El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para Líderes, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, presentaron el Informe Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia 2017, documento que, como consta en el informe, es construido con el fin de favorecer “la exigencia por el respeto, protección y vigencia de los Derechos Humanos, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la construcción de paz”, y que además muestra una radiografía sobre la actual situación en el departamento, que deja ver un escenario complejo para la defensa de los Derechos Humanos.
Como se afirma en el documento, la situación de vulnerabilidad y agresiones de líderes y defensores de Derechos Humanos en Colombia se ha ahondado y está atravesando un momento crítico en Antioquia, por la ocurrencia de hechos de violencia con alto grado de sistematicidad, acompañados de impunidad por parte del Estado. Según consta en el informe: “Al analizar los motivos de hechos y situaciones, todo parece indicar, estarían dirigidas en limitar la participación de líderes sociales en política, entorpecer procesos de construcción de verdad, sustitución de cultivos, restitución de tierras o asuntos nodales de lo firmado en el acuerdo de La Habana”.
Según Yesid Zapata, coordinador del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el 2017 fue un año terrible para las y los defensores de Derechos Humanos, pues se presentó un incremento de por lo menos 50% en las agresiones, sobre todo en los homicidios, al punto de que durante este año se registraron 20 homicidios contra defensores en Antioquia, 9 más que el año anterior. Además, afirma, se han registrado 71 amenazas, pero está latente la preocupación de que exista un subregistro en esta cifra, porque las personas tienen temor de denunciar ya que no encuentran garantías en los territorios para hacerlo.
El coordinador del Nodo Antioquia señala además la ocurrencia de estos hechos bajo una sistematicidad, pues tomando en cuenta sus características de tiempo, modo y lugar, es posible evidenciar patrones similares en hechos como las amenazas y los homicidios. Por eso se señala en el informe que las y los defensores se encuentran en un alto riesgo, pues no solo se trata de agresiones aisladas, sino que hacen parte de infracciones sistemáticas que aparecen en un nuevo escenario de confrontación política y jurídica.
La situación ha contrariado todas las expectativas que se tenían con la firma del proceso de paz entre las Farc y el Gobierno colombiano, pues, como afirma Zapata, se esperaba un fortalecimiento del Estado, “pero hemos visto que han sido copados por grupos paramilitares en los diferentes territorios y que cada vez que estamos ejerciendo la labor de defensores de Derechos Humanos de denuncia y demás, estamos siendo atacados, amenazados o asesinados por estos grupos paramilitares”. Y agrega, que justamente una de las principales causas para la violación de derechos es la defensa del proceso de paz, además de atacar a los líderes reclamantes de tierras, a las personas que están accediendo a los beneficios del gobierno nacional para la sustitución de cultivos ilícitos y a personas inmersas en otras dinámicas locales de defensa del territorio, de denuncia y de veeduría ciudadana. Estos casos han ocurrido principalmente en el Valle de Aburrá, seguido por el Urabá antioqueño, Norte y Nordeste antioqueño. En estas zonas la ocurrencia de los hechos coincide con la presencia y control de grupos paramilitares sobre los territorios.
La preocupación sobre la situación de los defensores coincide también con la inquietud sobre la expansión del paramilitarismo en el departamento. De hecho, en esta oportunidad también fue presentado el informe Presencia de Grupos Paramilitares y Algunas de sus Dinámicas en Antioquia. Cuatro Casos de Estudio: Nordeste, Norte, Urabá y Valle De Aburrá, documento que plantea una situación compleja sobre la presencia de grupos paramilitares en las diferentes subregiones de Antioquia.
De acuerdo con Astrid Torres, investigadora de la Corporación Jurídica Libertad, el informe presenta una caracterización del paramilitarismo entre los años 2016 y 2017, y entre los resultados se identifica un hallazgo alarmante, que se refiere a que actualmente hay presencia paramilitar en el 96% de Antioquia, lo que quiere decir que de los 125 municipios del departamento se registra la existencia de grupos en 121. Además afirma, que “la mayor presencia es de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, seguida por la oficina del Valle de Aburrá, el Clan Isaza, que son los herederos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y está la Alianza Criminal del Norte de la cual hacen parte estructuras urbanas de la ciudad de Medellín y de otros municipios del Valle de Aburrá que hoy se están extendiendo hacia zonas rurales en especial del Norte, Oriente y también de la parte del Suroeste y del Nordeste”.
De estos resultados surge un cuestionamiento sobre la expansión de estructuras urbanas hacia la ruralidad, como la que está ocurriendo con la Alianza Criminal del Norte bajo la coordinación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. A este comportamiento particular del paramilitarismo se suma otro asunto inusual en las estrategias de los grupos paramilitares, como el señalado por Ernesto Pinzón, integrante de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, cuando afirma que hay un asunto inusual en la manera que estos grupos se acercan a las poblaciones de los territorios donde ejercen control, pues ahora aparecen con un discurso social: “Supuestamente llegan en un discurso a las comunidades diciendo que van a apoyar proyectos comunitarios, proyectos productivos, como en el Bajo Cauca, en la zona rural de El Bagre, donde están empezando a desarrollar un trabajo social con las comunidades. Están operando de una forma muy distinta”, afirma.
Esta compleja situación lleva a los autores del informe a hacer varias exigencias entre las que se encuentran la protección a la población, defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de las FARC-EP; la solicitud de investigaciones sobre los nexos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares; y la exigencia del desmonte del paramilitarismo. Cuando se habla del desmonte se engloban las demás exigencias pues, como afirma Astrid Torres, en este tema hay varios asuntos como la necesidad de avanzar en investigaciones y sanciones, y de depurar la fuerza pública y las instituciones del Estado, lo que implica que para que el desmantelamiento del paramilitarismo sea efectivo se requiere voluntad política. Para esto es necesario contar con un Estado comprometido, para poner solución a un problema como el paramilitarismo que se repite de manera cíclica en el país y que continúa vulnerando la vida e integridad de población civil y de defensores de derechos en los territorios.
