“El corregimiento de Puerto López lleva 3 días de zozobra, miedo y terror”, escribió el fin de semana un habitante de El Bagre a la Agencia de Prensa IPC el pasado fin de semana. Como la mayoría sabe, escribió, el Clan del Golfo estaba ubicado en el casco urbano de la localidad y “el ELN y las disidencias están bajando de todos lados para retomar el control”.
Luego de los combates sucesivos en los sectores Pueblo Mico y Montefrío, el Ejército anunció que soldados del Batallón Especial Energético y Vial N° 5 ya estaban en Puerto López para garantizar la seguridad. Este es uno de los tantos sucesos que ocurren a diario en el Bajo Cauca, en donde este año se han registrado masacres, asesinatos, desapariciones, confinamientos y paros armados.
De ahí que Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de DDHH y Paz del IPC, diga que allí hay unas violencias que se reciclan, unos ciclos de violencia que no se cierran, en donde sale un actor del territorio, como las Farc, y otros dos lo disputan, por eso “es una situación de nunca acabar.”
En ese contexto es que los representantes a la Cámara Luz María Múnera y John Jairo González, en alianza con el IPC y cuarenta organizaciones del Bajo Cauca convocaron a una audiencia pública para este viernes 14 de octubre para “conocer por parte de las comunidades indígenas, consejos comunitarios, campesinas, jóvenes y mujeres, organizaciones sociales, derechos humanos, la crisis humanitaria por la constante vulneración de DDHH que se está presentando, la cual se ha agravado durante los últimos meses con el asesinato y desplazamiento principalmente de jóvenes y mujeres.”
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Conflicto armado y desplazamiento forzado
El Gobierno Nacional retomó los diálogos con la guerrilla del ELN e inició una fase de exploración para el posible sometimiento de grupos como las AGC o Clan del Golfo y algunas de las disidencias de las antiguas Farc, grupos que hacen presencia en el Bajo Cauca.
La disminución de las hostilidades, una vez se firmó el Acuerdo de Paz, no existió en regiones como el Bajo Cauca, en donde los demás actores armados ocuparon el lugar dejado por las Farc. Entre 2018 y 2021 hubo 42 mil personas desplazadas, siendo los casos de Cáceres y Tarazá los más preocupantes.
Medellín es la ciudad que más recibe a la población desplazada del Bajo Cauca. De acuerdo con datos de la Personería de Medellín, en 2021 arribaron a la ciudad 8.972 personas de municipios de Antioquia y Chocó, principalmente. El 12%, es decir 1.103 personas, provenían de tres municipios del Bajo Cauca: Tarazá, Caucasia y El Bagre.
Agrega la Personería que hasta septiembre de 2022 ha recibido 6.299 personas. Casi el 7%, 439 personas, corresponden a habitantes del Bajo Cauca, especialmente de El Bagre, Caucasia y Tarazá. Estos desplazamientos son ocasionados en el 52% de los casos por grupos paramilitares, mientras que el 28% por grupos guerrilleros.
Además, este año, fueron asesinados líderes sociales en esa región como Danilo de Jesús Madrid, en Tarazá, y José Miguel López, en El Bagre.
En ese escenario de confrontación, le explicó el Ejército a la Agencia de Prensa IPC, en lo que va de 2022 han capturado en Bajo Cauca y Sur de Córdoba a 11 miembros del ELN, 136 miembros del Clan del Golfo o AGC, 11 integrantes de Los Caparros, 2 capturas del residual de las Farc y 88 capturas por narcotráfico; hubo 16 muertes en desarrollo operaciones militares; y recuperaron a 12 menores de edad reclutados por el Clan del Golfo, Caparros y ELN.
Dice Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de DDHH y Paz del IPC, que “para lograr paz total, lo primero son los acuerdos humanitarios para sacar a la población civil del medio del fuego. Lo segundo es lograr que no se reproduzcan los actores armados, y más por el tipo de economías de enclave e ilegales como la minería y la coca. Además de cambiar la vocación productiva tener claro que hay un pasivo ambiental que esas economías ilícitas han incentivado, que es el principal impacto medioambiental en la cuenca de los ríos Cauca y Nechí.”
Sobre este tema, el informe Impactos de la minería extractiva aurífera en el río Nechí, elaborado por el Observatorio de DDHH y Paz del IPC, señala que “el oro y la coca constituyen una renta constante cuya “captura” o dominio, por medio de un control territorial, garantiza una permanencia y una financiación para los actores armados en el Bajo Cauca. La sola posibilidad del control de ambos recursos es la oportunidad de un ingreso económico para el mantenimiento de estructuras ilegales y sus lógicas de guerra.
La audiencia pública de este viernes abordará algunas de las problemáticas más importantes que viven los habitantes del Bajo Cauca: Derechos Humanos, minería, medio ambiente y paz. Los habitantes de esta región esperan la presencia de los gobiernos Nacional y Departamental y que se establezcan compromisos ante las guerras recicladas de las que han sido víctimas. Siga la transmisión en las redes de la Agencia de Prensa IPC desde las 8 a.m. del viernes 14 de octubre.
