Violencia urbana agrava crisis humanitaria en Medellín

La magnitud que ha alcanzado el desplazamiento forzado intraurbano y las preocupantes cifras que reportan organizaciones no gubernamentales sobre deserción escolar son, quizás, las caras más visibles de la crisis humanitaria que vive Medellín por cuenta de la guerra sin cuartel que libran los llamados combos en los barrios de la ciudad.

 

Sin embargo, la Personería de Medellín ya comienza a advertir sobre nuevas prácticas regulatorias y extorsivas ejercidas por estas agrupaciones criminales que amenazan con agudizar la ya delicada situación de orden público y de vulneración de derechos humanos que se registra en la capital antioqueña.

 

Desde la Agencia del Ministerio Público se ha detectado cómo las terminales de buses y microbuses de servicio público, ubicados en los barrios de la ciudad, han comenzado a ser de dominio absoluto de las bandas criminales del sector, quienes prácticamente regulan la actividad y el cobro de la llamada vacuna.

 

Según la Personería, este fenómeno también se ha observado en los centros de acopio para taxis del centro de la ciudad y en algunos sitios públicos de los barrios y, “ya se habla que algunos de esos centros son ‘propiedad’ de determinadas bandas”, señaló Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín.

 

De acuerdo con el Personero, dicha situación ha derivado además en el control de las personas comúnmente llamadas “campaneros”; es decir, aquellas que solían ubicarse en los acopios para atraer usuarios, que ahora son impuestas por los integrantes de las bandas criminales. “Ya se ve que estas personas, que se ubicaban allí de manera espontánea con el propósito de ganarse una ‘liga’, ahora es una actividad controlada por organizaciones criminales de determinados sectores”, añadió Herrán Vargas.

 

Lo anterior refleja el carácter expansivo que viene adquiriendo la apropiación, control y regulación de actividades económicas ejercidas en el espacio público por parte de estas estructuras criminales. “Vemos situaciones que se están dando fuera de los límites tradicionales que manejan estas bandas delincuenciales y eso refleja que la problemática se está extendiendo a otras zonas de la ciudad”, agregó el Funcionario.

 

Lo preocupante es que mientras se degradan y generalizan prácticas violatorias a los derechos humanos de este tipo, tampoco cesa la deserción de jóvenes en las instituciones educativas y el desplazamiento forzado intraurbano, reforzando así la aseveración hecha por la propia Personería sobre la necesidad de asumir lo que pasa en Medellín como una verdadera crisis humanitaria.

 

Cifras extraoficiales hablan que por los menos 1.100 estudiantes se encuentran por fuera del sistema educativo debido a la imposibilidad de asistir a clases, bien por  amenazas directas, bien por el recrudecimiento de los enfrentamientos armados o bien por los férreos límites barriales.

 

Casos dramáticos como el de la Institución Educativa José María Espinoza (Casd) del barrio Castilla, que pasó de contar con 1.100 alumnos el año anterior a cerca de 700 este año, cifra que probablemente se reducirá a la mitad para el próximo año, da cuenta de la gravedad de la situación.

 

“El Casd no es el único en esta situación. Muchos colegios de la comuna 6, como la Institución Educativa La Esperanza, están viviendo una situación muy difícil por la deserción escolar”, manifestó Carlos Arcila, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6. Por su lado, líderes de la comuna 13 consultados por la Agencia de Prensa IPC indicaron que a raíz de los recientes acontecimientos de orden público se ha acrecentado el ausentismo en instituciones como Eduardo Santos.

 

Desplazamiento y despojo 

Pero sin duda donde mayor se observa ese drama humanitario del que habla la Personería de Medellín es en el flagelo del desplazamiento forzado intraurbano. Según la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh), de la Personería, entre enero y julio del presente año unas 2.336 personas debieron abandonar sus viviendas forzosamente.

 

De seguro el registro del mes de agosto mostrará un incremento notable debido a los graves hechos ocurridos hace poco en las comunas 3 (Manrique) y 13 (San Javier), aunque no menos delicadas resultaron las situaciones padecidas por habitantes del corregimiento Altavista, donde se recrudeció el enfrentamiento entre las bandas “Zafra” y “Los Chivos” y lo presentado en la comuna 6, donde bandas del barrio 12 de Octubre se enfrentaron ferozmente con efectivos de la Policía pasadas las 11:00 de la noche del pasado 26 de agosto, en momentos en que estos se disponían a realizar un allanamiento a un expendio de drogas.

