La Asamblea de Antioquia le entregó la semana pasada la “Orden al Mérito Cívico y Empresarial” a la empresa Mineros Aluvial, “por su aporte al desarrollo económico” del departamento, mientras que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) le otorgó a esta empresa la distinción de “institución emblemática” por su compromiso con “la minería sostenible y su respeto por las personas y los derechos humanos”. Estos reconocimientos parecen desconocer las afectaciones medioambientales ocasionadas por esta empresa en la cuenca del río Nechí, en el Bajo Cauca, las afectaciones a los pescadores y el pasivo ambiental que acumula luego de casi cinco décadas en esa región.
De acuerdo con Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, dicha empresa ocasiona vulneraciones de derechos territoriales y ambientales por su actividad minera, entre las que se cuentan la desviación del río Nechí, los vertimientos y el sistema de poza cerrada, el cual utiliza unos jarillones que se han roto, por lo menos, cinco veces, como lo ha denunciado la Agencia de Prensa IPC, ocasionando la muerte de miles de peces y afectaciones a los pescadores de la cuenca del río Nechí. Y según la ANLA, la autoridad ambiental tiene hasta veinte años para investigar estas afectaciones.
Otros daños son ocasionados a las ciénagas y humedales que han desaparecido en la cuenca y la destrucción de bosques de cativos afectados por la minería.
La empresa es dueña del río Nechí
Mineros Aluvial es una empresa del grupo Mineros S.A., con presencia en Chile, Argentina y Nicaragua, y controlada principalmente por el Grupo Scotiabank Colpatria (capital colombo-canadiense) y Corficolombiana S.A. (de la familia Sarmiento Angulo).
Desde 1974 explota el oro aluvial en la cuenca del río Nechí. La empresa es propietaria de 36.776 hectáreas, un poco menos la extensión de la ciudad de Medellín, gracias a títulos que vienen desde la colonia que se conocen como Registro de Propiedad Privada (RPP). La pregunta la hace el estudio de casoImpactos de la minería extractiva aurífera en el río Nechí, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, “¿cómo Mineros Aluviales S.A.S puede tener un título de propiedad privada de tanto tamaño sobre la cuenca de un río, tanto del suelo como del subsuelo?”
Parte de la respuesta indica que, desde la colonia hasta la actualidad, el ordenamiento jurídico del país sigue reconociendo el derecho de propiedad sobre el subsuelo a particulares que obtuvieron esos predios mientras las normas de la colonia estaban en vigencia. Es decir, la Constitución Política de 1991 dice que el Estado es dueño del subsuelo, pero el caso de la empresa Mineros es una excepción.
En 1974, la entonces Mineros de Antioquia S.A. compró los polígonos que permitían la explotación del río Nechí y que hacían parte de varios RPP. Todos estos títulos los englobó en uno solo en 2015, que comprende el lecho y ribera del río en su cuenca baja, hasta que desemboca en el río Cauca. Esto la hace “propietaria de un río”, como lo describe el informe. Las dos grandes cuencas hídricas de la región fueron concesionadas a dos empresas: el Cauca a EPM, con el proyecto Hidroituango; y el Nechí a Mineros S.A., con la explotación de oro.
Si bien desde los años 80 hay evidencia de que sobre el río había explotaciones mineras con maquinaria, asegura el informe que estos mineros no tenían la posibilidad de impactar el paisaje y el cauce del río como lo ha hecho Mineros: “la operación de la empresa Mineros S.A. ha contado con 5 dragas, por ello la empresa tiene la capacidad de excavar 1.400.000 metros cúbicos de material, lo que en un lapso de operación de 47 años representaría un aproximado de 789.000.000 de metros cúbicos de material removidos.”
