Por: Diego Herrera Duque, presiente del Instituto Popular de Capacitación (IPC)
En tan solo seis meses después de que Iván Duque asumió la presidencia –el segundo presidente electo más joven de la historia del país– y de que el partido de gobierno sea el Centro Democrático –con su segunda versión de la seguridad democrática–, la gramática de la guerra volvió a Colombia, y la gramática de la paz desarrollada en los últimos 8 años se estancó.
Los vientos de guerra que se anuncian con la situación de Venezuela, en una delirante actuación protagónica de las autoridades colombianas para aupar este propósito con otros países, y el ambiente generado a partir del ataque repudiable a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, perpetrado por el ELN el pasado 17 de enero, no son nada alentadores para una sociedad que en los últimos años se estaba mirando en el espejo de la paz.
Y si a ello se le suma que los homicidios en las ciudades y en varias regiones del país vienen aumentando en el último año –después de siete años de descenso–; que se incrementa el enfrentamiento entre estructuras criminales que se disputan rentas criminales, controles en los territorios y actividades asociadas a la cadena del narcotráfico; que se mantiene la sistemática agresión y asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos; que las Águilas Negras arremeten con sus amenazas contra sectores políticos minoritarios y de oposición ad portas de elecciones locales y regionales, y que la implementación del Acuerdo de Paz logrado entre el Estado colombiano y las FARC sigue en vilo y con múltiples obstáculos luego de dos años de firmado, el panorama se hace más sombrío.
Un ambiente así, acompañado de lenguajes beligerantes, guerreristas, incendiarios y de odio, edificados sobre discursos securitarios, del orden, de la amenaza terrorista y del enemigo interno, aseguran una narrativa que nos devuelve al pasado. Vuelven los llamados y las estrategias para involucrar el apoyo y cooperación de civiles en el conflicto y los permisos especiales para el porte de armas de gremios económicos y ciudadanía, que nos recuerdan la tragedia en que estas alternativas podrían desembocar en fortalecer el paramilitarismo, además de los programas de recompensas, las restricciones a las libertades y la penalización de la protesta social, que terminan por reducir la posibilidad de transición civilista y democrática.
Un país y una dirigencia que no resuelve los problemas estructurales como la corrupción, la inequidad, la impunidad, el descontento social, encuentra en las formulas de la guerra el repertorio favorito para eludirlos, controlarlos y también para profundizarlos. Es una visión mecánica de la realidad que aplaza de nuevo la esperanza de una vida mejor para muchas generaciones y mantiene los beneficios que otorga la guerra a los sectores sociales y políticos que la defienden.
El formato es ya conocido, y las políticas se reciclan. Ante la falta de una política de paz, de equidad, de frenar la corrupción y de superación de la impunidad del actual gobierno, con una baja popularidad del Presidente, y la acción violenta del ELN con un amplio rechazo social, se instala de nuevo la gramática de la guerra en el país, donde el recurso que se esgrime es volver atrás y ahogar la posibilidad de la solución política negociada del conflicto armado. El repertorio ya lo sabemos, solo basta con aceitar el discurso, cocinar con nuevos ingredientes y poner a funcionar la máquina de la violencia.
A la sociedad le queda, entonces, el camino de insistir en la vigencia del diálogo entre las partes, de defender la garantía del derecho humano a la paz y de movilizarse para sacar la violencia de la política.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).
