Con un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia, comunidad académica y miembros del IPC, especialistas en temas de criminología crítica, seguridad y derechos humanos, se realizó en septiembre un coloquio sobre la coerción extorsiva, dinámicas de la criminalidad en Medellín y sus impactos en los derechos humanos, en el marco de la investigación “La coerción extorsiva en Medellín, análisis en perspectiva de su amalgamamiento y la afectación a los derechos humanos”, la cual amplía el libro “Coerción extorsiva en Medellín. Estudio en las comunas La Candelaria y Guayabal”, publicado por la alcaldía de Medellín y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en 2019, y el cual evidenció que en estas dos zonas de la ciudad, los comerciantes pagan más de $28 mil millones de pesos en extorsión al año.
Como un denominador común los asistentes insistieron en la necesidad de avanzar en nuevos paradigmas para pensar la problemática, pues las lógicas y discursos de la seguridad convencional, que se pueden asociar casi unívocamente a lo que se conoce como securitismo, evidencian vacíos y desenfoques –cuando no encubrimientos- que impiden la comprensión cabal del fenómeno desde sus actores, estructuras criminales, máximos responsables y beneficiarios; así como los mecanismos que permiten su reproducción y las lógicas de funcionamiento desde lo territorial.
Puesto que el interés central de esta nueva indagación es por las formas de amalgamamiento o hibridación de los actores sociales entre lo legal y lo ilegal, así como las modalidades de afectación a los derechos humanos en el marco de la extorsión, surgieron diversas lecturas y propuestas que contribuyen a orientar el ejercicio desde lo conceptual y lo metodológico. Realizaremos a continuación una breve enunciación de las ideas expresadas durante el encuentro, aclarando que en esta oportunidad el público priorizado sujeto de interés fue el sector académico. Se presentan aquí lo aportes registrados en la relatoría que fue validada al finalizar el coloquio.
Reflexiones frente a un fenómeno de décadas en Medellín
Respecto al fenómeno de la extorsión, investigaciones recientes han establecido[1] que esta se presenta en Medellín por lo menos desde hace dos décadas, en un proceso iniciado por las milicias populares, continuado por las convivir y los paramilitares, y que finalmente se consolidó con el actuar de las bandas y combos criminales, hasta el punto que el 80% de Medellín padece este flagelo, por lo que podemos hablar de una generalización e incluso normalización de esta problemática, que no solo comprende aspectos económicos, sino también políticos, sociales y culturales.
Ante un fenómeno multidimensional como la extorsión, donde además intervienen una multiplicidad de poderes armados y no armados, legales e ilegales, se argumenta que existe una imposibilidad del Estado para ostentar el monopolio de la fuerza, la adscripción de la población, y hacerse como único agente de la tributación y la resolución de los conflictos, ya que las bandas también imponen sistemas de regulación, controlan territorios y cobran su tributación.
Sin embargo, esta lectura se queda corta, pues no se trata tanto de disputa del poder, e incluso de ausencia de Estado, sino que se evidencia una connivencia del Estado con otras fuerzas y estructuras criminales, no solo en la periferia, sino también en el centro y en los barrios más ostentosos de la Ciudad, hasta el punto de que uno de los asistentes planteaba la siguiente pregunta: ¿Cómo diferenciar los armados de la policía o el funcionario estatal, cuando muchas veces cometen los mismos actos, e incluso actúan conjuntamente?
Por ende, se resalta la necesidad de pensar estas problemáticas no solo desde los sujetos y los actores, sino entender el contexto, los circuitos y las relaciones de poder, sustrayéndose de la dicotomía legal-ilegal, buenos-malos, víctimas-victimarios, entendiendo que no todo es negro o blanco, sino que hay muchos tonos de grises donde confluyen y se amalgaman lo legal y lo ilegal.
Acorde con lo anterior, hablar de amalgamamiento es describir los intereses legales e ilegales que confluyen en el Estado y las implicaciones que esto tiene, no solo en la confianza de la gente en las instituciones -quienes no denuncian la extorsión por temor a represalias y por la poca credibilidad que tienen en las autoridades policivas- sino también preguntarse por las múltiples afectaciones que esta problemática presenta en la garantía y la afectación a los derechos humanos.
Respecto a esto último, esto es, las afectaciones a los derechos humanos, se enunció un primer plano y es preguntarse si los jóvenes que integran los combos criminales son tan victimarios como los presenta la Alcaldía, e incluso indagar sobre qué está haciendo el Estado para que los jóvenes no sean reclutados, ya que se evidencia una estigmatización de la juventud aunado a una falta de oportunidades académicas y laborales, por lo cual muchas veces el ingresar a las bandas criminales se convierte en la única oportunidad económica, o por lo menos de acceder a ciertos bienes como motocicletas, armas y propiedades; evidenciándose una tensión entre los fines culturales y los medios que la gente tiene para cumplirlos.
Esta problemática de los jóvenes no debe confundirnos y creer que son las bandas criminales quienes vulneran los derechos humanos, pues se expresó durante el coloquio la necesidad de tener presente, que si bien las bandas criminales en su actuar pueden afectar los derechos humanos, estos cometen delitos claramente tipificados en el Código Penal. El directamente implicado en la garantía de los derechos humanos es el Estado, por lo cual, la responsabilidad por sus afectaciones recae exclusivamente en este, tanto por no garantizar condiciones mínimas de subsistencia para las poblaciones, como por su actuar punitivo que a costa de la “seguridad” no respeta los derechos humanos.
También se insistió en la necesidad de no analizar las afectaciones solamente desde una lista determinada de derechos o pactos internacionales de derechos humanos, sino considerar si verdaderamente hay condiciones para el cumplimiento de estos, como expresó uno de los asistentes, “¿para qué el derecho humano a la libertad de expresión, cuando la gente no puede expresarse libremente?”. Incluso se planteó la necesidad de evitar que las afectaciones a los derechos humanos sean instrumentalizadas por la Alcaldía para continuar implementando políticas securitistas, dado que la problemática se enfoca sólo desde el prisma de reconocer sólo a ciertos actores como los perpetradores de la extorsión.
A pesar de la afectación a los derechos humanos que genera la coerción extorsiva y el amalgamamiento, la cual pareciese que no dejara otra opción que un sometimiento silencioso y normalizado de la problemática, se evidenció que también existen otras alternativas y disposiciones de resistencia, las cuales, si bien son parciales y no aspiran a una confrontación directa de la problemática, si son apuestas -especialmente culturales- que dictan que no todo puede ser controlado por el Estado y los actores armados, sino que hay puntos de fuga al poder y otros modos de ser y estar frente al mundo por fuera de la cooptación criminal.
Finalmente, se reflexionó de qué tan anómalo es el fenómeno de la extorsión y el amalgamamiento, o si estos son una condición necesaria para el propio funcionamiento del sistema económico y del modelo de ciudad que se ha instaurado en Medellín, pues si en el capitalismo los circuitos están cruzados por una dimensión de interés, cabe preguntar ¿hasta qué punto la extorsión es un afán de acumular más?, e incluso en qué sentido el discurso de la innovación y la competitividad que se ha instaurado en la ciudad es funcional al amalgamamiento y lo que hace es profundizar el problema más que solucionarlo.
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[1] Moncada, J. J y Lopera, C (2017) ¿Cómo comprender hoy la extorsión en Medellín?; Arredondo, A. Et. al (2019) “Coerción extorsiva en Medellín. Estudio en la comunas La Candelaria y Guayabal”
