Comunicado público
7 de febrero de 2017. En medio de las circunstancias actuales de asesinatos contra reclamantes de tierras y crecimiento del paramilitarismo en la región del Urabá, la Corte Constitucional revisará el caso de la vereda Guacamayas, Turbo, en el que se analiza el derecho a la restitución de familias campesinas de ese sector.
La revisión se realizará en momentos en que la Fiscalía reconoce el financiamiento de bananeros, comerciantes y ganaderos a grupos paramilitares pertenecientes al Frente Árlex Hurtado de las Autodefensas, al mando de Raúl Emilio Hasbún, quien confesó ante Justicia y Paz múltiples crímenes, incluido el desplazamiento forzado de los habitantes de esa zona.
Guacamayas hace parte del territorio colectivo de La Larga Tumaradó sobre el que existen medidas cautelares del Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Quibdó, medidas que no se han cumplido.
Los campesinos que reclaman predios en la zona han denunciado amenazas, saqueos y ataques en su contra, sin que las autoridades correspondientes actúen. A la fecha, la zozobra continúa y el temor es constante luego de los homicidios de Porfirio Jaramillo y José Cartagena y de la sesión del Comité de Justicia Transicional de Turbo el pasado 30 de enero, donde la alcaldía anunció su decisión de desalojar y desplazar a las familias de la vereda.
La Fundación Forjando Futuros, El Instituto Popular de Capacitación- IPC- y La Asociación de Reclamantes de Tierra: Tierra y Paz han estado acompañando y representando judicialmente a estos campesinos despojados desde el año 2011.
