A modo de escapulario, Blanca Nubia Correa porta la fotografía de su sobrino desaparecido. El retrato es de un muchacho sonriente, que usa camisa blanca y sostiene una rosa roja. Cuenta que se llamaba Juan Camilo, tenía quince años y estudiaba el bachillerato. La última vez que lo vio su familia fue la tarde del 2 de mayo de 2003 en el sector Villa Laura, de la Comuna 13.
«A las cinco de la tarde, vino de mercar con la abuelita. Luego, salió a tomarse una gaseosa y no lo volvimos a ver», recuerda. «Desde ese día, hemos denunciado y lo hemos buscado: nos dijeron que estaba por tal parte y por allá fuimos, pero no lo encontramos; ni siquiera hemos recibido una llamada para saber de él».
Es jueves 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, por lo que ella y otras integrantes de la Asociación Mujeres Caminando por la Verdad se reúnen en la entrada de La Arenera, una cantera explotada por la empresa El Cóndor S. A. en el occidente de Medellín. Mientras se resguardan del sol bajo árboles, insisten en que en ese depósito de material de construcción estarían enterrados algunos de sus familiares retenidos y asesinados.
“En Colombia hay más de 86.000 desparecidos”, se lee en una de las pancartas que exhiben durante el plantón. Ese es el dato que calculan las organizaciones de víctimas y defensoras de DDHH, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al cual se halla adscrita la Asociación y sus cerca de 180 integrantes.
Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sitúa la cifra en 82.998, en un periodo comprendido entre 1958 y el 15 de noviembre de 2017. Eso sin tener en cuenta el subregistro, que impide tener claridad sobre el total de víctimas de desaparición forzada que hay en el país.
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Entre las mujeres que participan en el plantón está Martha Soto, coordinadora del Movice en Antioquia. Sostiene un documento de 38 páginas, firmado por ella y otras ocho personas. Es la copia de un membrete que, el día anterior, le enviaron a Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De aquel, lee un fragmento para periodistas y funcionarios:
Le solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que decrete medidas cautelares anticipadas sobre los 16 lugares, ubicados en cinco departamentos, donde se presume que existen restos de personas dadas por desaparecidas, con el objetivo de reparar a las víctimas y preservar la memoria colectiva del conflicto.
Luego, Soto precisa que cuatro de esos lugares se hallan en Antioquia, uno de los departamentos con más víctimas del conflicto armado interno. Así lo evidencia el Registro Único de Víctimas (RUV): de los 47.080 casos de desaparición forzada que se han denunciado en el país –la mayoría de los cuales se halla en la impunidad–, 11.153 son de esta región.
El primer lugar que aparece en el documento es la zona aledaña a la represa Hidroituango. Allá, paramilitares del Bloque Mineros habrían asesinado y enterrado centenares de víctimas a la orilla del río Cauca, según reconoció la Fiscalía en 2015. Esa misma entidad, reportó la exhumación de 159 restos, de los cuales se han identificado y entregado alrededor de 50.
«Teníamos un proceso para ir con la Fiscalía a buscar unos desaparecidos en las riberas del Cauca. Ya teníamos los referentes: los árboles, cerca de donde estaban enterrados, porque uno como barequero se daba cuenta. Pero cuando faltaba como una semana para ir, represaron el río», sostiene William Gutiérrez, integrante del Movimiento Ríos Vivos y damnificado de Puerto Valdivia por la emergencia ocasionada ante la inundación descontrolada de Hidroituango.
Posteriormente aparece descrita la violencia en la Comuna 13. “Durante el año 2002 se realizaron en esa Comuna al menos 19 operaciones militares, cerrando con la Operación Orión que inició el 16 de octubre y se prolongó por varios meses. Dichos operativos contaron con el apoyo y participación del Bloque paramilitar Cacique Nutibara de las AUC”.
A partir de ello inició el proceso de Mujeres Caminando por la Verdad. Acompañadas por otras organizaciones, denunciaron las desapariciones y entierros clandestinos en la Comuna. Hasta la fecha, el Movice ha documentado cerca de 200 de esos casos, pero “la falta de investigación no permite tener certeza sobre el número de víctimas”, señala el documento.
Los otros dos lugares son el municipio de Puerto Berrío, donde los habitantes han recuperado cuerpos del río Magdalena y los han enterrado, aún sin identificar, en el cementerio local; y los corregimientos Altamira y Luciano Restrepo del municipio de Betulia, donde el RUV reconoce 38 desapariciones forzadas, aunque los familiares aseguran que fueron muchas más.
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Permanecer en La Arenera, cuando está en funcionamiento, es doloroso para las mujeres que integran la Asociación. Aun así, continúan reunidas junto a un par de edificaciones y a la sombra de los árboles, desde donde se escuchan motores y golpes metálicos. Un poco más arriba, donde la montaña está carcomida, sin capa vegetal, opera la cantera.
«Buenos días. Mi nombre es Margarita Restrepo. Hoy estamos aquí para exigir los derechos», se presenta una de las mujeres que encabeza el acto simbólico que prepararon. «Le exigimos a este gobierno que se acuerde que nosotros estamos buscando a nuestros seres queridos. ¡El Estado no nos puede olvidar más!»
Mientras se dirige a un par de funcionarios de la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía, Margarita simula que excava la tierra. En el acto, su voz se mezcla con el sonido agudo e intermitente que produce la pala al ser rastrillada contra el pavimento. A su turno, otras mujeres que también están dotadas con cascos amarillos y herramientas de obrero, repiten la escena.
