La audiencia pública que celebró la JEP en la ciudad de Medellín en el marco del reconocimiento de la Comuna 13 como sujeto colectivo de reparación y, en especial, a las víctimas y sobrevivientes de las desapariciones forzadas en ese territorio, dejó una sensación paradójica entre el abrazo de una forma de justicia restaurativa que apenas alza vuelo y las malas señales o incluso la burla desde la institucionalidad oficial frente a ese sinuoso y difícil proceso de reivindicación y reinvención de las víctimas, emprendido en buena medida por ellas mismas.
Parece no entenderse que las actuaciones de los sectores oficiales frente a las víctimas deben ofrecerse desde una lógica no negociable de empatía y apertura al diálogo; nunca desde posturas autoritarias. Es, en otras palabras, lo que desde el propio lenguaje oficial se reconoce como la intervención desde enfoques diferenciales, los cuales ayudan entre otras cosas a garantizar la eficacia de las medidas orientadas a la reparación del daño. Enfoques que solo se logran si se está dispuesto a adoptar medidas desde una lógica de diálogo y en clave de proceso.
Pero además de la empatía es imprescindible la asertividad, pues su contrario representa un riesgo inminente de revictimización. Esto quiere decir que las acciones o actividades desplegadas para la atención y restitución de derechos no pueden ser improvisadas sino planeadas, diseñadas e implementadas, pero no como un ejercicio en solitario desde una fría oficina alpujarresca, sino con la participación activa de la población a la que se dirige: las víctimas.
Todo ello porque al parecer sigue primando en la “mentalidad oficial” la idea de que solo basta con que las víctimas se «dejen ayudar», en una actitud paternalista y eficientista que no obedece más que llevarse el punto de la atención por la atención misma, buscando el alcance de unos indicadores de gestión y no la conexión necesaria con el drama de quienes requieren con urgencia ser escuchados y atendidos.
Cuando desde una posición de poder se dice que solo se hará lo que las víctimas quieran, antes que una postura de apertura y solidaridad lo que se suele presentar es un desborde de soberbia y negación de las víctimas porque se las asume como personas desvalidas y cercenadas de las que solo debe recibirse pasivamente lo que tienen para decir o pedir.
Quedaron muchas dudas y preocupaciones después de la audiencia de la JEP, no solo porque se vio a una institucionalidad errática y omisiva, sino porque se revelaron asuntos que envían un mensaje negativo sobre la seriedad y el compromiso del Estado con temas profundamente sensibles y delicados respecto al drama de la desaparición forzada. ¿Cómo puede entenderse que Medicina Legal haya reportado en cierto momento la ubicación y el recaudo para cadena de custodia de cinco cuerpos para luego decir que no puede dar cuenta sino de dos?
Es de resaltar que en la actualidad, desde los diseños institucionales de transición creados por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, en los que entran a operar la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV); se presentan sendos llamados y convocatorias para encausar medidas que representen la reparación simbólica a las comunidades y personas de la Comuna 13, así como la construcción de verdad frente a lo acontecido.
El debate se encara en el contexto de la audiencia pública citada, desde la cual se emplaza a los gobiernos local y regional para implementar medidas que realmente signifiquen reparación simbólica y homenaje a las víctimas del territorio. Ya se ha dicho desde la experiencia comunitaria que aquello sólo puede ser posible si se encaminan verdaderos procesos de acompañamiento, reflexión y construcción de contenidos en una dinámica que deberá ser de abajo hacia arriba y desde enfoques diferenciales, territoriales y transformadores porque de lo contrario los homenajes o memoriales tienden a ser meros esfuerzos nominalistas que tienden a la invisibilidad y al olvido.
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