Más allá del formalismo de la Resolución 104 del pasado 13 de enero, en la cual la Agencia Nacional de Minería (ANM) retoma el control de fiscalización y vigilancia de los proyectos Quebradona (Anglo Gold Ashanti), Gramalote (Anglo Gold Ashanti y B2 Gold), Buriticá (Zijin Continental Gold) y Mineros Aluvial (Mineros S.A.), para “unificar lineamientos, criterios y políticas”, y de la respuesta de la Gobernación, cuatro días después, en la que dice “expresamos claramente nuestro desacuerdo con esta decisión”, lo que habría detrás de la decisión es la respuesta del Gobierno nacional ante las quejas y reclamos de comunidades, colectivos ambientales y organizaciones sociales ante el papel de la Secretaría de Minas de la Gobernación en la vigilancia de estos grandes proyectos mineros.
Hay tres elementos a tener en cuenta en la decisión de la ANM, según Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC: lo primero “es que la política minera tiene que cambiar, estamos hablando de que se está buscando una justicia ambiental y climática y esto implica armonizar y estandarizar mecanismos de fiscalización y control en estos grandes proyectos”; lo segundo es que el Gobierno nacional no tiene confianza en los procedimientos que adelantó la Secretaría de Minas; y lo tercero es que la política minera no está sincronizada con la política ambiental.
Quitarle a la Secretaría de Minas el manejo de los cuatro proyectos “es más una especie de excusa que utiliza la ANM, un formalismo que utiliza para reasumir, pero el mensaje político es de desconfianza. Ya desde las organizaciones ambientales se venía señalando como uno de los puntos a corregir en la política minera, la delegación que se le había hecho a la Gobernación, que no ha cumplido un papel muy serio con la titulación y fiscalización”, asegura Juan Esteban Jaramillo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.
Más allá de las lecturas políticas de la situación, desde las regiones afectadas las críticas a la Secretaría de Minas de la Gobernación son concretas.
Quebradona
Este proyecto minero entre Jericó y Támesis es uno de los más problemáticos, por ubicarse en una región con una vocación agrícola, a diferencia de los otros tres proyectos. Explotaría cobre, oro y plata en unos 23 años y su yacimiento minero se ha calculado en 1.400 millones de dólares.
Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, asegura que les complace la decisión de la ANM: “lo fundamental es que el proyecto Quebradona está sobre un terreno rico en acuíferos y zona de recarga de acuíferos. El Consejo de Estado en una sentencia de agosto de 2022 pide proteger los acuíferos y nacimientos de agua. El Gobierno está procediendo con esa decisión y con la vocación agraria de este municipio.”
Incluso desde Davos, Suiza, la ministra de Ambiente Susana Muhamad se refirió a esta situación: “Lo que nos ordena la sentencia es a hacer un ordenamiento ambiental y minero. El sector tiene que definir en dónde se puede hacer minería, y en donde no. La sentencia lleva a que se revoquen títulos ya entregados en zonas sensibles”, y agregó que están revisando casos donde existen controversias sociales y ambientales por los activos en disputa y la vocación de los territorios.
Agrega Jaramillo que la Secretaría de Minas ha estado “en todo momento a favor de Anglo Gold Ashanti, desconociendo las peticiones de las comunidades de Jericó”. Recuerda que en 2015 la empresa pidió unificar sus títulos, que ya venían desde 2004, “porque tenía muy avanzado el proyecto y en esa unificación lo hizo con un nuevo contrato de concesión, que dio paso a una nueva fase de exploración. Eso da 15 años de exploración y lo que el Código de Minas dice es que el máximo de años para explorar es once. Eso es una muestra del favorecimiento de la Secretaría de Minas a las pretensiones de la multinacional”.
Pero también señala que le advirtieron a la Secretaría que la empresa estaba haciendo perforaciones por fuera del título minero “y no acataron la denuncia”.
