Garantizar atención socioeconómica a través de un documento Conpes especial, articulado al Plan Nacional de Desarrollo. Esa fue una de las principales propuestas de congresistas, diputados, concejales y organizaciones que participaron en la Audiencia de seguimiento: la crisis ambiental y social aguas abajo generada por Hidroituango, que se realizó el 18 de febrero en el polideportivo de Tarazá, municipio del Bajo Cauca.
Según Luz María Múnera, concejala de Medellín, la construcción de un documento Conpes permitiría implementar programas y proyectos que ofrezcan desarrollo económico y social para 16 municipios impactados por la hidroeléctrica. Respecto a la implementación de la propuesta, dijo que “estamos dispuestos a ayudar y tenemos la capacidad técnica para hacerlo”.
En ese sentido León Fredy Muñoz, representante a la Cámara por Antioquia, instó a la comisión a trabajar para que en el Plan Nacional de Desarrollo quede incluido “un artículo claro y preciso de atención integral para toda la región del Bajo Cauca”. Para él, solo con esa medida se podría asegurar que haya recursos para implementar la política socioeconómica que se consigne en el Conpes.
Mientras la propuesta se desarrolla, la crisis que inició hace aproximadamente diez meses –tras el cierre de compuertas de la represa, por decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM)– se mantiene. Desde entonces, las variaciones extremas en el caudal del río y el desconocimiento sobre la estabilidad de las montañas que sostienen la presa se mantienen como factores de riesgo permanente.
De hecho, el nivel de riesgo es tal que caseríos como Puerto Valdivia requerirían reubicación permanente. Solo para atender la coyuntura de las alertas en rojo, en mayo del año pasado fueron evacuados temporalmente cerca de 24.000 habitantes de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres. Ellos aún viven en zozobra, a la espera de que la junta directiva de EPM les brinde información sobre el estado real del megaproyecto.
Es por eso que los habitantes que están asentados en la orilla del río Cauca están exigiendo que se les reconozca y repare las afectaciones ocasionadas por Hidroituango. “Necesitamos que EPM nos reconozca como zona de influencia, para que con las regalías que ingresen a los municipios se pueda hacer un equilibrio fiscal y sobrellevar la crisis económica”, manifestó Luis Fernando Sierra, integrante del Movimiento Ciudadano Aguas Abajo, de Caucasia.
Aunque estas exigencias de las organizaciones sociales iban dirigidas directamente a EPM, ningún delegado de la empresa asistió a la Audiencia. De nuevo, las comunidades fueron ignoradas, así como cuando no fueron escuchadas ni consultadas antes de la construcción de la represa, comentó el representante Muñoz. Y añadió que todos los culpables la crisis tendrán que responsabilizarse legal y políticamente.
Persisten las afectaciones
Las comunidades ribereñas ubicadas en la zona de influencia de la presa han establecido su vida cotidiana en torno al río Cauca. En aquel desarrollan sus actividades económicas tradicionales, como la pesca, el barequeo y, en algunos casos, la agricultura. Todas ellas se han visto afectadas por Hidroituango, afirmaron los veceros de organizaciones sociales que representan a distintos gremios y sectores en el Bajo Cauca.
José Libardo Arias es integrante del Comité de Pescadores Artesanales de Caracolí (Copearca). Desde niño ha lanzado redes al río, así como lo hicieron su padre y su abuelo. “Pero en este momento estamos a la deriva: nos están acabando los peces y el empleo que, por derecho propio, debemos tener. Si la situación sigue así, mis hijos no podrán ejercer este oficio; los jóvenes no tendrán nada que hacer”, comentó.
Tras la disminución del 90% del caudal del río Cauca en días pasados, EPM informó sobre la muerte de al menos 57.000 peces. Entre ellos, especies como el bocachico y el bagre, que son el sustento de más de 1.600 pescadores del Bajo Cauca. “La solución ahora es hacer un dragado para acondicionar nuevamente las ciénagas que se han ido secando, para que los peces se reproduzcan y vuelvan al río”, afirmó.
