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Víctimas de Antioquia tuvieron la palabra en su día

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Acto simbólico de memoria y conmemoración a las víctimas en la plazoleta de La Alpujarra

Con propuestas, peticiones y reclamos, las víctimas de Antioquia participaron en el acto de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, realizado en la Asamblea Departamental el 9 de abril de 2014. Lentos avances en la reparación integral, falta de condiciones de seguridad y dificultades para la restitución, fueron algunas de las principales preocupaciones expresadas por las víctimas.

Los planteamientos de las víctimas estuvieron orientados a allanar el camino, propiciar condiciones favorables y agilizar los procesos para lograr la reparación efectiva. Por ello, la Mesa de la Sociedad Civil, integrada por organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó cinco propuestas centrales:

-Fortalecer la institucionalidad para que la reparación a las víctimas sea en procesos integrales y no solo administrativos.

-Procesos de restitución de tierras de manera colectiva con seguridad y protección e inversión social real y efectiva.

-Garantizar la vida de las víctimas que lideran procesos de acceso a la justicia.

-Invitación a la Asamblea Departamental y a los Concejos Municipales para que realicen sesiones cada seis meses con el fin de hacer seguimiento a la implementación de la ley.

– La creación en la Asamblea de Antioquia de una comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas y al Plan de Atención Territorial. Analizando al tiempo las implicaciones de los títulos mineros en el departamento y su afectación a las víctimas.

Así mismo, la Mesa de la Sociedad Civil propuso refrendar con la ciudadanía los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y las FARC; y crear mesas regionales con el fin de hacer seguimiento a los cumplimientos llegados en La Habana.

Por su parte, Carmen Aleida Correa, delegada al Comité de Justicia Transicional de Antioquia, reconoció que hay avances en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011-  pero consideró que hasta ahora han sido pocos y que se requiere una labor más articulada de las instituciones con las víctimas y las organizaciones defensoras.

“Los avances en la implementación de la ley de víctimas han sido pocos pesar de que la institucionalidad parece más interesada en reparar a las víctimas y de que las víctimas hemos sido más visibilizadas. Esperamos que en los ocho años que faltan la ley de víctimas sea implementada en su totalidad. Si logramos que esa ley sea implementada desde las mesas de participación de víctimas y con las organizaciones defensoras de víctimas y de derechos humanos, podemos decir que logramos en satisfacción que la ley se cumpliera”, concluyó Carmen Aleida.

 

Con un acto simbólico en la Asamblea de Antioquia, las víctimas lamentaron el asesinato del líder de reclamantes Adán Quinto, ocurrido ese día en Turbo, Urabá

 

Desaparecidos de La Escombrera: 12 años y aún no hay búsqueda

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, llamó la atención por la incipiente labor de búsqueda de personas desaparecidas, particularmente en el caso de La Escombrera, comuna 13 de Medellín, donde se presume habría sepultadas unas 300 víctimas de los grupos paramilitares según informaciones de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

El llamado, hecho por Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, es a que la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y también la Gobernación de Antioquia, coordinen una acción de búsqueda de desaparecidos y cierren definitivamente La Escombrera, que en la actualidad continúa recibiendo escombros.

Desde el año 2004, expresó la abogada, “le venimos solicitando a la Fiscalía y a la Alcaldía de Medellín el cierre de La Escombrera. Eso no ha sido posible. Se requiere una voluntad de la Fiscalía, una voluntad judicial, pero también una voluntad política de la Alcaldía de Medellín para garantizar que ese sitio sea cerrado. Pero ahí también debe confluir la Gobernación porque Medellín también es un municipio de este departamento y la búsqueda de los desaparecidos requiere recursos, personal interdisciplinario que pueda avanzar en un plan metodológico de búsqueda efectiva para garantizar que las víctimas sean encontradas o que por lo menos se esclarezca que pasó con ellas.”

De otro lado, Adriana Arboleda criticó la implementación del Registro Único Víctimas, mediante el cual el Estado registra y reconoce formalmente a las víctimas, considerando que se ha convertido en un procedimiento excluyente.

“El RUV lo convirtieron en un acto administrativo que requiere ser presentado en unos formalismos especiales, en un tiempo específico (…)  pero lo más grave es que está centralizado en Bogotá, o sea el Ministerio Público sólo tiene la labor de llenar el formulario pero en Bogotá deciden personas que no conocen el contexto (…) Y estar por fuera del RUV es estar por fuera de cualquier posibilidad de reconocimiento de los derechos y de atención de la política pública establecida para las víctimas”, explicó la jurista.

Además de los cuerpos elaborados en papel transparente, en el acto simbólico en la Plazoleta de la Alpujarra, las personas escribieron mensajes a la memoria de sus víctimas

 

Cien mil reparaciones frente a un millón 200 mil víctimas

De 6 millones y medio de habitantes que tiene el departamento de Antioquia, un millón 200 mil personas han sido registradas como víctimas del conflicto armado, en el Registro Único de Víctimas[1], según indicó el director territorial Antioquia de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, Jorge Mario Alzate.

A dos años de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011-, en Antioquia se ha logrado reparar a 100.000 víctimas que han sido indemnizadas administrativamente por la Unidad y que han recibido acompañamiento desde un programa de inversión adecuada de los recursos.

Jorge Mario Alzate destacó además las medidas de satisfacción a las víctimas, con temas como la exención del servicio militar obligatorio, y los procesos de retorno de desplazados que en la actualidad vinculan a unos 9.000 hogares, principalmente del Oriente Antioqueño, gracias a los convenios entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

No obstante, algunas de los representantes de víctimas que intervinieron en la asamblea expresaron que faltan mayores avances en materia de reparación integral, aduciendo que 100.000 reparaciones son pocas frente a un universo de un millón 200 víctimas y expresando que falta mayor articulación.

Pero Jorge Mario Alzate considera que “en Antioquia es evidente que sí hay una articulación tanto de la Nación con el Departamento como de éste con los municipios. Lo que pasa es que son muchas las víctimas y los recursos son insuficientes para poder avanzar mucho más rápido en la implementación de la ley de víctimas.”

Sin embargo el director territorial de la unidad reconoció que aún no se ha logrado un proceso unificado con todas las medidas de reparación a las víctimas, pues hasta ahora se ha avanzado de manera gradual, pero destacó que el departamento de Antioquia tiene una ruta integral con 2.000 familias, a través de la cual se busca un acompañamiento integral a las víctimas.

Entonces, a dos años de implementarse la ley de víctimas, se puede concluir que hay avances, pero aún quedan muchas acciones por concretar en aspectos como la articulación institucional para atender y reparar efectivamente a las víctimas, la implementación de enfoques diferenciales, la seguridad de las víctimas y especialmente de los reclamantes de predios, la restitución de tierras y el acceso pleno a derechos como la salud, la educación y el empleo.

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[1] En Antioquia el principal hecho victimizante es el desplazamiento forzado, con unas 900.000 víctimas registradas, según indicó Jorge Mario Alzate, director territorial de la unidad de víctimas.

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.