Mientras empresas como la Continental Gold apropia hasta ahora unas 62 mil hectáreas de tierras en el municipio de Buriticá y es reconocida como proyecto PINE –proyectos de Interés Estratégico Nacional-, condición que le permite romper cualquier barrera para los permisos y licencias a su operación; mineros informales, e incluso los que firmaron subcontratos de formalización son expulsados del territorio.
El acompañamiento para romper las barreras, que en su operación encuentra la multinacional canadiense, se dio en el periodo del ex Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y parece tener continuidad con un ferviente compromiso del actual Gobernador, Luis Pérez, por las acciones que a solo 25 días de su posesión se están dando en los municipios mineros de Antioquia.
Las empresas mineras que en su mayoría entraron al país después del año 2002, cuando inició el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, han visto como gran obstáculo para la instalación de sus operaciones: 1. La consulta previa, los procesos de restitución de tierras que según las mineras retrasa permisos ambientales y de operación 2. Las movilizaciones sociales tanto de mineros ancestrales, pequeños y medianos como de movimientos sociales y ambientalistas 3. La presencia de mineros que de tiempo atrás estaban en estos territorios y no tienen un título.
La política de formalización basada en una estrategia de criminalización de los mineros informales; la no verificación al cumplimiento de la consulta previa y las llamadas licencias exprés contenidas en toda la legislación asociada a los proyectos PINES; las disposiciones tanto en la ley de infraestructura, como en el Plan de Desarrollo 2014-2018; han sido algunas de las salidas que el Estado colombiano les ha dado para garantizarles la seguridad jurídica que estas empresas demandan.
Antioquia es el departamento con más hectáreas en títulos otorgados y solicitados en el país. Simultáneamente, es uno de los 10 departamentos donde el 80% de las unidades mineras son informales. En el censo minero mencionado, de 2.015 unidades contadas, 1.601 no poseen título minero. Ante esta realidad el plan de desarrollo “Antioquia la más Educada”, del exgobernador Fajardo, propuso una “política integral de la minería” donde unos de sus ejes era la “inclusión y equidad para el desarrollo” y el “ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental”. Para ello se propusieron 800 legalizaciones y formalizaciones. El Bajo Cauca y Nordeste concentran el 74% de la propuesta. Pero parecería que lo que se impuso fue la política nacional, asunto explicable por la política de recentralización que ha significado la creación de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y que ha venido quitando la función a los departamentos.
¿Pero que tanto se avanzó en el cuatrienio en Antioquia?
Al parecer, altos niveles de inversión con bajos resultados e inconformidad de los mineros, es el balance de una política que pretendía formalizar 800 unidades productivas en Antioquia. Así lo mostro en el mapa la Gobernación de Antioquia
Un informe de 2014 da cuenta de que el departamento invierte 17 mil millones de pesos en política de formalización[1]. Para ese año se firmaron cinco subcontratos con la canadiense Continental Gold, con lo que se busca formalizar la actividad de 280 personas que viven de sacar oro en Buriticá. Mientras tanto la multinacional expulsa permanentemente con acompañamiento de la policía, el ejército y efectivos del Esmad, a mineros que buscan su sustento en el municipio. El 17 de enero de 2016 están desalojando 13 minas con más de 1.200 mineros[2]. El 25 de enero de 2016 el diputado Jorge Gómez y el sacerdote Hernán Darío Ortiz, denuncian desalojos operados por hombres armados de la Continental Gold en Buriticá en socavones de minas que están en proceso de formalización. Uno de esos desalojos se da en la mina El Progreso No 5. En el reporte de anotaciones se puede observar la anotación con esta empresa en un contrato de formalización al que se le adjudican una hectárea y media. Estos contratos de formalización recibieron al menos una inversión a nivel departamental de 17 mil millones de pesos. Estos desalojos vienen dándose desde el año 2012. [3]
Informes entregados en 2015 dan cuenta de que apenas unas 80 unidades han sido formalizadas, un 10% del propósito inicial. De ellas 36 contratos de operación, 5 como reserva especial y las demás a través de subcontratos de formalización, contratos de concesión y minería de hecho[4].
