Conocer toda la verdad, saber qué pasó con las personas desaparecidas o secuestradas, recuperar el tejido social de las comunidades y, sobre todo, cumplir el sueño de que cesen todas las violencias en sus regiones, son algunas de las expectativas que tienen los integrantes de la Mesa de Víctimas de la Sociedad Civil en Antioquia.
“Hoy en nuestros territorios todavía hay presencia de grupos armados y lo que queremos es que cese esa violencia”, expresó Martha Ligia Pulgarín, líder de víctimas del Occidente antioqueño y vocera de la mesa de la sociedad civil en Antioquia.
Por eso, esta mesa ratificó su respaldo al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en La Habana (Cuba), así como a la refrendación de los acuerdos.
Según Catalina Cruz, investigadora de la Corporación Región que acompaña la mesa de la sociedad civil, el proceso con este grupo insurgente ayudará a que “en muchos municipios, donde las FARC tienen presencia, se reduzca el daño a los líderes de víctimas”. Sin embargo, agregó, aún habrá otras violencias que será necesario superar.
En Urabá, por ejemplo, los derechos de los campesinos vienen siendo vulnerados en medio de la ofensiva del Ejército y la Policía contra la banda pos paramilitar Los Urabeños; operativo que está ocasionando desplazamientos y restricciones a la movilidad, denunció Ángela Salazar, líder de víctimas de esa región y vocera de la mesa de la sociedad.
Por ello, Martha Pulgarín aseveró que “la paz no está en La Habana. La paz hay que construirla en los territorios con apoyo del Gobierno, pero con justicia social.”
Y en este asunto la asalta un temor: que no ocurra otro genocidio como el que sufrió la Unión Patriótica; partido político conformado tras el acuerdo de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, firmado el 28 de marzo de 1984.
Ángela Salazar, también tiene sus reservas sobre el compromiso real que tendrán los gobiernos con la implementación de los acuerdos. Su inquietud es “¿cómo lograr que haya voluntad política para que esas directrices del alto gobierno lleguen a lo local?” Dificultad que ha sido evidente en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras — Ley 1448 de 2011, y que podría repetirse con los acuerdos de paz.
La preocupación es apenas obvia, según Gloria Alzate, socióloga de Conciudadanía, “los alcaldes no tienen propuestas para las víctimas porque sienten que es responsabilidad del Gobierno Nacional.”
«Y si muchos gobiernos locales no tienen estrategias para las víctimas ni que decir de las propuestas para la paz.”
Agregó Catalina Cruz, al subrayar que los acuerdos deben tener base presupuestal, a fin de que no se repita lo que ha sucedido con la ley de víctimas, la cual descargó obligaciones en diferentes instituciones sin dotarlas de recursos humanos y económicos necesarios.
Esto resulta fundamental, porque de la manera como se concreten los acuerdos en los territorios, dependerá la forma como se garanticen o no, de manera efectiva, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la NO repetición.
En el primer campo, Ángela Salazar espera que “la verdad no sólo venga de los actores armados, sino también de aquellos que rodearon el conflicto.”
A lo que Catalina Cruz, agregó que esa verdad deberá contribuir a saber dónde están los desaparecidos o los secuestros, y a establecer responsabilidades de quienes participaron directa o indirectamente del conflicto armado colombiano.
Pero la paz también implicará “pensar en salidas para diferentes conflictos, como los que ocurren con las bandas criminales”, advirtió Martha Pulgarín.
Sobre este punto, la investigadora de Región piensa que, “si se firma la paz con las guerrillas, es posible que tengamos que pensar en una ley de víctimas más amplia”, es decir, una que permita el reconocimiento y la reparación integral de las de estos grupos pos desmovilización paramilitar.
Estos desafíos dejan claro que aunque exista una ley que cobija a las víctimas del conflicto, el país avanza en nuevos procesos y requiere más transformaciones para atender las reivindicaciones de quienes han sufrido la violencia.
Por eso esta mesa de víctimas, externa a la institucionalidad creada por la Ley 1448 de 2011, se propone desde la sociedad civil continuar haciendo incidencia política para lograr los cambios necesarios.