 

Peor aún es que los desplazamientos se están registrando con despojo de viviendas por parte de los integrantes de las bandas. Testimonios recopilados por la Agencia de Prensa IPC señalan que en los últimos dos meses se han perpetrado en la comuna 6 por lo menos 12 casos de desplazamiento forzado intraurbano donde los victimarios se apoderaron de los bienes de las familias desplazadas.

 

Igual situación se está presentando en la comuna 13, sólo que allí, el temor de las víctimas a denunciar hace que el flagelo sea más recurrente, silencioso y degradado. La propia Gerencia del Desplazamiento de la Alcaldía de Medellín reconoce la magnitud de la problemática. Según Luz Patricia Correa, directora de la Gerencia, entre enero de 2009 y julio de 2010, esta dependencia ha emitido 400 circulares para la protección de los bienes de las víctimas de desplazamiento forzado interno.

 

“Desafortunadamente no existen mecanismos legales del orden nacional para abordar esta problemática compleja. Nosotros (Alcaldía de Medellín) contamos con una circular para la protección de esos bienes y, en algunos casos, se ha avanzado en el desalojo incluso. Pero repito, en materia de atención a las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano todo está por construirse”, declaró Correa.

 

Según la Funcionaria, esta dependencia ha tenido que incrementar su presupuesto en dos ocasiones en lo que va corrido del año a fin de poder garantizar respuesta efectiva a las víctimas de este fenómeno, al pasar de un rubro inicial de 2010 de 7.500 millones de pesos a unos 12 mil millones con lo que cuenta actualmente.

 

Si bien la cifra es importante, puede quedar corta ante la dimensión que viene adquiriendo este flagelo en la ciudad. “Es cierto que este es un fenómeno preocupante, pero está golpeando fuertemente a muchas ciudades del país. En este momento somos la tercera ciudad con mayor número de desplazados forzados intraurbanos después de Santa Marta e Ibagué y la primera en recepcionar desplazados rurales de todo el país. Basta decir que el año pasado atendimos 22.500 desplazados provenientes de todas partes”, aseguró la Funcionaria.

 

A esto se suma que las políticas del orden nacional muestran un vacío en materia de atención humanitaria de emergencia y de reconocimiento de las víctimas del desplazamiento forzado intraurbano por parte de entes nacionales como Acción Social. “Aún tenemos serios problemas con ese aspecto. A las víctimas urbanas no se les reconoce su condición con la misma rapidez que se hace con los rurales. Esta es una discusión que hay que darla a nivel nacional porque no hay los suficientes elementos en los protocolos y en las políticas construidas nacionalmente y a Medellín le ha tocado construir sobre la marcha”, reconoció la Funcionaria.

 

La problemática en Medellín ha llegado a unos niveles de complejidad tal que ya son varios los casos en que hasta los integrantes de las bandas han terminado siendo víctimas de desplazamiento forzado intraurbano. “Y, constitucionalmente, hay que atenderlos. En medio de esas confrontaciones que se están librando, hay quienes comienzan a perder la ‘guerra’ y terminan exiliados de sus barrios y solicitando la ayuda institucional”, aseveró la Funcionaria.  

 

Por lo pronto, para enfrentar esta situación la Gerencia del Desplazamiento espera poner a funcionar próximamente varias unidades móviles para fortalecer el trabajo de prevención de eventos masivos, la misma que se concentrará en aquellas comunas críticas de la ciudad, “que son las mismas donde se está concentrando la acción de las autoridades y de la Institucionalidad”, recalcó la Gerente.

 

“El caso de Medellín ya comenzó a ser observado por instancias nacionales y, de hecho, sostendremos una reunión en Bogotá próximamente donde pediremos se avance en la elaboración de políticas públicas para la atención y prevención de este fenómeno y allí, mostraremos lo que hemos hecho. Creemos que esta discusión le va a servir a todo el país porque, repito, este es un flagelo que está golpeando a muchas ciudades colombianas”, expresó Correa.  

Así las cosas, será nuevamente Medellín el laboratorio en el que se ensayarán las medidas para afrontar esta nueva amenaza nacional que combina graves enfrentamientos armados con fuertes afectaciones contra las comunidades barriales. Sólo el tiempo mostrará que tan efectivas serán dichas acciones y si efectivamente reducirán el complejo panorama de crisis humanitaria que registra la hoy afligida “ciudad de la eterna primavera”.