A finales de los ochenta la empresa desvió el río y el poblado de Puerto Claver dejó de ser puerto y hoy solo se puede acceder por tierra. El informe señala que luego de más de tres décadas de la desviación del río “no se conocen los impactos estructurales que esto produjo”. Este es uno “de los mayores pasivos ambientales generados por una empresa a un río en el país, la empresa sucesora Mineros Aluviales SAS sigue explotando sobre el complejo de humedales y ciénagas, ya no alteran el curso lótico del río, pero sí el léntico, con un sistema de poza cerrada que promete tratar las aguas dentro de la poza “sin verter aguas contaminadas al río”.
Señala el informe Estudio de impacto ambiental en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, elaborado por la Central de Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia en 1990, que la recuperación del cauce original del río es “prácticamente imposible”, que “la actividad minera, al modificar la dinámica fluvial ha hecho que las ciénagas y lagunas que existían en el tramo Angostura-río Amanecerí desaparezcan y se conviertan en trampas de sedimentos o que estén en vías de desaparecer por desagüe y evaporación”.
El sistema de poza cerrada
Hasta 2014 la empresa descargó mercurio en el río Nechí y no se conocen los efectos que esto ocasionó sobre la fauna y la salud de las personas que viven en las cuencas bajas de los ríos Cauca y Nechí. Recientemente la Universidad de Córdoba publicó un informe en el que identificó altas concentraciones de metales pesados como mercurio, cadmio, arsénico y plomo en las cuencas de ambos ríos.
La Ley 99 de 1993 le pidió al Ministerio de Ambiente establecer límites a emisiones, descargas, transporte o depósito de sustancias que puedan afectar el medio ambiente, así como prohibir que se viertan sustancias causantes de degradación ambiental, de ahí que se autorice el cobro por aprovechar los recursos naturales y se cobre una tasa retributiva por los vertimientos, que se fijan en el decreto 1076 de 2015.
Es así como, dice el informe del IPC, “durante la dirección de Corantioquia de Alejandro González Valencia, la autoridad ambiental con competencia legal para el establecimiento y el cobro de la tasa retributiva por vertimiento en el río Nechí, consideró que la entonces Mineros S.A. no estaba pagando lo que le correspondía por la carga contaminante vertida, así que por intermedio de la Oficina Territorial de Panzenú se inició un proceso de cobro coactivo contra la empresa por lo que había dejado de pagar.”
La factura que le envió Corantioquia a Mineros S.A. era por el monto de 96.537 millones. Al final la empresa interpuso varios recursos legales y argumentó que antes de verter los residuos al río estos pasaban por un tratamiento, indicando que las aguas que arrojaba al Nechí eran más limpias que las que captaba. El entonces director de Corantioquia dejó su cargo y la nueva directora, Ana Ligia Mora, archivó el proceso e hizo una nueva negociación con Mineros.
El informe señala que los pagos por la tasa de vertimientos son inferiores a los que pretendía el director González Valencia, y que los valores son inconstantes, entre otras razones, porque los volúmenes de vertimientos registrados corresponden a los que da la empresa y no al seguimiento de la autoridad ambiental.
Es en 2017 cuando la empresa empezó a utilizar un modelo de poza cerrada para controlar los residuos de su actividad industrial. “En la actualidad la empresa interviene sobre el sistema de ciénagas humedales, desconoce su importancia en el ecosistema y en sus diferentes documentos técnicos habla de operación en la llanura aluvial y de su bajo impacto directo sobre el río Nechí. Es allí donde se establece la poza cerrada y las diferentes dragas utilizadas por la empresa en su proceso de producción”, señala el informe del IPC.
Para que esta poza cerrada opere en óptimas condiciones, que no generen riesgo a la operación ni el entorno, debe tener una altura máxima de 37 metros sobre el nivel del mar, pero durante varios meses al año ese nivel es rebasado. “Según la empresa no hay intercambios de sólidos entre la poza cerrada y el lecho del río y las fuentes hídricas cercanas. También afirma que con mezclas químicas se tratan los residuos sólidos y luego son vertidos a fuentes indirectas antes de llegar al río. Pero la realidad es que la poza ha tenido varios problemas que han impactado principalmente a la comunidad de pescadores de La Esperanza por la ruptura de los jarillones. Este modelo que se empezó a implementar en 2017, sin la autorización de la autoridad ambiental, produjo la apertura de varios procesos sancionatorios.”
