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¿Cómo se ha avanzado en la implementación del Acuerdo de Paz con enfoque de género?

Retrasos en la implementación de las 51 disposiciones de género del Plan Marco de Implementación, desigualdad en la tenencia de la tierra y dificultades para acceder a los proyectos PDET, son parte del balance que la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Asociación Municipal de Mujeres Anoriseñas hacen a estos cinco años de posacuerdo.

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Alrededor de 2.300 mujeres iniciaron su proceso de reincorporación en 2017, casi un 32% del total de excombatientes que decidió acogerse hace cinco años a lo establecido en el Acuerdo de Paz firmado entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano.

Un acuerdo histórico en el que se adoptaron medidas y acciones diferenciadas, entre las que se destacan medidas que garantizan el acceso y la titulación igualitaria de la tierra, garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general y la participación de mujeres en la toma de decisiones para proyectos de impacto comunitario como el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El propósito de estas medidas es que las mujeres puedan acceder de manera igualitaria a los programas y proyectos definidos en los seis puntos del Acuerdo. Este se construyó con enfoque de género gracias a una mesa de negociación con participación igualitaria de mujeres.

Pero, cinco años después, ¿cuánto se ha avanzado en la implementación igualitaria del Acuerdo de Paz?

Dice Teresa Aristizábal Sánchez, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, que “nuestro país fue el primero en el mundo que logró tener plenipotenciarias en una mesa de negociación, como la que se dio en La Habana, y eso fue producto de la incidencia del movimiento social de mujeres en Colombia y de muchas organizaciones que jugaron un papel muy trascendental en ese Acuerdo de Paz y que se apoyaron en las reivindicaciones que hacíamos nosotras”.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de muchas organizaciones que trabajan por garantizar el cumplimiento del Acuerdo, los indicadores presentados por este movimiento feminista en el Informe de seguimiento. Mujeres enrutadas en la implementación del Acuerdo de Paz 2020: La resistencia de la esperanza, con corte de 2020, demuestran que solo se ha avanzado un 32,2% en relación con los 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación (PMI), entre los que están la creación de organizaciones solidarias de mujeres, los mecanismos de control político integrados por mujeres o la atención psicosocial a mujeres víctimas del conflicto; con los que se busca eliminar la brecha entre hombres y mujeres y garantizar un cumplimiento equitativo entre ambos.

El punto más crítico de la implementación corresponde a la Reforma Rural Integral. Hasta 2020, la Ruta Pacífica de las Mujeres reportó que solo han sido entregadas 47,6 hectáreas a 11 mujeres, a través del Fondo de Tierras, una cifra que representa el 30% del total de beneficiarios. Además, “no hay avance en la entrega de vivienda para las mujeres campesinas y aún se sigue trabajando en la construcción de la Política Pública de Vivienda Rural con enfoque de género”, señala Teresa Aristizabal.

Y estas cifras no distan mucho de la realidad en los territorios. Julie Marcela Galindo, quien hace parte de la red de Mujeres Unidas del Norte y de la Asociación Municipal de Mujeres Anoriseñas (Ammuan), dice que la disputa principal ha sido que lo estipulado en el papel se cumpla en la realidad.

“Hay un documento que construimos con las mujeres y que tiene muchas apuestas de las mujeres, pero en realidad ha sido difícil implementarlo. Por ejemplo, nosotros hablábamos que, en el punto que tiene que ver con convivencia y no repetición, las mujeres necesitamos unos centros de atención integral como las casas refugio, las Casas de la Mujer o los Centros Integrales para la Mujer; y esa es una petición que hacen las mujeres porque no hay espacios para nosotras, no hay ni siquiera una infraestructura que las reconozca”, señala Julie.

Un caso que tiene muy presente Julie fue durante el proceso de conformación de los grupos para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en donde las mujeres de Ammuan enviaron una petición a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), para que los grupos de discusión de los proyectos estuvieran conformados equitativamente.

