalidad de hurto a personas que acaban de retirar dinero de entidades bancarias por parte de actores armados que se transportan en motos o automóviles.