Un proyecto minero de este tipo necesita una licencia ambiental, que la otorga la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), y un Plan de Trabajo y Obra (PTO), que lo otorgaba la Secretaría de Minas hasta la reciente decisión de la ANM.
Frente a lo anterior, Jaramillo recuerda que la Anla presentó 174 requerimientos a la empresa y esta no los resolvió en los dos meses que tenía, de ahí que archivaron el proyecto Quebradona; la Secretaría de Minas, por su parte, “encontró 545 inconsistencias y en tiempo récord la empresa resolvió esos requerimientos y lo hizo sin la profundidad que la Secretaría solicitaba, pero aceptó ese PTO, mientras la Anla archivó la licencia. Eso muestra la actitud de favorecimiento”.
Más críticas a la Secretaría de Minas
La empresa Mineros Aluviales explota el oro en la cuenca del río Nechí desde 1974, es propietaria de 36.776 hectáreas, casi la extensión de la ciudad de Medellín. En los últimos años el IPC ha investigado las afectaciones socioambientales ocasionadas por esta empresa a los habitantes del Bajo Cauca.
Carlos Andrés Zapata dice que ha sido “casi nulo el seguimiento y fiscalización de la Secretaría de Minas a Mineros”. Y pone como ejemplo las afectaciones ocasionadas desde 2017, cuando la empresa empezó a utilizar un modelo de poza cerrada para controlar los residuos de su actividad, conocidos como jarillones, unos muros de tierra que encierran la mina. Estos se rompieron en 2018, 2020, 2021 y 2022, y fueron construidos, en su momento, sin permiso de la autoridad ambiental.
El abogado Juan Esteban Jaramillo, quien en 2018 hacía parte del IPC cuando se rompió por primera vez el jarillón, recuerda que “la autoridad minera fue la más ausente”, porque si los jarillones estaban en el Plan de Manejo y Obra la Secretaría también debía hacerle seguimiento y control a la construcción de esa obra.
El coordinador del Observatorio de DDHH y Paz del IPC critica a la gobernación de Aníbal Gaviria, que un mes antes de las elecciones presidenciales “ferió lo que quedaba de distrito minero en Antioquia. Previendo un cambio de política con el nuevo gobierno, la gobernación de Antioquia se aceleró a hacer una subasta de títulos. Fue grave e incluso desleal.”
El diario El Colombiano se refirió a este hecho el 13 de junio de 2022, cuando fue lanzada la Ronda Minera para Oro en el marco de la Convención internacional de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, en donde el pasado Gobierno nacional presentó 16 Áreas Estratégicas Mineras del país, cuatro de ellas en Antioquia: Santa Fe de Antioquia, Peque e Ituango. Las ofertas por estas áreas empezaron a llegar el 21 de julio, un mes después de dicho evento.
¿Qué hará la Agencia Nacional de Minería?
El argumento de la ANM es que va a “reasumir parcialmente” las funciones que había delegado en la Gobernación de Antioquia desde 2013, “con el propósito de unificar lineamientos, criterios y políticas para la fiscalización, seguimiento y control” de los proyectos de interés nacional.
Para Carlos Zapata, el Estado no tiene posibilidad de aplicar el código ambiental y minero en terreno y eso fue evidente con la Secretaría de Minas de Antioquia. Una opinión similar tiene el profesor Juan Esteban Jaramillo, quien considera que la ANM debería tener la capacidad de hacer seguimiento y control a esos proyectos. Pero ante la incapacidad de los estados departamental y nacional se pregunta si la ANM podrá tramitar las denuncias de las comunidades y hacerles seguimiento y control a esos proyectos. Que no lo haga y no resuelva la situación, “sería lamentable”.
La resolución retorna el control de los cuatro proyectos al Grupo de Proyectos de Interés Nacional de la ANM, y la Secretaría de Minas de Antioquia deberá entregar un informe en el que describa el estado de cada título y la gestión realizada en los últimos cinco años, además de informar de los trámites en curso o que estén pendientes de resolver.
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