Con gran despliegue publicitario afirman que “Compañías mineras contribuyen a la formalización de la pequeña minería en Antioquia”
Sergio Fajardo , como un hecho histórico y un aporte a la equidad presenta en El Bagre el Centro de Formación Minero Ambiental, “Este centro fue construido en un lote de 40.000 metros cuadrados (4 hectáreas) donado por MINEROS S.A. y requirió una inversión de 13 mil millones de pesos que fueron aportados por la Gobernación de Antioquia, el SENA, MINEROS S.A. y el municipio de El Bagre”[5]. Estas 4 hectáreas para el centro de formación y unas 117 hectáreas para proyecto de formalización es el aporte de la minera que controla más de 120 mil hectáreas en títulos mineros y que tiene una gran deuda social con la región. No suena esto a equidad ni a inclusión, sino a una estrategia pagada por el Estado para desalojar mineros y organizarles a las multinacionales su mercado de trabajo a precios baratos y con pérdida de autonomía de los mineros que históricamente han habitado el territorio.
Según Jorge Gómez, diputado de la asamblea departamental, después de la importante inversión que se hace, el propio Gobernador de Antioquia se quejaba en la feria Minera de 2012 donde Fajardo dijera: “esto no se corresponde con los problemas que hay que enfrentar, no es justo que la Continental Gold me diga tome 10 hectáreas para legalizar estas personas”[6]
Esto parece estar refrendado en las anotaciones que se encuentran en los registros mineros de la ANM el 1 de diciembre de 2014 en tres subcontratos de formalización asociados a la CG, uno de tres ha, otro de 1 ha y media y otro de 4 hectáreas (estos se pueden ver en el registro de anotaciones del 2 de diciembre de 2014, presentado en esquema anterior)
La minera canadiense Gran Colombia Gold que llegó a apropiarse del territorio que después de la quiebra de la Frontino le había quedad a los mineros del Nordeste, afirma que cuando llegó con su título encontró 5.000 mineros a los que les propuso contratos de asociación. En ellos, afirma su presidente Consuelo Araujo: “Estos contratos estipulan que los pequeños mineros deben entregar a Gran Colombia Gold el mineral, para que sea procesado en la planta de la empresa. Este mecanismo permite, según la compañía, aumentar el nivel de recuperación de oro de un 60 por ciento -del proceso con mercurio en la minería informal- a un 75 por ciento con la tecnología de la multinacional. Luego los ingresos se reparten entre la empresa y la asociación o cooperativa de mineros, según un porcentaje variable que La Silla no pudo establecer”[7].
Es por ello que las asociaciones de mineros que representan a pequeños y medianos, en su mayoría sin título minero, afirman que la política de formalización es un artilugio para entregarle la riqueza a las multinacionales, donde el control de la producción y la definición de las condiciones de negociación las fija la multinacional y donde los pequeños mineros pierden su autonomía económica y reciben bajas contraprestaciones.
Es paradójico que para estos precarios resultados a estas empresas además de tener a su disposición la estructura de la Secretaría de Minas del departamento, se les entreguen 30 mil millones de pesos para organizar su mercado de trabajo minero en condiciones precarias (17 mil millones en formalización y 13 mil millones en el centro de formación de Bajo Cauca). Interesante compararlo con los 13.694 millones de pesos asignados en el presupuesto de inversión para el componente de “Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación”. Por las acciones de desalojos mineros este mes en Antioquia, el Gobernador Luis Pérez parece estar muy comprometido con una ejecución efectiva de esta política de formalización.
[1] http://www.elcolombiano.com/se_invierten_-17_mil_millones_para_formalizar_mineros_en_antioquia-JXEC_298991
[2] http://www.elcolombiano.com/toman-medidas-para-desalojo-de-13-minas-informales-en-buritica-NA3453690
[3] Denuncian desalojo por Continental Gold a minas aledañas en Buriticá. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/continental-gold-mantiene-vacios-cuatro-socavones-en-buritica-L
[4] http://www.anm.gov.co/?q=Avances-formalizacion-mineros-tradicionales-Antioquia
[5] http://www.acmineria.com.co/noticias/companias-mineras-contribuyen-la-formalizacion-de-la-pequena-mineria-en-antioquia
[6] http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/territorio/2912-el-diputado-jorge-gomez-presento-pruebas-que-incriminan-a-la-multinacional-continental-gold-y-dan-cuenta-de-la-complicidad-del-gobierno-en-la-desaparicion-de-mineros-en-buritica
[7] http://lasillavacia.com/historia/las-multinacionales-montar-los-pequenos-mineros-en-la-locomotora-40694
