El Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo formulario toma cerca de hora y media y no hay suficiente personal para atender la demanda de usuarios. La Personería de Medellín ya otorgó citas hasta agosto y la Defensoría departamental hasta septiembre; para ambas instituciones falta apoyo del Gobierno Nacional.
“La principal dificultad está en los formularios porque son dispendiosos y requieren mucho tiempo para llenarlos. Eso ha hecho muy lento el proceso y ha obstaculizado la atención a las víctimas”, señaló el personero municipal, Rodrigo Ardila, al explicar que su entidad tiene seis funcionarios dedicados a llenar estos documentos, pero aún requiere personal.
En la Defensoría la situación es más difícil, por falta de presupuesto sólo hay dos duplas conformadas por un abogado y un psicólogo, quienes dividen sus jornadas entre el Registro Único de Víctimas y las asesorías a beneficiarios de Justicia y Paz. Por este motivo sólo tramitan formularios en las horas de la mañana.
En lo corrido del año la Personería de Medellín ha diligenciado más de 4 mil formularios y la Defensoría de Antioquia cerca de 600, ambas instituciones hacen su mayor esfuerzo dependiendo de los recursos y del personal que tienen, pero el elevado número de usuarios rebosa sus capacidades.
Sandra Rúa, psicóloga de la Defensoría, explicó que la Ley de Víctimas se puso en marcha en enero de este año y la atención se desbordó en febrero, “ya no alcanzábamos a atender a la gente en un solo día y las personas amanecían afuera. Entonces implementamos un sistema de citas, primero las dábamos cada semana y luego cada mes.”
La demanda fue tan alta que a la última convocatoria de la institución asistieron 2 mil 500 personas que hicieron dos filas alrededor de la manzana. Ese día se repartieron 600 turnos y se copó la agenda de citas hasta septiembre. Por eso, el abogado de la Defensoría, Laureano Díaz, afirmó que “son muchas las víctimas que aún esperan una cita, porque la Personería y hasta la Procuraduría están la misma situación de nosotros.”
La desinformación también satura el proceso porque muchas personas no tienen claro el concepto de víctimas que cobija la ley. “Está llegando gente que no reúne las condiciones porque son casos de narcotráfico o bandas criminales y, aunque les expliquemos que los beneficios son para víctimas de la guerrilla o los paramilitares, insisten en que se quieren inscribir y nuestra obligación es llenarles el formulario”, explicó la psicóloga de la Defensoría, Elva Aurora Martínez.
Estas dificultades aumentan la demora para diligenciar el registro y generan retrasos en las citas, por ende la carga laboral se incrementa y los funcionarios excedan sus horarios de trabajo. El futuro no es más alentador, desde ahora psicólogos y abogados se preparan porque piensan que la justicia no podrá definir de forma ágil todos los procesos y eso les acarreará más trabajo con las demandas.
La justicia también podría saturarse con el registro de víctimas
Uno de los principales retos de la Ley de Víctimas será resolver los miles de procesos que se acumulen durante su ejecución, el problema es que aún no hay suficientes funcionarios para hacerlo, eso piensa el abogado Gerardo Vega Medina, presidente de la Fundación Forjando Futuros, quien señala que no debe ocurrir lo mismo que en Justicia y Paz.
“Estamos terminando justicia y paz con una deuda inmensa. Fracasó en el tema de justicia, verdad judicial y reparación a las víctimas por el número desbordado de procesos que no pudieron sacarse adelante. Vamos para 8 años y no se han logrado sentencias de forma definitiva de un número representativo de víctimas, no pasan de 9 las sentencias”, manifestó Vega Medina.
En ese sentido el abogado de la Defensoría, Laureano Díaz, se pregunta si habrá capacidad para valorar todas las declaraciones que ha tomado el ministerio público. Él piensa que “van a saturarse nuevamente las instituciones porque para exigir celeridad empezarán a instaurarse derechos de petición, reposición, tutelas y órdenes de desacato.”
Para enfrentar una eventual avalancha de reparaciones, Gerardo Vega propone el desarrollo de procesos colectivos, herramienta que está contemplada en la nueva ley. Esto implica un proceso conjunto para las víctimas de un hecho violento en una misma época, por un mismo victimario y con el mismo modus operandi.
“Creo que la línea debe ser esa, las reparaciones colectivas. Para dar un ejemplo en Urabá son más de tres mil reclamantes, entonces serían más de tres mil procesos judiciales. Mientras que con 10 ó 15 procesos colectivos se estarían cubriendo las tres mil víctimas en esa región”, aclaró Vega Medina.
Pero para implementar soluciones falta más iniciativa del Gobierno Nacional. En ese sentido el personero de Medellín, Rodrigo Ardila, asegura que “el ministerio público no ha recibido suficiente apoyo y que las personerías se están quedando solas en el proceso.”
Gobierno debe darle un apoyo decisivo al registro de víctimas
Aunque uno de los propósitos del Registro Único de Víctimas es evitar que las personas estén “paseando” de una oficina a otra en busca de ayuda, la saturación ha convertido el proceso en lo contrario. Las víctimas pasan de la Defensoría a la Procuraduría y de ésta a la Personería en busca de una cita. Además en algunos municipios las personerías no han iniciado la inscripción y por eso las personas viajan hasta las ciudades para registrarse.
Al parecer el primer inconveniente es que faltan estrategias de comunicación para informales a las personas que tienen hasta 4 años de plazo, siempre y cuando hayan sido victimizadas antes de la aprobación de la ley. De esa forma el ideal del presidente Juan Manuel Santos de que el proceso sea gradual y sin oficinas atiborras, sería más tangible.
El abogado de la Defensoría, Laureano Díaz, piensa que la información sobre la Ley de Víctimas debería difundirse en mayor medida en los medios de comunicación para aclararles a las personas el concepto de víctimas que cobija la Ley y el proceso que deben realizar para inscribirse. Esto también ayudaría a combatir la intermediación que, aunque en menor medida, al parecer persiste.
Sin embargo, el jurista piensa que el apoyo del gobierno al ministerio público debería ser más trascendental, porque “desde la misma norma se establece la creación de cargos dentro de las instituciones para que puedan atender a todas las personas. Esa no es una ley cualquiera es la ley que recogió todos aquellos mecanismos de reparación y de articulación para las víctimas. Pero en la mayoría de entidades hay dificultades por falta de recursos”, aclaró Laureano Díaz.
Mientras el apoyo llega, algunos, como el personero Rodrigo Ardila, pone sus esperanzas en las administraciones municipales y, en este caso, en el presupuesto que le otorgue la Alcaldía de Medellín a la Ley de Víctimas, porque su meta es agilizar la entrega de citas para atender todas las solicitudes de registro.
Pero sin el adecuado acompañamiento del gobierno nacional el Registro Único de Víctimas será apenas uno de los primeros inconvenientes que deberán sortear las instituciones públicas, porque la ejecución de la ley apenas comienza y se esperan más procesos de gran envergadura.