«Hoy quiero entregarle esta luz: que sea la que ilumine el camino para que encuentren a todos nuestros familiares desaparecidos», le dice Luz Elena Galeano, lideresa de la Asociación, a uno de los funcionarios. «Y que se comprometan nuevamente con la exhumación, con la búsqueda acá en las escombreras de la Comuna 13».
Ella, esposa del desaparecido Luis Javier Laverde, aseguró minutos antes que se sienten revictimizadas. Al finalizar la primera fase de búsqueda en La Escombrera, en diciembre de 2015, las autoridades locales se comprometieron a continuar en 2016. Casi tres años después, consideran que las labores no se han reiniciado en ese sector por negligencia del Estado.
«También estamos exigiendo que nos digan dónde se encuentra el dinero que quedó de las excavaciones del primer polígono, para continuar con la búsqueda de nuestros familiares. Porque, como ustedes saben, desde el año 2015 quedaron unos recursos en la Alcaldía de Medellín», indaga Luz Elena. Luego le entrega la vela encendida al funcionario
Luz Elena se refiere a cerca de 1.350 millones de pesos que quedaron disponibles para continuar con la segunda fase de búsqueda en La Escombrera. Ya en la primera fase se habían invertido 1.500 millones, con los cuales peritos de la Fiscalía excavaron 3.713 metros cuadrados, pero no hallaron restos óseos. Eso, dicen las mujeres, se debió a que no hubo suficiente planeación.
«Hoy es un acto simbólico, pero más adelante vamos a coger las palas de verdad y vamos a mover las tierras de las escombreras», advierte Margarita con tono vehemente. «No queremos más promesas, queremos cumplimiento», concluye al entregarle la pala a una funcionaria, quien la coloca junto a las velas encendidas que rodean un jarrón con flores.
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Desde atrás de las pancartas, Martha –que busca a su hermano desde el 15 de julio de 1985– continúa leyendo apartes del documento dirigido a la JEP. Ahora, especifica las tres medidas que el Movice considera pertinentes para garantizar la protección de los lugares donde podrían estar enterrados, legal o ilegalmente, los cuerpos de algunos desaparecidos:
–Primera: se realicen las gestiones necesarias para que se suspendan los procesos de explotación minero-energética y otros que ponen en riesgo la conservación de los restos de las personas dadas por desaparecidas. De manera especial lo relacionado con el megaproyecto Hidroituango y el cierre de La Arenera y La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín.
–Segunda: se adopten las medidas necesarias para que se protejan los cementerios municipales y se promueva la protección adecuada de los restos humanos no identificados, depositados en tales lugares –lee despacio en la página 35.
–Tercera: se orden de manera inmediata a todas las autoridades departamentales y municipales correspondientes que permitan desarrollar el mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
De no implementarse esas medidas, para mitigar los riesgos de deterioro de los restos óseos y de alteración de los lugares de entierro, podrían perderse indicios o pruebas necesarios para adelantar los procesos de identificación y posible juzgamiento de los victimarios, ya fuesen agentes estatales o grupos armados ilegales.
Eso es lo que advierten las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad. Y de ahí que insistan en que algunos proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura y cementerios municipales sean suspendidos, o por lo menos, intervenidos. De no hacerlo, se podría dificultar más la búsqueda de los desaparecidos o, peor aún, desaparecerlos por segunda vez.
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Mientras Blanca Nubia y otras mujeres recogen los elementos del acto simbólico, la abogada Adriana Arboleda atiende a periodistas. Como directora de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña procesos del Movice, les plantea que la respuesta esperada por las víctimas a la solicitud de medidas cautelares es “voluntad política del gobierno y los entes territoriales para hallar a sus desaparecidos”.
–¿Cómo esperan que proceda la solicitud ante la JEP? –le pregunto.
–Nosotros creemos que una de las salas de las JEP tendrá que hacer el análisis de la solicitud. Pero se la presentamos directamente a la doctora Patricia Linares, aspirando a que ella no le dé traslado simplemente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sino que resuelva, porque la que tiene la competencia de las medidas cautelares es la Jurisdicción –responde.
–¿Y luego habría implementación de medidas concretas?
–Tendría que iniciar un proceso de revisión de cada uno de esos 16 lugares, para determinar qué tipo de medidas se deberían concretar. Aquí, en la Comuna 13, esperaríamos que ella ordene la suspensión inmediata de obras en La Arenera-La Escombrera hasta tanto no se determine el procedimiento a seguir para la búsqueda de los desaparecidos.
–¿Con cuáles instituciones se tendrían que coordinar esas acciones?
–En primer lugar, con la misma Unidad de Búsqueda, para definir cuál sería el procedimiento. También creo que sería importante coordinar con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, especialmente con el Grupo Interno de Trabajo de Exhumaciones (Grube). Y en los territorios locales, con las autoridades municipales, por ejemplo la Alcaldía de Medellín.
–¿Realmente es importante empezar a trabajar con la Unidad de Búsqueda…?
–Sí. Y ellos están comprometidos, lo que pasa es que se requiere voluntad política del gobierno; particularmente que les entreguen los recursos económicos para poder empezar las labores de articulación. En ese sentido, es muy importante que la Unidad trabaje con las organizaciones de víctimas y defensoras de DDHH.
Al final, las mujeres se despiden de Adriana con abrazos. Luego, se montan en el bus que las regresa hasta la sede de la Obra Social Madre Laura, en otro barrio de la Comuna 13. Allá, en su centro de operaciones, guardan nuevamente las pancartas hasta la próxima manifestación: la conmemoración, a mediados de octubre, de los 16 años de la Operación Orión.
