La primera alerta fue un correo de la Dian. Salvador* actualizó sus datos del Registro Único Tributario (RUT) y a los días recibió un nuevo mensaje en el que decían que él, un minero artesanal de El Bagre, en Antioquia, que mezclaba la agricultura y la batea para sostener a su familia, tenía que declarar renta. La sorpresa: según la Dian había vendido oro por más de 500 millones de pesos.
“Comencé a investigar y localicé dos compraventas, que tienen el cuento de que cada seis meses cambian el nombre y lo pintan. Fui donde una compraventa y les dije que cómo utilizaron mi nombre si yo no vendía todo eso y tampoco les vendía a ellos. Me dijeron: haga lo que quiera”, dice.
Fue a la estación de Policía y puso la denuncia. A los pocos días lo abordaron dos personas en una moto en su vereda. “Uno me llamó aparte y me dijo: ‘le voy a dar un consejo, váyase del pueblo. A usted lo mandaron a matar porque puso unas denuncias sobre el Rucom, sobre la venta de oro. Yo de eso no entiendo. Yo no lo voy a matar porque usted es una buena persona. Haga la manera de irse.’ Eso fue un baldado de agua fría. Más me cayó porque a los dos días veo en Facebook que al muchacho lo habían matado”, cuenta.
Salvador es una de las pocas personas de El Bagre que denunció la suplantación de su identidad, la que están utilizando mineros ilegales, funcionarios públicos y compraventas para legalizar el oro que explotan de manera ilegal y que limpian a través del Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). El precio de su denuncia es el desplazamiento forzado que hoy vive en otra ciudad del país.
Una bomba social anunciada
En 2015 el entonces presidente Juan Manuel Santos dijo que su apuesta era convertir a los mineros artesanales en mineros formales. Ese año creó el Rucom en Colombia, en el que certifican a las personas naturales y jurídicas que comercializan minerales y de esta manera saber quién y cuánto venden.
En principio los mineros artesanales o de subsistencia estaban registrando ventas exorbitantes de oro, las cuales era imposible obtener solo con una batea. Ante esta situación, en 2017 estableció un tope: ese minero podía vender hasta 35 gramos de oro cada mes o 420 al año. Y luego exigió el RUT, por medio del Decreto 1102 del Ministerio de Minas.
Ese mismo año, el portal Verdad Abierta denunció que “para legalizar las compras, comercializadores inescrupulosos les están falsificando las firmas en documentos oficiales a quienes están registrados bajo esa condición ante la Agencia Nacional Minera. Miles de ellos, sin saberlo, ya son evasores de impuestos. Se cocina, poco a poco, una bomba social.”
Es la historia de Lucrecia, quien según la Dian vendió oro por un valor de 120 millones de pesos en seis meses, por lo que tenía que pagar más de 30 millones de pesos. “Nunca me registré en el Rucom. Nunca. A mí me reportó la Dian”, dice esta mujer en una vereda de El Bagre. Por esto, ya no recibe los 450 mil pesos por ser una persona desplazada y los 95 mil de Familias en Acción. Mejor dicho, para el sistema salió de la pobreza. Lo que hizo fue buscar una funcionaria de la Alcaldía, quien hizo contacto con la Dian.
“Me dijeron que una compra de oro de El Bagre había hurtado mis datos. Yo aparecía como proveedora. Entonces fui a la compra de oro y pregunté cómo habían obtenido mi información y me dijeron que se las dio la Alcaldía. Les dije que les pedía de corazón que me sacaran de ese problema. Se miraron las cuatro personas que había y me dijeron: ‘muerto el perro se acaba la rabia’”, dice.
Entendió que era mejor que se quedara callada. Así como Salvador, se trataba de una amenaza de muerte si se atrevía a denunciar.
Qué dice la alcaldía de El Bagre
En Colombia hay 119.680 mineros de subsistencia aprobados por las alcaldías municipales y registrados en el Rucom, según la Agencia Nacional de Minería (ANM). De estos, 47.036 pertenecen al Bajo Cauca antioqueño. Dice Rafael Sánchez, director de minas de El Bagre, que tienen siete mil mineros registrados en su municipio.
Cada día, según el funcionario, se retiran entre tres y cuatro personas del Rucom. La razón: “Hay unos que se sienten estafados en el proceso de comercialización. Una de ellas y la más fuerte es que ellos entregan una papelería para poder vender ese oro legal y ellos manifiestan que en las comercializadoras no les dan ese buen uso. Otros dicen que porque se van de viaje y que les da miedo que les utilicen mal esa papelería.”
Le pregunto cuántas personas han manifestado o denunciado la suplantación de identidad ante su oficina. Responde: “En realidad es difícil tener ese dato, por dos razones: uno, es el miedo, es un territorio con un orden público complejo, las personas, aunque no las amenacen, sienten temor; la otra situación, es la falta de confianza en la institucionalidad. Las personas dicen que algún funcionario del pasado e incluso argumentan que actualmente hay filtro de la información de ellos, desde el ámbito local de la propia alcaldía”.
Las alcaldías fueron las responsables en principio de registrar a los mineros de subsistencia, de ahí que los mineros con los que conversamos para este artículo manifestaron que fueron funcionarios de la alcaldía quienes filtraron la información a las comercializadoras de oro, quienes suplantan a los mineros y registran a su nombre un oro que no explotan o que no venden. ¿Cómo llegó esa información hasta ellos? Los señalamientos van hacia un funcionario.
