Cuando un joven muerto es sólo un número más en Medellín

Editorial por Ángela María Urrego Tovar

Docente e investigadora del equipo de educación del Instituto Popular de Capacitación

El pasado 11 de marzo las noticias registraban que en el área metropolitana se había presentado uno de los fines de semana más violentos de los últimos tiempos. Al respecto el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general José Ángel Mendoza, planteaba que algunos de los hechos estaban “vinculados con actividades criminales que tienen que ver con extorsión, hurtos, concierto para delinquir, porte de armas y con entradas a centros penitenciarios"[1], afirmación que pareciera justificar la alarmante cifra de 31 homicidios.

Pero ese no es el caso del estudiante de 16 años, Sergio Esteban Arcos Solarte, alumno del grado 11° de la I.E. Eduardo Santos en la comuna 13, quien fue atacado en la noche del sábado 9 de marzo mientras hacía ejercicio frente a su residencia. Su muerte no tuvo mucho despliegue en los medios, tal vez porque su deceso ocurrió dos días después (11 de marzo) y por tanto no entró a engrosar la lista de las 31 muertes violentas ocurridas ese fatídico fin de semana.

A lo sumo esta muerte sólo se contará como un deceso más en las cifras que recogen las autoridades para sacar los diferentes informes presentados por la policía y la Personería, en los que se miden tendencias y se hacen gráficos para ilustrar los comparativos de las tasas de homicidios, que a la larga parecen ser el aspecto central para determinar los niveles de seguridad de nuestra ciudad.

Entonces la pregunta es por lo que significa la muerte de este joven, quien era “de pocas palabras pero con grandes expectativas en su proyecto de vida. Un joven respetuoso, dedicado a sus actividades escolares, que con gran esfuerzo y sacrificio se esforzaba para tener un excelente desempeño, que veía el estudio como una oportunidad para poder trabajar y así ayudar en su casa a sobrepasar la difícil situación económica actual”[2]. Comunicado de prensa “OTRA VICTIMA DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR SANTISTA” 

La respuesta más evidente es que esto, al parecer, ya no nos dice nada nuevo. Que su caso, al igual que muchos otros, sólo importa a quienes lo conocían: sus familiares, sus maestros, sus amigos y sus compañeros de estudio. Pero ante la cruda realidad que vivimos, marcada por una violencia desaforada, ésta es una muerte más a la que nos resignamos. Poco a poco vamos naturalizando este tipo de sucesos en nuestros barrios y muchas veces se justifica lo que sucede porque, como es ya común, estos hechos suelen asociarse con acciones delictivas; pareciera que con eso bastara para acallar el horror de seguir viendo como asesinan a nuestros niños, niñas y jóvenes.

Como un asunto sentido en carne propia, las directivas de la I.E. hacen un llamado para que sus estudiantes no sigan siendo víctimas de esta violencia indiscriminada, porque este es el cuarto asesinato de uno de sus alumnos en los últimos cuatro años. Esto debe conllevar a que las instancias gubernamentales presten atención a los diferentes riesgos que corren niños, niñas y jóvenes en estos contextos violentos.  Los peligros que acechan a las comunidades educativas de nuestra ciudad son múltiples y latentes y son pocas las respuestas que se ofrecen, para respaldarlas en esta lucha que se libra día a día, para proteger a los y las estudiantes de las vulneraciones de sus derechos fundamentales.  

En este sentido, las respuestas del Estado no pueden ser únicamente el despliegue de fuerzas élite de la policía para que recorran las calles de la ciudad y para que implementen estrategias de vigilancia y control. También se requiere que haya inversión en acompañamiento psicosocial, en estrategias de resolución pacífica de conflictos y en actividades extracurriculares que vinculen a los niños, niñas y jóvenes al arte y el deporte, para aminorar los riesgos de vinculación a actividades delincuenciales. Además, se deben implementar programas que vayan en pro de fortalecer los lazos comunitarios que cada vez se encuentran más debilitados por el miedo, el cual hace que las personas asuman un silencio paralizante. Pero, fundamentalmente, será necesario reconocer que lo que nos ocurre es producto de una inequidad social de tipo estructural que hace de los sectores más vulnerados un caldo de cultivo, en el que se acrecientan cada vez con mayor fuerza los círculos de la pobreza y la violencia, ante lo cual el Estado sigue siendo inoperante.