Esos jarillones se rompieron en 2018, en 2020, en 2021 y en julio de este año. Los construyó la minera sin permiso de la autoridad ambiental, por eso la ANLA abrió un proceso sancionatorio contra la empresa, que no avanza. Según la interpretación que hacen de la Ley 1333 de 2009, tienen hasta veinte años para emitir un acto administrativo.
El evento más grave ocurrió el 13 de mayo de 2018, luego de la ruptura del jarillón en 500 metros lineales. La empresa dijo que esto ocurrió por una “creciente extraordinaria” del río, lo que fue desmentido por las autoridades ambientales al revisar la información del Ideam.
El hecho generó la mortandad de miles de peces, cambio en la coloración del río y afectaciones a los pescadores. Este hecho fue denunciado por la Agencia de Prensa del IPC y sigue presentándose en la actualidad, sin que haya una decisión de fondo en las investigaciones contra la empresa.
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Otras afectaciones
A pesar de que el Consejo de Estado dijo en 2018 que los humedales son “objetos de especial protección” y que están conformados no solo por los cuerpos de agua sino por áreas de transición como las rondas hídricas y las zonas de manejo ambiental, por lo que gozan de protección constitucional, lo llamativo es que la actividad de Mineros hoy se concentra en los humedales de la cuenca del río Nechí.
“De acuerdo al registro de humedales del Instituto Humboldt, la cuenca del río Nechí abarca cerca de 1.461.292 has de área humedales, en jurisdicción de Corantioquia 131.394,5 hectáreas (Corantioquia, 2020, p.72) de las cuales 9.332 hectáreas están asociadas con el río Nechí y de acuerdo al Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca -POMCA- correspondiente a la zona baja de la cuenca, se identifican 7 complejos de humedales (Complejo de humedal Corrales-Chibolo, Ciénagas Raboncito, El Sabalito, Los Piojos, Los Sábalos, San Matías, Sapo Hermoso) que suman 7.158 has”, explica el informe.
Sin embargo, advierte el documento, a pesar de que se cuenta con figuras de áreas protegidas, en la cuenca del río Nechí es evidente que la minería continúa haciéndose sobre un ecosistema clave para la vida en el país. En varios recorridos por la cuenca del río Nechí el equipo del IPC ha evidenciado cómo se ha destruido el humedal de Sanpumoso, a la par que se convierte en una montaña de arena. Dice Corantioquia que “a la fecha no se han realizado estudios multitemporales que lleven a concluir sobre la desaparición de cuerpos de agua cenagosos en la cuenca del río Nechí”.
En medio de este panorama, la Asamblea de Antioquia y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros parecen desconocer los daños históricos que esta empresa ha ocasionado a la flora, la fauna y los habitantes del Bajo Cauca. De ahí que el estudio del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC concluye que, gracias al título de Reconocimiento de Propiedad Privada, Mineros “paga regalías mínimas con un 0.4% en comparación al grave impacto que generan en el medio ambiente y al territorio. Situación que resulta paradójica frente a la situación de campesinos de la región a quienes bajo el modelo de segregación no han tenido acceso a la propiedad de la tierra.”
Y concluye que, en 47 años de actividad extractiva en el Bajo Cauca, la empresa “ha incurrido presuntamente en infracciones ambientales tales como como la desviación del río Nechí, la construcción ilegal de jarillón, aprovechamiento forestal, vertimiento, modificación del sistema hídrico, implementación de nuevas técnicas sin autorización ambiental. Sin embargo, aunque las autoridades ambientales han abierto procesos sancionatorios en la actualidad esto procesos han sido lentos y no han arrojado hasta ahora resultados concretos, así como no se han compensado a las comunidades.”
