Colombia lleva un año de presidencia de Iván Duque, y cada vez se parece más a un barco a la deriva. Sin capitán, sin rumbo claro y naufragando entre coyunturas. La vida de su gobierno se le está yendo entre atender y complacer a su mentor político Álvaro Uribe, apaciguar con medidas impopulares los sectores más radicales de su partido Centro Democrático, posar con la farándula criolla, tranquilizar a la comunidad internacional con contradictorios mensajes sobre la paz en Colombia, tomar la iniciativa de cerco diplomático para Venezuela sin resultados a la vista, abrir mercados en el exterior e improvisar políticas internas.
Hace un año, cuando se posesionó, juró cumplir con el “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” edificado sobre un discurso de campaña alrededor de la reconciliación, la legalidad, la anticorrupción, el emprendimiento. Un año después, no se observan unas políticas y estrategias claras para materializar dichos propósitos de gobierno.
Escasamente logró que el Congreso le aprobara su Plan Nacional de Desarrollo, lo que demostró que el debate de la precaria implementación del acuerdo de paz le ha traído costos políticos en materia de gobernabilidad, en particular sus objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, la falta de garantías de protección frente a liderazgos en los territorios y de los miembros del nuevo partido FARC; además de los constantes mensajes de eliminar las cortes para crear una sola y socavar el sistema de pesos y contrapesos, sumado a los débiles resultados en materia social y económica. En tal situación, el presidente hoy no tiene coalición de mayorías de gobierno en el legislativo, el distanciamiento con las Cortes se ha vuelto a sentir y su imagen ante la opinión pública sigue en cifras precarias.
Según las mismas cifras oficiales, la tasa de desempleo nacional aumentó a dos dígitos y hoy ronda el 10,1%, los pronósticos de crecimiento expansivo de la economía no son reales, pues el gobierno habla del 3,6% y los organismos internacionales como la CEPAL y el FMI hacen proyecciones más pesimistas (entre el 3,1% y 3,4%, respectivamente), lo que seguramente no se revertirá con la burbuja de la economía naranja que no muestra resultados concretos; además las cifras de pobreza multidimensional y monetaria son preocupantes, pues las cifras del mismo DANE plantean que hay 9,69 millones de colombianos están en pobreza multidimensional, que llegó a 19,6% de la población en 2018, y para el mismo año se calculó que 13,07 millones de colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, es decir, por debajo del nivel de ingresos establecido de $257.433, y que había 3,5 millones de personas por debajo de la línea de pobreza extrema establecida, es decir, por debajo de $117.605. Como si no fuera poco con las condiciones sociales precarias y el empobrecimiento de la población colombiana, se crea la Ley de financiamiento, promovida por el cuestionado ministro de hacienda, Carrasquilla, con la cual se favoreció la baja de impuestos a los empresarios y se aprieta cada vez más a los trabajadores, operando bajo una lógica extractiva y de populismo[1] impositivo donde los pobres sostienen a los ricos.
El rumbo de incertidumbre del país en materia social y económica, va mostrando que la acción del Estado en materia de políticas públicas no se refleja en el bienestar de la sociedad. Es un gobierno deficitario en materia de decisiones políticas para resolver los problemas que aquejan a la mayoría de la ciudadanía, lo cual aleja y hace más difícil cada vez la interacción entre el Estado colombiano y la sociedad.
La incertidumbre generada por la improvisación en las acciones de gobierno es la carga que lleva a cuestas un país que venía caminando sobre la promesa de la paz y terminó sofocando la democracia con las acciones de guerra y violencia política. Son tiempos donde vuelve a parecer que en Colombia hay más territorio que Estado, la violencia vuelve como un recurso de la política, y se convierte en escenario propicio para la aparición de la necropolítica[2], en la que poderes difusos determinan la soberanía sobre la vida y la muerte de las personas en varios rincones del país.
Los riesgos del regreso de falsos positivos ante directivas operativas del Ejercito denunciadas por los medios de comunicación; las cifras de liderazgos asesinados y excombatientes de las FARC no se detienen, ni siquiera con las muestras de solidaridad y llamado político de la ciudadanía y diversos sectores políticos en las calles en Colombia y el mundo; la negociación con el ELN no aparece como posibilidad mientras se acrecientan las acciones armadas de esta guerrilla, y los avances en materia de sometimiento de estructuras criminales o posparamilitares se congelaron, mientras aumenta su expansión y control. La razón fundamental es que el actual gobierno no tiene una política de paz integral, y se ha dedicado a impedir el desarrollo del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, al que se ve obligado a cumplir más por presiones externas que por voluntad política propia.
En este sentido, la visión del gobierno actual sigue siendo reducida a asumir la negociación como desarme y desmovilización de ex combatientes, y no tanto como la solución política a causas estructurales que han estado en la base del conflicto armado: la disputa por la tierra y los temas agrarios, la exclusión política, el narcotráfico y la política antidrogas. Lo que se profundiza con la política negacionista de lo ocurrido para proteger sectores de poder determinantes en el desarrollo del conflicto en Colombia. La sociedad sigue polarizada entre la opción de la paz y la guerra, y la dirigencia del gobierno camina ambigua en el tema.
Mientras tanto, la economía de la muerte, sigue imperando en los territorios que otrora fueran priorizados para la implementación del acuerdo de paz. Hay poderes difusos que siguen ejerciendo autoridad a través del uso de la violencia sistemática y generalizada contra la población y sus liderazgos sociales, controlando los mercados criminales y sometiendo al control social y territorial diversos puntos de la geografía del país: la paz territorial se transformó en la necropolítica de los territorios.
[1] Ambas perspectivas, tanto la lógica extractiva que opera en varios órdenes de la vida social, económica, cultural y política, así como la lógica de distintos tipos de populismos, fueron planteados respectivamente por la intelectual Saskia Sassen (socióloga, escritora y profesora estadounidense) y el expresidente Ernesto Samper, en el foro de pensamiento crítico realizado por CLACSO en Argentina en noviembre de 2018.
[2] La Necropolítica es un término acuñado por Joseph-Achille Mbembe, filósofo, teórico y político camerunés de corriente postcolonial, para definir la soberanía como el poder de dar vida o muerte del que disponen los dirigentes africanos sobre su pueblo