En el informe de la Personería de Medellín de 2012, se reporta un descenso del  24.3 % en el número de homicidios entre el 2011 y el 2012 a nivel general y, en el caso específico de homicidios de niños, niñas y adolescentes, una reducción de 65 homicidios para el año 2012. Allí se hace un registro por edades, entre el rango de los 0 a los 17 años, pero no hay ningún reporte acerca de si eran o no estudiantes y esto, cuando hablamos de 108 muertes, es algo que no representa un problema menor, porque es de suponer que por lo menos un gran porcentaje deberían estar escolarizados.

Entonces, si al igual que con el caso de Sergio Esteban Arcos no se hace ningún reporte de la muerte de un estudiante y si las I.E en las que estudiaban esos niños, niñas y jóvenes fallecidos no lograron hacerse oír, es fácil decir que el conflicto armado y la violencia armada no está afectando a las instituciones educativas; así sus muertes se tratan como casos aislados que hacen parte de la situación general de inseguridad que vive la ciudad, pero que en ningún caso es competencia de la Secretaría de Educación.

De otro lado, en los análisis presentados en el informe de Derechos Humanos de la Personería, la muerte de 117 niños, niñas y jóvenes parece tranquilizar un poco porque la tasa bajó. En el fondo esto pareciera enviar un mensaje de que las cosas han mejorado, de hecho en las recomendaciones que se hacen a la Alcaldía y al ICBF sólo se habla de “Reforzar la seguridad en las comunas con mayor índice de homicidios contra NNA”[3], como si incrementar el pie de fuerza en la comuna 13 hubiese significado una ganancia en el respeto y la promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes en los últimos diez años.

Como si el ejemplo no valiera, se sigue valorando como efectivo responder desde el incremento de la fuerza pública y en este sentido la medida que toman las autoridades en la materia es que “Desde hoy, y durante los próximos veinte días, el general José León Riaño, director de la Policía Nacional, llega a Medellín a realizar una intervención en todo el Valle de Aburrá. Para ello, el alto oficial contará con el apoyo de 1.163 hombres de la Policía y otros seis generales de la República que acompañarán la acción en cada uno de los distritos de Policía en el Valle de Aburrá”[4]. 

Desde esta perspectiva, la educación en derechos humanos no parece ser un aspecto a considerar para las autoridades ni los esfuerzos que, desde muchos sectores, están haciendo distintos actores y organizaciones sociales, entre ellos los agenciados los mismos jóvenes en sus comunidades para responder ante la barbarie. Y mientras no se reconozca que en los territorios existen capacidades, saberes y prácticas válidas y efectivas, que requieren no sólo ser reconocidas sino apoyadas y potenciadas, los grupos armados seguirán encontrando a quien reclutar y continuarán haciéndole el quite a los mecanismos de seguridad, pese al incremento de fuerza pública; entonces la vida seguirá teniendo un valor cifrado en unos cuantos pesos. 

De otro lado, el Alcalde de Medellín ha anunciado que pedirá al presidente, Juan Manuel Santos, que se amplíen los cupos en las cárceles de Medellín y el Área Metropolitana, porque la cárcel de Bellavista está desbordada en su capacidad en un 230%[5], pero, ¿será que el problema de la cultura de la ilegalidad y de la violencia que vivimos se resuelve con más cupos en las cárceles, o será necesario considerarlo desde múltiples miradas que nos permitan una lectura a fondo de lo que nos sucede como sociedad?  Sin duda necesitamos políticas que apunten, primero a comprender las dinámicas sociales y luego, desde estas comprensiones, a ofrecer respuestas dirigidas a atender las causas y no sólo las consecuencias.

Finalmente, es lamentable que las vidas de Sergio y de esos 117 niños, niñas y jóvenes que fueron asesinados en el 2012, sólo quedaran reflejadas en la gráfica de un frío informe. Pero las historias de esas vidas no quedarán consignadas en ningún lado y no habrá memoria que nos impida el olvido. De esta manera quizá será más fácil ignorar lo que nos está pasando y continuar naturalizando la muerte como algo cotidiano. Así podremos seguir volteando la cara para no afrontar que en nuestra ciudad los niños y las niñas están repitiendo una historia de “no futuro” que viene cobrando la vida de miles de jóvenes desde hace más de 20 años. Quizá entonces, de ese modo, logremos dormir tranquilos.

Ángela María Urrego T.

Docente investigadora del IPC

Marzo 18 de 2013