Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el liderazgo ambiental y uno de los lugares con mayor cantidad de conflictos ambientales. Sin embargo, el 20 de julio fue archivado el Acuerdo Escazú en el Congreso de la República, un pacto regional que pretende luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar un ambiente sano, especialmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad de los países de América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Puerto Rico que lleva su mismo nombre. Fue firmado por 24 países de esta región y ratificado por 12, el número mínimo necesario para que entrara en vigor.

A través de 26 artículos, este acuerdo regional pretende que cualquier persona tenga acceso a información ambiental, deja claras las reglas de participación ciudadana en los proyectos que tengan impacto ambiental y fortalece las capacidades de los jueces y los magistrados para que la toma de las decisiones sea más acertada. Además, crea alianzas de cooperación entre países y el intercambio de información con el fin de implementar el acuerdo de manera efectiva.

Es el primer pacto de este tipo en la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales.

Colombia hace parte de los 24 países que participaron activamente en la construcción del Acuerdo y lo firmó el 11 de diciembre de 2019; sin embargo, su ratificación aún no se ha aprobado en el Congreso de la República. El 20 de julio terminó el periodo legislativo y, como no se llevó a cabo la votación de este Acuerdo, automáticamente quedó archivado.

La Agencia de Prensa del IPC conversó con Lina Muñoz Ávila, abogada, especialista en Derecho Constitucional y doctora en Derecho con tesis doctoral sobre Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, y quien hizo parte del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.

Según Muñoz, Colombia aún puede ratificar el Acuerdo, pues es un proceso libre y sin fecha de participación y agrega que es importante que el Gobierno reconozca la importancia de Escazú para la protección de los líderes ambientales, en un país que registró 828 casos de homicidio de líderes de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, mineras y comunales entre el 24 de noviembre de 2016 y el 19 de abril de 2020, según Indepaz, y catalogado en 2020 como el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, con 64 líderes asesinados en 2019, según la ONG Global Witness.

IPC. El 20 de julio de 2021, el Congreso de la República archivó el proyecto que permitiría ratificar el Acuerdo Escazú en el país, ¿cuál es la lectura que hace de esta situación?

Lina Muñoz Ávila: Yo propongo una lectura optimista de la situación, en medio de un contexto tan complejo como el que vive Colombia en todos los ámbitos: social, ambiental, político, económico. Y creo que hay que pensar que a pesar de que el Acuerdo no se firme en este momento, no quiere decir que Colombia no lo vaya a hacer nunca. 

En este momento no hay nada dicho, es importante leer el contexto y el panorama completo, teniendo en cuenta que jurídicamente lo que pasó fue un archivo y eso no implica que el proyecto no se pueda volver a presentar, no se pueda discutir y no se pueda ratificar. Entonces, si bien ha sido un proceso complejo, que se ha dilatado y que ha tenido distintos tipos de obstáculos, eso no significa que la discusión está cerrada y que Colombia esté por fuera del Acuerdo. 

IPC. ¿Qué sigue, entonces, en materia legislativa para la posible ratificación del Acuerdo?

LMA. El trámite consiste en que el Ejecutivo, el Gobierno representado en la Cancillería y en el Ministerio de Ambiente y en otros ministerios lo firmen, lo presenten ante las comisiones de Cámara y del Senado para que ellos hagan el trámite correspondiente. Entonces el Ministro de Ambiente ha anunciado públicamente en varias oportunidades, y desde el 20 de julio, que lo van a radicar nuevamente en el Congreso.

Ahora, otra cosa distinta es que esa radicación se haga con mensaje de urgencia, lo que significa que en lugar de tener cuatro debates, como se surten los trámites de leyes ordinarias, se harían solo tres: uno conjunto entre Senado y Cámara, uno en la plenaria del Senado y otro en la plenaria de Cámara. Entonces, esas son las dos cosas que pueden pasar. El Gobierno puede presentarlo con o sin mensaje de urgencia pero el punto es que lo presente. 

IPC. ¿Hay un compromiso real por parte de Iván Duque para la ratificación del Acuerdo?