Alicia Blandón Sánchez también consigue su sustento en el río. Como vocera de la Corporación Minero-agropecuaria de Colombia, expresó que los barequeros han resultado afectados por dos razones: “por el temor de que, de pronto, se venga la represa y ocasione una catástrofe; y porque las orillas del río, que es donde ‘barequiamos’, todavía están un poco secas, y no podemos sacar tierra y moverla para lavarla”.
Esto resulta aún más problemático si se tiene en cuenta que la minería de oro es considerada “el renglón más importante de la economía de esta subregión”, según datos de la Gobernación de Antioquia. De hecho, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conaminercol) ha reconocido que aproximadamente el 80% de la población del Bajo Cauca depende de esa actividad; una buena parte de ella, población ribereña.
Además de ellos, otros sectores que se han visto afectados por la transformación del río son los campesinos que cultivan en las playas a orillas del río, por ser consideradas zonas fértiles; y los empresarios y comerciantes, que han visto cómo disminuyen sus ventas y su patrimonio. Sumado a eso, se ha presentado una desvalorización de la tierra, particularmente de los predios ubicados cerca del río.
Todo esto ahonda las brechas de desigualdad, como lo admitió Luis Fernando Sierra: “El Bajo Cauca hoy es la subregión con más pobreza, más atrasada y con menor calidad de vida de Antioquia. Aquí el 89% de la población está en condiciones de pobreza y pobreza extremas; estamos hablando de 277.000 personas, según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, y dicho por el gobernador”.
Pero ese panorama no se debe solo a la crisis ocasionada por Hidroituango, aclaró Gladis Miguel Vides, alcaldesa de Tarazá, sino también a la falta de inversión para generar desarrollo local. “Ahora que están construyendo el Plan de Desarrollo, le pedimos al Gobierno que incluya más inversión social para el Bajo Cauca, para educación, salud, viviendas dignas, vías terciarias y proyectos productivos”.
Se agudizan los conflictos
Hidroituango no es la única empresa que afecta a las comunidades del Bajo Cauca con sus actividades de explotación y extracción de recursos naturales. En esa subregión también opera la compañía Mineros S.A., señalada de generar daños ambientales y sostener pleitos con pequeños y medianos mineros no formalizados. Contra ellos, ha interpuesto amparos administrativos para que se realicen operativos militares y se frene esa forma de minería.
Además de esas empresas, distintos informes de la Fundación Paz y Reconciliación han detallado que en esa subregión operan distintas estructuras armadas, tanto insurgentes como paramilitares. Aquellas, entre las que se hallan ELN, Caparrapos y AGC, se disputan el acceso a los recursos derivados de la minería y los cultivos de coca, para financiar sus operaciones militares y mantener el control de territorios y comunidades.
Como consecuencia de ello, han aumentado los homicidios en esa subregión: el año pasado se registraron al menos 396 casos. Óscar Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías, precisó que trece de ellos fueron de defensores y defensoras de derechos humanos, que lideraban procesos comunitarios, de defensa del territorio, de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), etc.
Respecto a esta problemática, Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), exhortó a “elevar por encima de cualquier cosa la defensa de la vida y el territorio”. Y les propuso a los parlamentarios que “se constituya un espacio permanente humanitario”, “se desarrolle un plan de reparación colectiva y territorial” y “se eleve ante la discusión del Plan de Desarrollo un documento Conpes especial”, para restituir y garantizar los derechos de las comunidades que han sido violentadas.
Al finalizar la Audiencia, que fue convocada por una comisión de la bancada parlamentaria alternativa (Polo Democrático Alternativo, Verdes y Decentes), se comprometieron a realizar debates de control político a la crisis generada por Hidroituango y a impulsar la construcción del documento Conpes que incluya una atención integral para superar la crisis y los conflictos del Bajo Cauca.
