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Barrio Nuevo Amanecer, solución de vivienda en litigio

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Aparte del litigio jurídico, el desempleo y la desconexión a los servicios públicos también aquejan a la comunidad.
El barrio Nuevo Amanecer, ubicado en el corregimiento Belén Altavista, occidente de Medellín, se ha convertido en un problema jurídico para la ciudad. Hoy, esta solución de vivienda, se convirtió en un litigio en el que nadie acepta responsabilidades.


Ni el diálogo ni la concertación sirvieron para resolver los problemas generados por las fallas estructurales que presentan las edificaciones; tampoco para acordar plazos concretos para la terminación de las obras complementarias de este barrio, construido para proveer de vivienda digna a por lo menos 3.000 familias que resultaron afectadas tras el incendio ocurrido el 6 de marzo de 2003 y que redujo a cenizas el asentamiento Mano de Dios. 

 

Sus pobladores llevan más de cuatro años reclamándole a la Alcaldía de Medellín y la empresa constructora MIV S.A. para que reparen los daños que presentan las edificaciones, muchos de ellos de carácter urgente; y, además, entreguen estructuras como la caseta comunal, parques recreativos, una escuela para la población infantil y se mejoren las redes de servicios públicos domiciliarios.

 

Ante la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades municipales y la firma constructora, la comunidad emprendió el camino jurídico apelando a la Acción de Grupo, figura consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política Nacional que busca garantizar la defensa de los derechos e intereses colectivos y el pago de indemnizaciones cuando los mismos se vulneren.

 

Este recurso jurídico fue interpuesto el 27 de de septiembre de 2007 en el Juzgado 11 Administrativo de Medellín contra el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, y la constructora Miv S.A.

 

Pero este camino tampoco ha sido el más expedito para solucionar los problemas en el barrio Nuevo Amanecer. Si bien la ley contempla que la Acción de Grupo debe ser de trámite preferente, lo que equivale a decir que ya debería haber un concepto al respecto, sólo en el mes de junio de este año se realizaron dos audiencias de conciliación, ambas con resultados fallidos, pues las entidades estatales y la firma constructora se negaron a conciliar con la comunidad.

 

“Lo que sigue es el periodo probatorio, donde el Juez analiza las pruebas que las partes entregaron. Eso, por lo menos, tomará unos meses más”, señaló un abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental que oficia como apoderado de la comunidad. Mientras tanto, las necesidades apremiantes de la comunidad se ven postergadas.

 

¿Y qué reclama la comunidad?

Janeth Ramírez, líder comunal de Nuevo Amanecer, aseveró que las 470 viviendas presentan problemas de humedades, inundaciones, grietas profundas en sus paredes, goteras y malos acabados en puertas, ventanas y escaleras, lo que se ha convertido en un peligro para los residentes.

 

De ello sabe la Alcaldía de Medellín, pues el año pasado, a través del Sistema Municipal de Atención y Prevención de Desastres (Simpad), dio la orden de evacuar 15 viviendas tras considerar que se encontraban en alto riesgo. A ello se suma que buena parte del barrio tiene problemas con aguas subterráneas que fueron mal tratadas y que, en épocas de invierno, ocasionan desprendimientos de tierra.

 

“El otro problema son las redes de acueducto y alcantarillado, que son muy deficientes: el agua tiene poca presión, las alcantarillas se taponan constantemente y las aguas negras salen hasta por los inodoros de las casas y las redes de las calles”, explicó Ramírez.  

 

Como si fuera poco, el barrio fue entregado sin terminar: faltan parques recreativos, adecuación de las zonas comunes y no se construyó una caseta para la acción comunal y una escuela para la población infantil, obras contempladas en el proyecto inicial del barrio Nuevo Amanecer.

 

Lo peor, a juicio de la líder comunal, son las explicaciones que recibe de las partes involucradas cuando hacen algún tipo de reclamo.

