El pasado 14 de julio, Fabián Alberto Álvarez, un líder de la vereda La Loma en el corregimiento de san Cristobal se desplazaba en una motocicleta con una de sus hijas cuando fue alcanzado por las balas de quienes aún y pesé a las denuncias que él y otros vecinos habían colocado anteriormente, siguen gobernando la zona, amenazando y amedrantando a la comunidad.

Álvarez, ya había sido desplazado de este sector el pasado 15 de mayo de 2013, junto a otros 22 núcleos familiares como consecuencia de las intimidaciones, amenazas y homicidios selectivos cometidos por un grupo paramilitar que actúa en la zona desde hace más de una década y que hoy lo asesinan delante de su familia.

Desde el 2013 él,  su familia y las otras 78 personas que fueron desplazadas, iniciaron un largo y espinoso camino, por conseguir apoyo de las autoridades locales y por el retorno a su territorio. Han sido ya cuatro años y dos meses de denuncia, interlocución y exigencias a la institucionalidad pública representada en la Alcaldía de Medellín y sus diferentes entidades y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las víctimas, con el fin de lograr adelantar un plan de retorno con garantías de dignidad, seguridad y voluntariedad, que no ha dado frutos y que hasta hoy solo ha conseguido que esto se convierta en un proceso de regreso obligado y no de retorno.

Del proceso que han adelantado dan cuenta múltiples derechos de petición interpuestos ante la institucionalidad pública, así como una acción de tutela. La radicación de “manifestación de inconformismo a planes de atención a víctimas del conflicto armado. Caso Vereda La Loma, Sector San Gabriel, corregimiento de San Cristóbal”[1]

Sumadas a las acciones  jurídicas emprendidas por las familias y las organizaciones que acompañan este proceso, también se han adelantado reuniones periódicas realizadas con la institucionalidad, desde entonces y a la fecha, en las cuales se ha insistido por el restablecimiento de los derechos de las familias y de la problemática en temas de seguridad. Se han solicitado informes y conceptos sobre el tema de seguridad y la intervención del municipio en la zona, pero en diferentes oportunidades, se le contestó a la comunidad que  según el concepto de la policía Nacional “están dadas todas las condiciones para el regreso de estas familias y de hecho tres familias en San Gabriel y casi la totalidad de las familias de El Cañón han regresado”

Sin embargo, en abril de 2015, las familias de La Loma radicaron ante la institucionalidad, el documento SAN GABRIEL TERRITORIO DE PAZ, en el cual, realizaban una serie de propuestas para retorno y reubicación de las familias, en el cual desarrollaron componentes como vulnerabilidad, seguridad, dignidad, vivienda, legalización de predios, adecuación comunitaria, educación, generación de ingresos, solución de la situación militar de los jóvenes víctimas, de ello, se dio respuesta parcialmente, solo algunas entidades asumieron compromisos frente a estas propuestas, mientras otras han hecho caso omiso de los llamados que la comunidad ha realizado.

Para finales de agosto de 2015, todas las familias excepto una ya habían regresado a La Loma, para ese entonces se pudieron verificar varias acciones violentas como el homicidio cometido el 17 de agosto de ese año en La Capilla, sector Loma Hermosa, una balacera en el sector, el 20 de agosto en donde se observaron a miembros de la Fuerza Pública disparando desde la calle del frente hacia las viviendas de la Loma, ese mismo mes el 21 de agosto hacia las 11:30 de la noche, se escuchó otra balacera en la que fueron asesinadas dos personas y otra más fue herida, a los pocos días hacia las 3:00 de la tarde del 25 de agosto un hombre de 31 años de edad es asesinado en su casa y desplazada su familia, luego al viernes 28 de agosto nuevamente se escucha en el sector el estruendo de las balas, que dan cuenta de las nulas garantías de seguridad que hay en dicho sector. Algunos de estos hechos fueron registrados por la prensa local.

La sensación de miedo e intranquilidad en los habitantes del sector es real. Se evidencia con la deserción escolar, que va en aumento.  Durante el 2015 se observa de nuevo a las madres acompañando a sus hijos hasta el paradero de buses para ir a estudiar, pues la sensación de miedo es profunda. A partir de las 6:00 pm no se ven personas en la calle, ni mucho menos jóvenes. Es como si hubiera un toque de queda permanente al que las autoridades le hacen caso omiso.

Para 2016, se continuó haciendo llamado a las entidades como subsecretaría de derechos humanos, unidad municipal de atención a víctimas, secretaria de seguridad humana, frente a la delicada situación que continuaba atravesando el sector y las familias, llamado por medio de citaciones periódicas a reuniones durante el 2016, manifestaciones de manera verbal a las entidades, pero, nuevamente, se afirmaba que se venía interviniendo la zona, aunque la realidad demostrara lo contrario. Las familias continuaban expresando sus preocupaciones sobre todo en el tema de seguridad.

Para el 2017, en reunión adelantada en marzo las familias manifestaron nuevamente, situaciones de “vacunas”, extorsiones, homicidios en la zona, lo que desencadenó el desplazamiento nuevamente de una de las familias. Todo lo relatado por las familias y el seguimiento paso a paso de esta situación por parte de la Corporación Jurídica Libertad, como organización que acompaña las familias, dejan ver la falta de voluntad de la administración local para emprender acciones eficientes y oportunas que permitan la garantía de los derechos y la vida de quienes habitan este territorio.

Fabián Alberto Álvarez, venía desde mayo de este año, nuevamente manifestando su preocupación por lo ocurrido, por lo que decidió convocar un acto cultural y recreativo el 02 de julio entre los habitantes para recobrar la confianza en el territorio y en las autoridades, a pesar de que el acto se realizó con éxito, su voz no hizo eco entre quienes debían prestar seguridad a los ciudadanos y  fue apagada por sicarios al servicio de los paramilitares que siguen habitando La Loma.

Desde la Corporación Jurídica Libertad rechazamos de manera vehemente el asesinato de Fabián Álvarez y exigimos que se brinden las garantías necesarias para la permanencia en el territorio de La Loma, de todas las familias que allí habitan, exigimos muestras reales por parte de las autoridades locales para el desmantelamiento del paramilitarismo en la ciudad de Medellín y convocamos a la institucionalidad a que haga presencia de manera seria y comprometida con las familias afectadas.

La comunidad San Gabriel La Loma, ha elevado las banderas de ser este un territorio de paz, pero realmente, el conflicto armado de la ciudad de Medellín no los ha dejado, este proceso ha sido la respuesta tan solo de un falso proceso de retorno.

[1] Radicado 201400056542