Las víctimas del paramilitarismo en Colombia iniciaron una nueva batalla contra la impunidad y por el derecho a acceder a la verdad, la justicia y la reparación, esta vez ante los estrados judiciales de Estados Unidos.Esta lucha la comenzaron a librar los apoderados de la madre de un joven desaparecido de la comuna 13 de Medellín a finales del año 2002 por hombres del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna.
A través de los abogados norteamericanos, la víctima solicitó el pasado 17 de febrero ser escuchada por el juez Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York, antes de que éste profiera sentencia contra el jefe paramilitar, audiencia programada para el próximo 24 de febrero.
La petición, que deberá ser resuelta a más tardar el lunes 23 de febrero, ha generado amplias expectativas en el país, pues es la primera vez que una víctima del accionar paramilitar en Colombia recurre a la Ley de los Derechos de Víctimas de Crímenes, en vigencia desde el año 2004. Con esto, se pretende evitar que alias don Berna sea condenado solamente por cargos de narcotráfico y se incluyan en su sentencia referencias a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
De admitir la comparecencia de los apoderados de la víctima ante el Juez momentos antes de que se dicte sentencia, se estaría sentando un precedente histórico que marcaría el rumbo de los juicios que actualmente se adelantan en territorio norteamericano contra otros 14 ex jefes paramilitares extraditados junto con alias don Berna el pasado 14 de mayo de 2008 por el Gobierno colombiano.
Ello abre la posibilidad que dentro de los procesos judiciales por cargos de narcotráfico que enfrentan los otrora máximos líderes paramilitares de las Auc se incluyan los crímenes de lesa humanidad cometidos por este grupo armado, considerado por el gobierno de los Estados Unidos como terrorista desde el año 2002.
“Se trata de demostrar que entre el tráfico de drogas llevado a cabo por los paramilitares y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su accionar existe una conexión; ellos despojaron tierras, desplazaron miles de campesinos y asesinaron líderes sociales con el fin de fortalecer el negocio del narcotráfico, con el que además, se fortalecieron militarmente”, explicó Iván Cepeda, presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Con la gestión legal también se espera frenar cualquier tipo de negociación o acuerdo entre los ex jefes de las Auc que lleguen a ser condenados por narcotráfico y la justicia norteamericana. Según Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, las autoridades norteamericanas han concertado acuerdos con seis de los quince paramilitares, sin tener en cuenta los intereses de las poblaciones mas afectadas por sus delitos.
“De hecho, el Departamento de Justicia ha asumido la posición de que no existe víctimas directas de los crímenes de narcotráfico”, declaró Altholz, a lo que Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, añadió: “Queremos decirle a la jueces en Estados Unidos que estas personas no son simples narcotraficantes; también son responsables de crímenes atroces y que si negocian con ellos se va a favorecer la impunidad en Colombia”.
Otro aspecto que destacan los defensores es la opción que tienen ahora las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Auc en territorio colombiano de ser escuchadas por la sociedad y la justicia norteamericana, “con el fin de que se reconozcan estos hechos y se obre en virtud de garantizar plena justicia”, como lo expresó Marta Lucía Peña, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
A esto se suma el mensaje que quieren enviarle a la sociedad colombiana las organizaciones defensoras de derechos humanos de cero tolerancia con la impunidad.
“Queremos dejar en el imaginario de los colombianos la idea de que haremos hasta lo imposible para que las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación y para que transitemos por caminos más seguros para la superación de la impunidad”, indicó Uribe.
Proceso arduo
Con todo y lo trascendental que tiene este hecho, también existen varias limitaciones expuestas por los propios defensores que dan cuenta de la complejidad que siguen teniendo las víctimas para acceder a sus derechos a verdad, justicia y reparación.
El primero de ellos tiene que ver con la realidad misma del país, donde reductos paramilitares continúan ejerciendo control en algunas regiones lo que intimida a las víctimas a denunciar sus casos.
Adicional a ello está el trámite que derivó en la posibilidad de que una víctima participe en el proceso de alias don Berna. Para logar esto, organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y el Movice debieron adelantar gestiones por cuenta propia con instituciones estadounidenses como la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, iniciadas desde el momento mismo de la extradición.
“Esto significó estudiar a fondo una cultura jurídica distinta, buscar alternativas legales para acceder a los procesos judiciales y gestionar recursos para desplazamientos y demás, lo que es un gran esfuerzo para nosotros”, manifestó Uribe.
Lo anterior plantea un cuestionamiento a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno colombiano, la Fiscalía General de la Nación y el Embajador de Estados Unidos en Colombia, de adelantar gestiones que faciliten la continuidad de los procesos iniciados en el marco de la Ley de Justicia y Paz y a las garantías que tienen las víctimas de acceder a los juicios en el exterior.
“Lo que pueda pasar en la audiencia de alias don Berna nos permitirá observar cuál ha sido el compromiso del Estado colombiano con los millares de víctimas que vieron en la extradición una amenaza a la realización de sus derechos”, añadió la Presidenta del IPC.
Esta gestión legal tiene una limitación. “Si se escucha el testimonio de la víctima por parte del Juez, será tenido en cuenta para dictar sentencia en un proceso por narcotráfico, pero no se hará un estudio exhaustivo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por alias don Berna, lo que ya constituye un obstáculo para las víctimas”, conceptuó a su vez Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.
A pesar de estas consideraciones, lo cierto del caso es que ya se iniciaron acciones legales a nivel internacional para evitar que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Auc queden en la impunidad.
