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Se llama Red Pluriétnica y su objetivo es defender el territorio y los derechos humanos del Bajo Cauca

Comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas se preguntan qué los une a pesar de la diferencia. La respuesta de más de 130 organizaciones de seis municipios de la región es defender la tierra y el agua, exigir que se cumplan los Acuerdos de Paz y dialogar con los actores armados en la Paz Total.

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Hay algo en común en estas más de 130 personas que vienen de cada rincón del Bajo Cauca: dicen que quieren proteger su territorio, pero no pueden hacerlo solas, y por eso se juntan, se reúnen de nuevo a las afueras de Caucasia, para concertar sobre lo que los une, que son tantas cosas, a pesar de que sus culturas los hace tan distintos: indígenas, afros, campesinos, pescadores, profesores, mujeres, líderes de juntas comunales.

“Tenemos bastantes problemas con el río Nechí”, dice uno de ellos. En esta historia ellos no tienen nombre por seguridad, pero sus preocupaciones son como un coro, “compañeros, arranquemos con esta iniciativa con fuerza, porque nos estamos quedando sin agua, sin flora y sin fauna”. 

Esta iniciativa es lo que ahora llaman la Red Pluriétnica por la Defensa del Territorio y los Derechos Humanos. Esta iniciativa es la que le dijo al Gobierno Petro que el Bajo Cauca no podía declararse Distrito Minero, porque esto invisibiliza a los pescadores, a los campesinos, a quienes protegen el medio ambiente. Que el Bajo Cauca, a pesar de toda la riqueza del oro, también es rica en muchas otras cosas. Una de ellas, el agua. Por eso quien habló del Nechí dijo que debían hacer algo, porque ese río que es afluente del Cauca, tiene mineros legales e ilegales: los primeros tienen un título a perpetuidad de 37 mil hectáreas, y han destruido humedales y ciénagas y acabado con la pesca en muchos sectores, mientras que los ilegales también se han encargado de llenar con mercurio las aguas de un río del que vive la gente: pescado con mercurio, huevos y cerdos con mercurio, yuca, plátano y ñame con mercurio.

Aunque el río o los ríos no son lo único que preocupa a todas estas personas que se juntaron el 29 y 30 de abril. También analizaron el desarrollo territorial, la implementación de los Acuerdos de Paz, la situación de los derechos humanos y los impactos de la política de la Paz Total. ¿Qué hacer?, ¿hacia dónde incidir?, ¿cómo trabajar? Por eso se volvieron a juntar ocho meses después de que publicaron un comunicado en el que unieron sus voces e hicieron una declaración de principios

Uno de los guardianes del río Cauca, figura creada gracias a la sentencia 038 de 2019, del Tribunal superior de Medellín, que declaró al río Cauca como sujeto de derechos, dijo que querían ser incluidos en la Red Pluriétnica, “para unidos proteger al territorio, al que debemos defender”. Y así, la Red sigue uniendo cada vez más comunidades.

La voz de la Red en el paro minero

Un hombre delgado, de piel trigueña y lentes cuadrados dice que, en representación de la Red, abrieron el diálogo para que otros sectores del Bajo Cauca, en especial el minero, entendieran que “somos una región diversa culturalmente y ambientalmente; hay otros sistemas productivos distintos al oro, al extractivismo”.

El 13 de abril, en uno de los diálogos que hizo el Gobierno en la región para solucionar el paro, “insistimos en que el distrito no sea solo minero, porque dejaba por fuera grandes alternativas económicas. El Distrito Minero debe tener una mirada sistémica: somos territorio hídrico, forestal, tenemos el mayor reservorio de agua subterránea de Antioquia.” Por esa razón la propuesta de la Red Pluriétnica y de un conjunto de organizaciones y personas amigas del Bajo Cauca, es que este se constituya en un Distrito para la Vida, en donde quepan todas las actividades ancestrales, incluyendo la minería.

https://twitter.com/IPCoficial/status/1636338378076454913

Vea también: Bajo Cauca: ¿distrito minero o distrito para la vida?

El problema de la tierra

Red Pluriétnica.

