Desde propuestas para la producción limpia de energía, pasando por iniciativas de reforma al actual código minero colombiano, hasta experiencias exitosas de resistencia colectiva a mega proyectos minero energéticos que vulneran derechos de las comunidades en el país, se escucharon en Medellín durante la realización del foro Hacia la paz territorial y ambiental, realizado el 30 de noviembre en Medellín por el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
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Soledad Betancourt, investigadora del IPC, explicó que esa organización junto con la Universidad de Antioquia y actores del territorio, ha venido haciendo una serie de diálogos locales en varios municipios, buscando generar un diálogo territorial más amplio, especialmente en el Bajo Cauca y en el Nordeste antioqueño.
El gran reto, reveló Betancourt, “es la necesidad de un ordenamiento territorial para la paz y la equidad, a fin de que efectivamente podamos avanzar hacia un posconflicto con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Por eso al evento, realizado en el Hotel Nutibara, asistieron líderes sociales de comunidades con minería tradicional, de poblaciones afectadas por la gran minería, líderes campesinos y mineros tradicionales; quienes el día anterior al foro participaron en un taller en el que plantearon propuestas para la construcción de políticas nacionales y regionales tendientes a superar los conflictos socio ambientales derivados del actual modelo extractivista del país.
Jairo Alberto Castrillón González, uno de los asistentes llegó del Nordeste Antioqueño. Él es miembro de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antiqueño (Cahucopana) e integrante de la Asociación de Víctimas Mineras de San Roque, municipio donde está asentada la multinacional minera de oro AngloGold Ashanti.
“Desde que llegó la empresa, con una compañía que se llamaba Quedada, los trabajadores nos decían a los mineros tradicionales que esa multinacional iba a enviar al Ejército y a la Policía a sacarnos de ahí y que nosotros debíamos desocupar las minas”, denunció Castrillón.
Según el líder de los productores tradicionales, muchos mineros abandonaron las minas por temor. Él nunca dejó su veta, pero “luego vino el señor Julián Villarroel con B2Gold en Gramalote, y pasó un informe a la Agencia Nacional Minera diciendo que en San Roque no existía la minería tradicional. Y eso ha creado un conflicto muy grande porque ha dado pie a las autoridades para contra restar cualquier petición de minería ancestral en la zona”.
Esta problemática empezó entre los años 2004 y 2005, dice Castrillón, desde entonces, los mineros informales se han venido organizando, han desarrollado marchas y han adelantado acciones jurídicas para exigir la garantía de sus derechos. Pero “en este momento, los mineros y los campesinos están en el limbo. La empresa no se ha sentado a hablar con nosotros, y se debía haber entablado el diálogo. Nosotros les proponemos una mesa de estudio y de soluciones, les proponemos que nos sentemos a estudiar por qué ellos han conformado ese problema ahí, por qué se formó el conflicto, y por qué hay esta desesperanza, para luego empezar a hallar, porque tienen a los agromineros entre la espada y la pared”.
Sin embargo, en esa desesperanza de la que habla, Castrillón encontró en el foro taller de Medellín un aliciente para que las organizaciones a las que pertenece continúen su lucha, pues según él, “en San Roque estamos aislados y pensábamos que estábamos solos, pero aquí en el taller veo que hay mucha gente habida de conscientizar al pueblo colombiano para poder que nosotros, los campesinos y agromineros de todas las zonas del país, aprendamos a defender el territorio. Y la clave está es en defender el territorio, porque el riesgo que hay es que la AGA está comprando tierras en todo el país, en la zona del NUS tienen ya 27 mil hectáreas, entonces nos vamos a quedar sin de qué vivir”.
Por eso, una de las experiencias que más llamó la atención de este líder agro minero, fue el proceso adelantado por movimientos sociales y ambientales en Cajamarca, Tolima, que también involucra a la empresa minera AngloGold Ashanti. “Ese proceso nos motiva mucho a seguir adelante y a luchar por esa consulta popular que tanto estamos necesitando allá [en San Roque]”.
Cajamarca: ejemplo de defensa del territorio
Como una fiesta por la defensa de la vida, llena de carnaval y alegría, han concebido los cajamarquinos el proceso de lucha social por la defensa del agua, la vida y el territorio frente al proyecto de minería a cielo abierto La Colosa de la multinacional AngloGold.
El proyecto, al que el 97% de los cajamarquinos dijeron NO en la consulta popular del 26 de marzo de 2017, proyectaba reservas por 24 millones de onzas de oro y, según denunciaron en su momento distintas organizaciones ambientales, afectaría zonas de páramo e importantes reservas de agua, principalmente los ríos Anaime y Bermellón que surten de agua a la mitad de la población del Tolima, cerca de 700 mil habitantes.
Para Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y del Colectivo Socioambiental y Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), el gran logro de ese municipio fue que “puso a discutir el modelo minero energético de este país, cosa que no se pudo hacer en la negociación de La Habana ni en la mesa de Quito. Entonces digamos que es un aporte que se ha venido consolidando con las demás consultas que han venido saliendo después de la de Cajamarca. ¿Por qué? Porque por primera vez hubo un mecanismo legal que puso al Gobierno nacional a pensar si ese es el verdadero desarrollo que están esperando los territorios, lo que tuvo un amplio cubrimiento en la agenda pública del país”.
Sin embargo la lucha no fue fácil. Los movimientos que lideraron la iniciativa sufrieron amenazas que llegaron a través de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto o personas, a nombre de los grupos posparamilitares “Rastrojos”, “Águilas Negras” o simplemente como anónimos. Y en medio del proceso, reveló Robinson, fueron asesinadas cuatro personas entre los años 2013 y 2014. Juan Camilo Pinto, integrante de Cosajuca asesinado en el corregimiento Anaime; Pedro César García, líder campesino de la JAC La Leona, asesinado en esa vereda; José del Carmen Ramírez, conductor de la cooperativa de transportadores que apoya al movimiento, cuyo vehículo fue impactado por un artefacto explosivo cuando llevaba una misión del IGAC que estaba delimitando el páramo Anaime Chili Barragán; y Daniel Sánchez, miembro de Cosajuca, que desapareció en una zona rural y fue encontrado seis días después colgando de un árbol.
Aún en medio de las agresiones, el proceso logró salir adelante porque desarrolló acciones desde distintos enfoques, pues aparte de las marchas carnavales y la consulta popular, se usaron otros mecanismos de participación ciudadana como los cabildos abiertos, las audiencias públicas y las asambleas ciudadanas. “En esos espacios hemos podido construir con la gente diferentes escenarios para discutir y confrontar los impactos que podría tener el proyecto minero La Colosa, desde enfoques académicos, jurídicos y, sobre todo, sociales”, explicó Robinsón.
Y aunque Cajamarca logró decirle NO a la minería, la lucha por la defensa del territorio se mantiene porque, como afirmó Robinson, “de nada sirve ganar la consulta en nuestro municipio si el gobierno sigue con la locomotora minera en el resto del país”. De ahí la importancia de articular acciones y experiencias con otros territorios de Colombia.
