A través de un sondeo de opinión, realizado por investigadores del IPC entre mayo y julio de 2017, la mayor parte de los actores comunitarios, sociales e institucionales encuestados en Segovia e Ituango señalaron que empresas minero-energéticas, como Gran Colombia Gold e Hidroituango, violan derechos de las comunidades y sus territorios.
Mónica Rojas, investigadora del IPC y coordinadora del proyecto “Derechos sin estigmas: estándares de DDHH, empresa y veeduría ciudadana en 2 municipios de la región de Nudo de Paramillo”, explicó que a través del sondeo se midió la percepción de 201 actores locales sobre los impactos que han generado las empresas minero-energéticas en la situación de derechos humanos de ambos municipios.
En efecto, 102 actores de Ituango y 99 de Segovia –tanto de cascos urbanos como de zonas rurales– respondieron la encuesta, que constó de 37 preguntas de respuesta única y múltiple. Entre ellos, se contaron campesinos, mineros, comerciantes, funcionarios públicos, entre otros, quienes participan en procesos sociales o trabajan en instituciones públicas.
1. El 65,2% de los encuestados considera que las empresas violan derechos
Más de la mitad de los encuestados, específicamente el 65.2%, plantearon que las empresas minero-energéticas violan derechos humanos de las comunidades donde están asentadas; frente a un 14,9% que respondieron lo contrario. El resto de los participantes, equivalente al 19,9%, dijeron que no sabían o se abstuvieron de indicar respuesta alguna.
Respecto a los derechos vulnerados por las empresas, los actores locales describieron: daños al medio ambiente (fauna, flora, aire y fuentes hídricas); impedimentos para la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio, debido a desplazamientos; dificultades para acceder a trabajo digno y pérdida de la actividad tradicional, entre otros.
En relación con ello, el 57,2% de los encuestados coincidieron en que son mayores los impactos negativos que generan las empresas minero-energéticas en las comunidades y sus territorios, en comparación con los efectos positivos. No obstante, un 29,9% respondió que son mayores los efectos positivos, otro 10% contestó que las empresas no han generado impacto y un 2,9% no respondió.
En ese sentido, los participantes adujeron que los principales impactos son, en su orden, afectaciones al medio ambiente; despojo de tierras y/o venta forzada a bajo precio; amenazas y/o agresiones a personas y comunidades; impedimentos para la movilidad y el transporte en el territorio. Y agregaron otros como la contaminación, las afectaciones a la salud y el desempleo.
2. Tensión entre empresas-comunidades-Estado
Sobre la relación empresas-comunidades, el 54,7% de los encuestados señaló que las empresas asentadas en sus municipios no consultan de forma libre e informada a las comunidades antes de empezar a desarrollar sus proyectos minero-energéticos. Esa sería una de las causas principales de conflictos, junto con la ausencia de espacios de socialización durante el desarrollo de los proyectos.
Además el 68% de los participantes afirmó que el nivel de posibilidad que tienen las comunidades para hacerles control social a las empresas minero-energéticas es “Bajo”. De hecho, el 86% de los encuestados no conoce procesos de veeduría a las empresas en sus municipios y consideran que no hay suficiente formación para realizar ese proceso, con sus respectivos riesgos.
Y ante posibles casos de conflictos entre empresas y comunidades, el 69.2% de los actores encuestados prevén que las instituciones del Estado protegerían a las primeras por encima del bienestar de las comunidades. De ahí que el 49.3% de los participantes desconfíen de la institucionalidad de sus municipios como actores capaces de resolver esos posibles conflictos.
3. Empresas deben respetar, proteger y reparar
La Organización de las Naciones Unidas divulgó en 2011 el “Marco Ruggie”, que pretende imponer tres principios rectores para mediar en la relación empresas y derechos humanos. Aunque aún no es vinculante, les exige a las empresas respetar los DDHH, al Estado proteger a las comunidades y, a ambos, reparar el daño ocasionado por el accionar empresarial.
Partiendo de ese planteamiento, el 83,6% de los participantes en la encuesta indicaron que las empresas minero-energéticas que hacen presencia en sus municipios están obligadas a respetar los DDHH; mientras que el 5,5% eligieron la opción “algunas veces”. Los demás, dijeron no saber o prefirieron abstenerse de responder.
Tanto el “Marco Ruggie” como la respuesta anterior aplican no solo para Gran Colombia Gold e Hidroituango, pues “si bien fueron señaladas por los encuestados como las empresas más grandes y las que más impactos generan en las comunidades y sus territorios, hay otras compañías extractivas que también tienen títulos para explorar y explotar recursos minerales”, afirmó Soledad Betancur, investigadora del IPC.
Por otra parte, el estudio reveló que “los actores locales consideran que las empresas minero-energéticas presentes en sus territorios pueden aportar a la construcción de paz, a través de acciones como el cuidado del medio ambiente; la inversión social en salud, educación y vivienda; la generación de empleos dignos y el fortalecimiento a espacios de participación ciudadana”, concluyó la investigadora Mónica Rojas.
El sondeo de opinión fue realizado por el IPC como parte de las actividades del proyecto “Derechos sin estigmas: estándares de DDHH, empresa y veeduría ciudadana en 2 municipios de la región de Nudo de Paramillo”, que cuenta con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
