Siete hermanos huyeron con sus padres de la vereda Caño Pescado en el municipio de Nechí en 2010. Una década después el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería falló a favor de ellos y les restituyó seis predios que juntos suman unas 561 hectáreas, en una zona donde se conectan tres departamentos: Antioquia, Córdoba y Bolívar.
El nombre de los protagonistas no los revelamos por solicitud de la familia, aún desplazada en varios lugares de Antioquia. El padre de esta familia llegó a Nechí en 1964 y compró una extensión gigante de tierra que su familia supo destinar al cultivo de arroz. Con los años, este les fue vendiendo a sus hijos parte de la tierra y ellos continuaron allí como agricultores y ganaderos. Al ubicarse estos terrenos en la región de La Mojana, en donde las ciénagas están interconectadas por caños y el agua sube y baja según la temporada del año, sus habitantes están acostumbrados a vivir entre la tierra y el agua y a adecuar su trabajo a estas temporadas. Los llaman pueblos anfibios.
La familia supo de la guerrilla del ELN desde los años setenta, de la guerrilla de las Farc, de la guerrilla del EPL, de los bloques Mineros y Central Bolívar de las AUC. Éstos hicieron presencia a mediados de los noventa hasta su desmovilización. Sin embargo, los grupos herederos del paramilitarismo permanecen en esta región del país, aprovechando las rentas ilegales de la minería y el cultivo de hoja de coca.
Uno de los hijos recuerda que un día encontró a una persona asesinada en los potreros y rastros de sangre en otras partes de la finca. Desde entonces “cogimos miedo”, dice. Los recuerda vestidos con prendas civiles, con armas largas y cortas y en grupos de entre ocho y diez hombres. La familia no supo identificar quiénes eran, por eso la sentencia que les restituye la tierra no lo dice. Lo que sí asegura el documento es que el despojo se dio “en un contexto de violencia perpetrado por los grupos armados al margen de la ley, Bandas Criminales, Paramilitares, ordenadores del planeado y sistematizado proceso de obligar a través de un influenciado miedo y temor al abandono de las fincas”.
La presencia permanente de este grupo heredero del paramilitarismo, les generó más miedo a la familia, víctima en 1991 del secuestro de uno de sus miembros, a manos de las Farc. Tuvieron que pagar 25 millones de pesos por su rescate. No fue fácil convencer al padre, pero ante el miedo y la amenaza de que algo les sucediera, a mediados de 2010 decidieron irse de la tierra, allá quedaron las máquinas, el tractor, sus repuestos, la tierra, el proyecto familiar. Perdieron las reses y los cultivos de arroz.
Según la Defensoría del Pueblo, entre 2008 y 2012 en el Bajo Cauca hubo un conflicto entre las estructuras denominadas Águilas Negras, Rastrojos, Paisas y Oficina de Envigado, “conflicto que terminó con la intervención de agentes ilegales extranjeros (puntualmente carteles mexicanos dedicados al narcotráfico), y que entre 2012 y 2017 mantuvo en un ambiente de tregua y de mutua sociedad en las rentas ilegales a los diferentes actores armados que operaban en el Bajo Cauca, incluidas las guerrillas de las FARC-EP y ELN”.
Dice uno de los hijos, que regresaba a la tierra cada tanto a mirar cómo estaba, “al quedar abandonada la finca, los potreros quedaron en nada, las divisiones todas se perdieron, todo se acabó, uno no denunció por miedo.”
Una hija asegura que “si hubiésemos denunciado a esa gente no estaríamos vivos, yo desde que salí no he vuelto por allá. Me considero víctima porque no he podido regresar a mi pueblo ni a vacaciones; antes sembraba arroz y ahora no puedo ni percibir un peso”. Por eso hoy hay rastrojo, una casa familiar deteriorada y los potreros destruidos.
Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en Bajo Cauca ya fueron proferidas por jueces y magistrados 135 sentencias con las que se han restituido 2.916 hectáreas de tierra en el Bajo Cauca, de las cuales se han beneficiado 182 familias de municipios como Nechí, Caucasia, Cáceres y El Bagre.
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Dice Dina Luz Montalvo, directora territorial de la URT en Córdoba y Bajo Cauca, que Nechí es el municipio en el que más han avanzado la restitución en esa región de Antioquia. Ya hay 72 sentencias que benefician a 78 familias. Fueron restituidos 85 predios y 921 hectáreas.
Recientemente, Montalvo le dijo a la Agencia de Prensa IPC, que otro de los casos significativos del Bajo Cauca fue la restitución de 6.233 metros cuadrados a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre 1, en zona rural de Caucasia, y la restitución a 18 familias víctimas de las bandas criminales en la vereda Anará en Cáceres, a quienes les devolvieron 297 hectáreas.
Sin embargo, la familia a quien le acaban de restituir se enfrenta a un problema de seguridad. Porque si bien en Nechí hay casos de restitución, lo paradójico es que allí hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparros y las disidencias del antiguo Frente 18 de las Farc.
Dice la URT que aún no ha avanzado en la restitución de tierras por razones de seguridad en municipios como Necoclí, Turbo, Amalfi, Briceño, Ituango, Remedios, Segovia, Anorí, Valdivia, El Bagre, Zaragoza y Tarazá. Lo paradójico es que avanza en otros municipios del Bajo Cauca y Urabá en donde perviven los actores armados ilegales y donde son conocidos los problemas de violencia y seguridad.
A esto se suma la Alerta Temprana 45 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, la cual alerta por el riesgo que corren los habitantes de todos los municipios del Bajo Cauca, entre ellos Nechí. En dicho documento se alerta por la seguridad del corregimiento Colorado, al que pertenece la vereda Caño Pescado, donde se ubican los seis predios restituidos.
En los últimos tres años fueron desplazadas más de 50 mil personas de esa región, y asesinadas 261. Por eso desde 2018 la Defensoría ha emitido seis alertas tempranas para el Bajo Cauca. En la actualidad, aseguran, las AGC tienen el control de casi todo el Bajo Cauca. En Tarazá tiene la sede del Bloque y Frente Julio César Vargas, mientras que el Frente Francisco Morales Peñata controla municipios como Zaragoza, El Bagre y Nechí.
Asegura la Defensoría del Pueblo que el proceso de restitución de tierras se ha visto obstaculizado por la arremetida violenta. Si bien los municipios Cáceres, Caucasia y Nechí ya están microfocalizados para avanzar en la restitución, en estos “hay grandes procesos que tienen un número alto de beneficiarios en riesgo”, “alto riesgo también tiene los procesos de Caño Pescado y Londres en Nechí”.
A esta familia le acaban de restituir su tierra luego de diez años. ¿Podrá regresar a Nechí en este contexto de violencia?
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