Él dice que no es posible que haya personas que digan que nunca se registraron en el Rucom porque él era el encargado de hacer el registro, “muy difícil que digan que no porque sí venían acá. Eso pasó mucho, dicen personas que me dijeron que nunca vinieron. Mientras estuve, salvaguardo mi puesto y mi información.”
En cuanto al robo de información y la pregunta de por qué las comercializadoras tienen la información de los mineros registrados en el RUCOM asegura que “mientras estuve nunca pasó eso y si hubiera sucedido le aseguro que se hubiera puesto la denuncia en ese momento. Eso es un tema que ha estado a la luz pública.”
Oro legal e ilegal
Soledad Betancur, investigadora del IPC y autora del informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia, dice que “las estructuras criminales en muchas ocasiones utilizan a los pequeños productores: se apropian su producto a través de la extorsión, suplantación u otros mecanismos de lavado de activos. Esta parte del oro va a las compraventas locales y posteriormente a las grandes comercializadoras, que en su mayoría están localizadas en Medellín. El oro es exportado por las dos multinacionales localizadas en Antioquia y por las comercializadores internacionales a las que llega de los barequeros registrados en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) o de productores informales o ilegales.”
Desde que el Gobierno impuso el tope de venta de 420 gramos de oro al año, la minería ilegal perdió la libertad de registrar la cantidad de oro que antes legalizaba a nombre de pequeños mineros tradicionales. La estrategia fue, entonces, ampliar la base de personas registradas en el Rucom, así no se dedicaran a la minería.
En los últimos cuatro años la cantidad de mineros registrados en el Rucom en El Bagre pasó de cuatro a siete mil. Cuentan varios habitantes de ese municipio que varios líderes veredales recibieron 120 mil pesos por inscribir a los habitantes de sus veredas, así no se dedicaran a la minería. De esta manera, hay personas que prestaron su nombre y sus documentos para registrar los 35 gramos mensuales permitidos. Por ello, reciben hasta 80 mil pesos cada mes. Y ese pago se hace en algunas de las comercializadoras de oro del municipio. “Se ven filas en esas compras como si fuera Familias en Acción”, dice un minero tradicional, quien fue suplantado y luego contactado por la Dian porque había vendido, supuestamente, 74 millones de oro. Dice este minero que en la nueva estrategia la gente “presta el nombre por 80 mil pesos para que otro reciba más de seis millones”.
Una de las personas que vinculó a más de 20 habitantes de su vereda dice que están legalizando el oro con sus nombres. Pero, al fin y al cabo, están recibiendo un dinero que no tenían y que en las condiciones de pobreza en las que viven, ese dinero les sirve.
Dice la ANM que “en el nuevo módulo de Registro de Minería de Subsistencia-GÉNESIS se exige que cada minero cuente con su propio correo electrónico de manera personal, permitiendo que el sistema valide que no existan correos repetidos. Con este correo electrónico los mineros podrán pedir información a la Agencia sobre la producción que los comercializadores han reportado a su nombre y solo podrá ser consultada por los mismos.”
El problema es que son las mismas comercializadoras de oro las que manejan los correos electrónicos de las personas que inscriben y que utilizan para legalizar el oro. Ante la pregunta de cuántos casos de suplantación han recibido responden que “en caso de evidenciar una suplantación se informa a los entes de control competentes.”
Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), asegura que a los pequeños mineros los están ahogando y que las “comunidades se quedaron sin donde vender, porque les pusieron como condición que podían explotar solo un gramo al día, en lo que tiene que ver con minería de subsistencia. No puede vender un gramo más. Un minero puede sacar más de un gramo al día. Y eso no lo determina uno sino la naturaleza.”
Esa situación, dice, “ha llevado a que los que están comercializando busquen gente. Los compradores del oro han refinado sus conocimientos para poder trabajar esos temas, eso ha generado que muchas personas recurran a una negociación sencilla y simple”.
Que estén suplantando la identidad o que estén pagándole a más personas para prestar su nombre demuestra que “no hay una forma de control real sobre ese tema y el Estado no sabe para dónde va, desconoce la realidad del país en tema minero, no tiene interés de formalizar y de sacar el tema minero, entonces la gente busca la forma de hacerle el quite a esa ley que no sirve para nada, sirve para mayor evasión”, agrega Gómez.
“De los 20.404 kilogramos de oro extraído en Antioquia, 8.715 provienen de las dos grandes empresas productoras y exportadoras que hay en Colombia: la Gran Colombia Gold, en Segovia y Remedios, y Mineros S.A en El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí. Otras dos empresas, Continental Gold y Red Eagle Mining, producen 259 kilogramos”, explica Soledad Betancur. Y agrega que los restantes 11.430 son producidos en su mayoría por mineros pequeños o artesanales, lo que significa que gran parte de ese oro producido, supuestamente de pequeños mineros, son explotados por mineros informales, relacionados con grupos paramilitares y guerrilleros, y que utilizan la identidad de pequeños mineros, de campesinos o de personas ajenas a la minería para legalizar un oro que no cumple con compromisos ambientales ni sociales y que sigue alimentando el conflicto armado en el país.
