El sábado 29 de octubre una delegación parlamentaria compuesta por tres diputados belgas, Gwen Grovonius (PS), Olga Zrihen (PS) y Helen Ryckmans (Ecolo); la parlamentaria austriaca Petra Bayr (SPO); y la parlamentaria del Grupo GUE / NGL, Tania González Peñas; comienza una misión de observación en Colombia. Esta visita está organizada por la Coordinación Belga por Colombia, una plataforma que apoya la promoción de los derechos humanos en Colombia y de la cual Solidaridad Socialista es miembro.
La misión es parte de un contexto histórico muy específico de las conversaciones de paz. A modo de recordatorio, el 26 de Septiembre de 2016, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), firmaron en La Habana (Cuba) un acuerdo de paz para poner fin a una guerra civil de medio siglo, que según cifras oficiales deja 220.000 muertos, 40.000 desaparecidos y 6 millones de desplazados. El 2 de octubre, el Acuerdo fue presentado por referéndum para el veredicto de la población colombiana. Sorprendentemente, aunque por poco, el resultado del NO salió ganador. En la secuencia, el presidente Santos se vio galardonado con el Premio Nobel de la Paz, un movimiento que demuestra el apoyo internacional al proceso de paz iniciado por ambas partes.
El propósito de esta misión de una semana es permitir a los miembros del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea para descubrir y comprender los problemas de la tierra en la construcción de una paz duradera en Colombia. En concreto, los participantes descubrirán algunos aspectos del contexto colombiano a través de visitas de campo en las regiones de Cali y Medellín. Se proporcionan varios intercambios con la sociedad civil y víctimas de conflictos y el acaparamiento de tierras. Al final de la estancia, los participantes también tendrán la oportunidad de intercambiar con los políticos nacionales y locales en el proceso de acuerdos de paz.
British Solidaridad Socialista apoya dos organizaciones: el IPC (Instituto Popular de Capacitación) en Medellín y ATI (Asociación de trabajo interdisciplinario) en Bogotá que promueven la economía solidaria en coordinación con el desarrollo local. Para ello, se establecieron estrategias de capacitación, el fortalecimiento institucional, de marketing y de promoción social y política. En un contexto de pobreza, de recursos agarrados por las grandes multinacionales en connivencia con grupos paramilitares, narcotraficantes y el gobierno, y los acuerdos comerciales con la UE que acentúan estos fenómenos, el trabajo de estas organizaciones es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva.