 

La Alcaldía dice que no recibe la obra hasta que la constructora no cumpla con unas especificaciones técnicas. La empresa dice que no cuenta con recursos para terminar la construcción del barrio y, como la Alcaldía no lo ha recibido oficialmente, Empresas Públicas de Medellín dice que no puede cambiar las redes de acueducto y alcantarillado, mejor dicho, no puede hacer ningún arreglo porque simplemente, no somos un barrio legalmente constituido en Medellín”, declaró Ramírez.

 

El asunto tiende a adquirir un tinte dramático si se cumple la orden impartida por la Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría de Espacio Público, de derrumbar un kiosco que la misma comunidad construyó y que utiliza como sede de la Acción Comunal.

 

La razón: la improvisada obra, levantada a la entrada del barrio y cuyos recursos fueron obtenidos gracias a los bazares, bingos y bailes realizados por los habitantes, ocupa “zonas comunes” y no cuenta con los respectivos permisos. Lo paradójico es que dos años atrás, la Administración Municipal no permitió construir una caseta comunal con fondos gestionados a través de una organización no gubernamental porque, supuestamente, hasta tanto no haya recibo oficial de la obra, no se puede realizar mejora alguna.

 

“Así es todo acá. Uno llama a EPM y le dicen a uno que no pueden arreglar nada porque la Alcaldía no les ha entregado el barrio. Y así el servicio de alcantarillado sea pésimo ellos cobran el servicio. Ahora la Alcaldía dice que nos va a tumbar el kiosco, pero estamos dispuestos a hacernos matar. Es que estamos cansados de esperar y nada que nos resuelven nada”, declaró la líder comunal.

 

Respuestas encontradas

Esta caseta es la nueva manzana de la discordia. La Alcaldía la quiere derrumbar y los pobladores están dispuestos a resistir, incluso, por vías de hecho.
Al ser consultados sobre el tema, funcionarios de la constructora MIV S.A. expresaron su desacuerdo frente a los reclamos de los pobladores relacionados con las fallas que presentan las edificaciones.

 

“El barrio lo han visitado técnicos de distintas entidades y no han corroborado que los problemas que presentan las viviendas sean por la utilización de materiales de baja calidad o porque se construyó mal. Lo que sí hay allí es un problema de aguas profundas, pero eso no es nuestra responsabilidad”, señaló un funcionario de la empresa, quien pidió reserva de su identidad.

 

Sin embargo, el vocero de la constructora reconoció demoras en la construcción de las zonas comunes, argumentando que las mismas obedecen a diferencias con la Alcaldía de Medellín por el cobro de un impuesto predial.

 

“Para ejecutar este proyecto tuvimos que comprar un lote. Sobe ese lote había que pagar un impuesto predial, que varía de valor dependiendo de si se construye o simplemente se deja baldío. Es más, el valor también varía dependiendo del área construida. Como se construyó en toda el área, el valor que deberíamos pagar por ese impuesto sería de por lo menos 9 millones de pesos, pero el Municipio nos está cobrando 40 millones de pesos. Es decir, nos está cobrando un impuesto como sin no se hubiera construido nada”, indicó el vocero.

 

De acuerdo con la versión del funcionario, aún no se avizora una pronta solución y, mientras esto no ocurra, la empresa no podrá disponer de recursos para culminar las obras faltantes.

 

“A esto súmele otro problema: construimos dos viviendas en ese sector, avaluadas en 70 millones de pesos cada una, que pensábamos vender y con ese dinero terminar las obras. Pero hace más de un año, líderes de la comunidad las invadieron en retaliación con nosotros y ahí están ocupadas. No las podemos vender, no arreglamos con el Municipio; en definitiva, no tenemos plata”, agregó.

 

Al respecto, la Agencia de Prensa IPC trató de conocer la versión de la Alcaldía de Medellín, pero sólo se obtuvo una apreciación de un funcionario del Instituto Social de Vivienda y Habitat (Isvimed), quien indicó que sólo daría declaraciones cuando tuviera toda la documentación correspondiente del caso.

 

Mientras el tema se resuelve, seguramente por las vías legales, la comunidad continuará con su calvario, esperando que alguien se responsabilice por una obra mal ejecutada y a quien nadie parece importarle, salvo a sus moradores.