A la par que las comunidades piden más presencia del Estado, distinta a la militar, se enfrenta al problema del acceso a la tierra: gran parte del territorio está bajo Ley Segunda, es decir, que es una reserva forestal declarada por ley desde 1959. Si quieren vías, escuelas u hospitales, no pueden hacerlas; si quieren proyectos de vivienda, no pueden recibirlos; si quieren desarrollar proyectos productivos, no pueden tenerlos. Un ejemplo, el Bajo Cauca comparte la Serranía de San Lucas con el Nordeste antioqueño, como la serranía está protegida por la ley desde hace seis décadas, los ex combatientes de las Farc que salieron de la guerra no pueden tener proyectos productivos en el ETCR de Carrizal: no hay título de propiedad, la tierra es del Estado y fue declarada reserva forestal. En resumen: por ahora, no pueden hacer nada.

Eso sucede con varias comunidades de El Bagre, quieren salir de las economías ilegales que alimentan la guerra en el Bajo Cauca, pero no pueden recibir proyectos productivos distintos. Las paradojas de Colombia.

“La problemática de las comunidades étnicas y campesinas es la tenencia de la tierra”, dijo un campesino de El Bagre. Las comunidades indígenas, por ejemplo, carecen de tierra y la que tienen no pueden formalizarla, porque están en zona de reserva. Un funcionario de la oficina de implementación del Acuerdo de Paz dice que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha formalizado 450 mil hectáreas y adjudicado 150 mil en Antioquia; hacerlo en el Bajo Cauca será una tarea compleja. Los indígenas no son los únicos con problemas para acceder o formalizar la tierra. En la región hay 68 consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes, pero solo ocho están legalmente constituidas con titulación colectiva.

Lo primero, dice una investigadora del IPC, retomando las conclusiones de una de las mesas de trabajo de la Red Pluriétnica, es exigirle a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) (que tendría unas 40 mil hectáreas en el Bajo Cauca), al Fondo de Reparación para las Víctimas y a la Agencia Nacional de Tierras que les diga cuánta es la tierra disponible que puede ser titulada a favor de las comunidades, y dónde se ubica. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Hay esperanza en algunos puntos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Un líder dice que este contempla la posibilidad de hacer contratos de concesión ambiental. Es decir, que los campesinos que viven en la zona de reserva puedan tener la tierra con el compromiso de proteger los bosques. Sin embargo, les preocupa que al hacer esto el gobierno de turno los expulse de los predios sin garantías.

Además, ven con buenos ojos que el Gobierno contemple la restauración ecológica y remediación de las tierras por efectos del mercurio, pues si la tierra disponible está degradada por la minería y el mercurio, tendrían tierras que no son aptas para producir alimentos. En una de las mesas de trabajo de la Red recibieron con agrado que en el tercer artículo del PND se proponga el “ordenamiento del territorio alrededor del agua. Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento”. Aunque este artículo, aún, sea un poco inasible. 

También les agrada que el PND, incluya planes de vida para las comunidades indígenas y planes de etnodesarrollo para las comunidades afro. 

Esperan que el programa de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) pueda desarrollarse en toda la región y que no sea truncado como sucedió en el gobierno de Iván Duque; además, que las comunidades, representadas por la Red Pluriétnica, estén en los diálogos que el gobierno espera hacer con los actores armados en la Paz Total.

Derechos Humanos y Paz Total

La Red analizó la situación de derechos humanos en la que se encuentra la subregión después de 38 días de Paro minero, la situación en materia de derechos económicos y sociales se complicó, porque los ingresos en la región se vieron afectados. En relación con los derechos civiles y políticos, las discusiones hicieron énfasis en el control territorial y poblacional que todavía ejercen los grupos armados sobre las comunidades, por eso instaron al Gobierno Nacional y actores como el ELN a establecer una mesa de diálogos regionales, dando reconocimiento social y político a la Red Pluriétnica dentro de los espacios de discusión y los mecanismos de verificación, establecidos para el monitoreo por parte de la sociedad civil.

Por lo pronto, la Red Pluriétnica sigue sumando actores, discutiendo los temas que los une y definiendo cómo van a defender su territorio. La Red es una esperanza para ellos, un mosaico de voces, un bloque macizo que pondría a toda una región a dialogar sobre su futuro. 

Juan Camilo Gallego Castro
Periodista de la Universidad de Antioquia. Autor de los libros "Aquitania. Siempre se vuelve al primer amor" (Sílaba Editores, 2016) y "Con el miedo esculpido en la piel" (Hombre Nuevo Editores, 2013). Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera D (España), El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista!, Universo Centro y Hacemos Memoria.