Hay que tener en cuenta que la negociación del Acuerdo se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces Colombia participó activamente de toda la negociación; sin embargo, su mismo gobierno no le prestó mucho interés o impulso. Luego, cuando hubo cambio de gobierno, es que le corresponde al presidente Duque el tema de la firma y no había intención de hacerlo. Lo que hizo que Duque se interesara en el Acuerdo fue que éste surgió como uno de los puntos de petición por parte de las organizaciones y de los movimientos ambientales en el marco del Paro Nacional de 2019 y de allí es que el presidente se comprometió a firmar y firmó. 

Ahora, yo lo que creo es que él nunca se imaginó que iba a tener una oposición por parte del sector privado, que iba a ser además apoyada por su partido de gobierno. Entonces, siento que esa oposición hizo que su impulso se frenara y que desde entonces no ha hecho toda la gestión para promoverlo en el Congreso. 

IPC. Esos sectores privados que mencionas, dicen que el Gobierno no debe ratificar Escazú porque el país “perdería soberanía” y que, además, Colombia ya tiene muchos mecanismos de consulta previa y socialización. 

LMA. Decir que el Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía del territorio nacional es falso y obedece a que quienes lo leen lo están interpretando mal porque el Acuerdo no contiene ninguna disposición que afecte la soberanía, ni sobre espacios terrestres, ni sobre espacios marítimos; por el contrario, el Acuerdo en su artículo tercero y cuarto establece que el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y de igualdad soberana, es el que guía la implementación del Acuerdo.

Y finalmente, sobre la consulta previa y las socializaciones hay dos cosas que decir: la primera es que es cierto que Colombia ha avanzado durante estos años en materia de participación, ha hecho cosas como todos los países de la región, pero lo que no es cierto es que Colombia implemente efectivamente esas normas que tiene, hay una brecha gigantesca entre la norma y su cumplimiento, y ahí es donde Colombia puede verse fortalecida con la implementación del Acuerdo de Escazú. 

Y lo segundo es que la consulta previa, libre e informada es un mecanismo que solamente aplica para los pueblos indígenas y para los grupos étnicos en Colombia. Si tú y yo no somos miembros de un grupo étnico en nuestro país, no tenemos derecho a la consulta previa, libre e informada. Hay otros mecanismos de participación, pero ninguno de ellos es obligatorio. Nos toca pedírselo a la administración, pero además, conocerlos y saber cómo se ejecutan, porque de otra forma lo único que existe son las reuniones de socialización, que pueden ser el todo y la nada, y eso, al final, pues no es un mecanismo efectivo de participación real, como lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia.  

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IPC. ¿Cuál es el papel de Escazú en esos casos?

LMA. El Acuerdo de Escazú nos impulsa a tener mecanismos de participación real y efectiva en todos los procesos de toma de decisión y eso puede llevar a que la discusión nacional se oriente en ese sentido. Al final es una decisión de Colombia, Escazú no te asegura mecanismos de participación obligatorios, pero te dice, por ejemplo, que tienes que tener participación antes, durante y después de la toma de la decisión, y en Colombia generalmente la participación se da antes de que se tome la decisión en el mejor de los casos y luego no vuelven a haber mecanismos de participación en muchos procesos. 

IPC. Colombia es uno de los países con las cifras más altas de líderes asesinados y, según la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 2021, elaborada por el  Instituto Humboldt, es uno de los países con “el mayor número de conflictos ambientales en el mundo, generados principalmente por minería (oro, petróleo, carbón)”, ¿por qué seguir insistiendo en que se ratifique el acuerdo de Escazú? 

LMA. Obviamente ninguna norma es una varita mágica que va a cambiar la situación nefasta de Colombia. Yo creo que las normas contribuyen, pero obviamente no son el 100% de la solución. Sin embargo, hay algo que es muy importante para la defensa ambiental en nuestro país y es que resalta el rol de los líderes y de las lideresas que trabajan en la protección de los ecosistemas, de los recursos naturales, de la biodiversidad, que es algo que no ha estado muy visibilizado en Colombia: no tenemos una definición de personas defensoras del ambiente oficial y eso hace que ellos y ellas no tengan medida diferencial para su protección, no hay una base de datos nacional de personas defensoras, que podría ayudar a prevenir las amenazas, hostigamientos y asesinatos de los que son víctimas. Escazú ya empezó a promover la cooperación sur – sur y norte-sur porque a mí me parece que está absolutamente demostrado que a Colombia le quedó grande proteger a sus líderes y lideresas ambientales y que necesita la ayuda de otros países.