Por la garantía del derecho a la educación superior
Audiencia Pública Ciudadana en Derechos Humanos
“De la Ficción a la Realidad”
Salir a la calle, manifestar inconformidad, hacer exigencias y defender un derecho, son expresiones de ciudadanía y de democracia que la mayoría de las veces no obedecen a la intransigencia de los que protestan, sino a las fallas de los que gobiernan. En los últimos meses, los distintos estamentos de las universidades públicas -y ahora otras instituciones de educación superior tanto públicas como privadas- han vuelto a la deliberación y a la manifestación callejera, mediante la marcha nacional convocada para hoy como expresión ciudadana y democrática, oportunidad para exigir al gobierno nacional superar el déficit total de más de 15 billones de pesos que sólo las universidades públicas padecen hoy.
Ante la inminente crisis, cabe preguntarse ¿Qué compromiso tiene la ciudad de Medellín con la educación superior pública, como garantía de derecho?, ¿Facilita el acceso a la misma?, ¿Reconoce a la Universidad de Antioquia como su Alma Mater?, ¿Cuánto le aporta?. Son los jóvenes en Medellín los que han protagonizado hace décadas una triple condición: Constituyen buena parte de las víctimas o más; según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín -Sisc- (2018) hasta el 8 de octubre en la ciudad habían asesinado 478 personas, de estas 251 fueron jóvenes entre los 14 y 28 años, el 47% de las víctimas por violencia homicida. Encarnan el estigma social y cultural que hacen que sean los mayores perpetradores de la violencia; según el INPEC (2018) hasta el mes de abril de este año la población joven recluida llegaba a los 6.391, la segunda más alta del país después de Bogotá. Finalmente, es el grupo etario que más se organiza y resiste a las dinámicas violentas y excluyentes de la ciudad, pese a los distintos factores sociales, económicos o culturales que hacen que las y los jóvenes sean víctimas o victimarios; para poner solo un ejemplo, de acuerdo al último informe de gestión de la Alcaldía de Medellín (2017) en la ciudad hay 456 clubes juveniles, y un sin fin de organizaciones juveniles interesadas en los temas deportivos, ambientales, artísticos, literarios y políticos.
Las acciones formuladas e implementadas por la administración municipal para fortalecer la educación superior contrastan con los logros en educación para niños, niñas y adolescentes, en la que la cobertura ha aumentado desde el nivel preescolar hasta la media estimada en un 103,2% en el 2017. Sin embargo, la misma suerte no la tienen las y los jóvenes entre los 18 y 28 años, quienes si quieren seguir estudiando se encuentran con una cobertura en educación superior -Área Metropolitana del Valle de Aburra- que apenas alcanza un 35,9% en el 2017, un 33,2% en los hombres, y un 38,5% en las mujeres, lo que quiere decir que de cada tres jóvenes que se gradúan del colegio dos no ingresan a la Universidad.
Al bajísimo acceso de los jóvenes a la educación superior se añade la deserción de muchos de ellos y ellas; en el año 2017 llegó al 11%, afectando principalmente a las mujeres con un 13%, frente a un 10% en los hombres. Y es que, no basta con acceder a la Universidad, si no hay recursos para garantizar la permanencia, así lo demuestra El Observatorio de Educación Superior de Medellín -ODES- (2017) cuando sostiene que una de las razones por las cuales las y los jóvenes deciden interrumpir o abandonar su sueño de ser profesionales se debe a dificultades económicas.
Ante ese panorama, las administraciones municipales no han hecho suficientes esfuerzos para reversar los problemas de acceso y permanencia de la educación superior universitaria, pero la alcaldía de Federico Gutiérrez (2016-2019) se destaca por reducir aún más esos intentos. En el plan de desarrollo de la actual administración municipal se formuló el proyecto “Apoyo para el acceso a la educación superior”, en el que se encuentra el indicador de “Créditos condonables y becas otorgadas para la educación superior”, que aunque reporta en su avance para el cuatrienio un 84,5% con respecto a la meta programada, si se mira la línea base(2015) encontramos que la ciudad pasó de ofrecer 15.574 a solo 5.787 créditos condonables, a junio de 2018, se ha otorgado un total de 10.203 créditos condonables y becas, lo que si bien duplica la meta propuesta por el plan, representa una reducción del 34,49% con respecto a la línea base[1].
El reto entonces es mayúsculo pues la administración local también debe garantizar el derecho a la educación superior de las y los jóvenes de Medellín, que al año 2015 estaban cerca de los 600 mil, realidad ante la cual habrá que pensar, seriamente, ¿Cuáles serán los medios para que las y los jóvenes de Medellín ingresen a la universidad?, reforzar sus resistencias y revertir la condición de víctima- victimario en la que históricamente han sido sumidos.
Por eso, las organizaciones y personas que integramos la Audiencia Pública Ciudadana en Derechos Humanos “De la ficción a la realidad”, saludamos y respaldamos la movilización ciudadana por la defensa de la educación superior como derecho y garantía del Estado, exigimos al Alcalde de Medellín reencausar su política en favor de las y los estudiantes universitarios, y le invitamos a fijar su posición frente a la crisis financiera de la Universidad de Antioquia, segunda universidad en importancia a nivel nacional.
Si bien reconocemos que este es un debate nacional inaplazable, la ciudad de Medellín no puede sustraerse de el y mucho menos desentenderse de una de sus máximas obligaciones con las futuras generaciones de la ciudad y la región.
[1] Según Medellín Cómo Vamos (2018) dentro de la participación por rubros de inversión pública en el sector, la educación superior ocupó el cuarto lugar con una participación de 5,3% entre 2016 y 2017, siendo la más baja en relación con los dos periodos anteriores (2008-2011 y 2012-2015).