“Las mujeres somos muy participativas pero a la hora de la verdad y a la hora de las políticas públicas y las legislaciones, somos las menos favorecidas».

Teresa Aristizábal

La respuesta fue positiva: “40 hombres y 40 mujeres conformamos los ocho grupos pilares. Después de ese proceso, lo que hicimos fue brindarles a las mujeres herramientas para que ellas pudieran hacer unas aportaciones significativas al PDET”, comenta Julie.

Y a pesar de que en el papel quedaron escritas iniciativas, como la creación de grupo de mujeres de apoyo o lugares de atención psicosocial, de las organizaciones de mujeres de Anorí, Julie afirma que los requisitos para acceder a la bolsa de recursos que dispone la ART para los PDET, son inalcanzables para las mujeres: “nosotras nunca podríamos cumplir un requerimiento de esos, porque no tenemos un brazo de cofinanciación tan alto como el que se pide en una convocatoria y  hay muchos detalles dentro de la implementación de  los PDET que definitivamente no van acorde a la realidad de las organizaciones de mujeres y de las mujeres en el territorio”.

En el informe de seguimiento, la Ruta Pacífica de las Mujeres afirma que están “pendientes de aprobación por el gobierno las 15 hojas de ruta para la estabilización de los PDET con el fin de incorporar la ejecución de 4.606 iniciativas de marca mujer y género”.

En el informe Paz con Legalidad Capítulo de Mujer y Género, de abril-junio de 2021, la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, reportó la misma cifra mencionada por la Ruta Pacífica de las Mujeres y agregó que la ART, en su informe de gestión, reportó la activación de la ruta de gestión de 1.179 iniciativas, que corresponden al 26% del total de iniciativas que quedaron plasmadas en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), dentro de las que están 339 iniciativas de reactivación económica, 200 iniciativas de educación rural y primera infancia y 135 iniciativas de convivencia y construcción de paz.

Otro de los puntos a trabajar es el de la participación de las mujeres en escenarios políticos. Afirma Teresa Aristizabal que “las mujeres somos muy participativas pero a la hora de la verdad y a la hora de las políticas públicas y las legislaciones, somos las menos favorecidas. En términos del segundo punto, de participación en escenarios políticos, cada vez son más peleas y luchas contra los partidos políticos, porque sigue siendo 70-30, no les parece favorable un 50-50, pero la lucha sigue”. Según el quinto informe del Instituto Kroc, de este punto solo se ha implementado el 8% de las disposiciones con enfoque de género entre diciembre de 2016 y septiembre de 2021.

Y a pesar de que en todos los puntos hay un retraso significativo y una desigualdad aún latente, Teresa resalta que en el punto cinco, de víctimas, las mujeres han desempeñado un papel fundamental para velar por la búsqueda de justicia, verdad y garantías de no repetición.

“Nosotras con las mujeres, desde la Ruta Pacífica, hemos entregado a la Comisión de la Verdad más de 2.300 testimonios de mujeres víctimas del conflicto armado. Y además, quiero destacar que con la JEP hemos establecido nuestra participación con un caso emblemático que se conoce como el caso 004 de violencia sexual en Urabá, una solicitud que fue acreditada y que es algo que nos congratula mucho porque son cuatro mujeres testimoniantes en este caso”, indica Teresa.

En muchos escenarios, lideresas, feministas, integrantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, han manifestado que las mujeres son los actores que más contribuyen a las labores de reconstrucción social y de memoria para no olvidar lo ocurrido, de ahí lo importante de su papel en esta época de posacuerdo y construcción de paz.

La firma de un Acuerdo con enfoque de género, expresa Teresa, “fue un hecho histórico en cualquier negociación y eso nosotras lo queremos validar y reconocer. Se necesitaba ese fin del conflicto para que, efectivamente, pudiéramos decir que vamos transitando, no solamente por el deseo sino también por el derecho a la paz”.

Daniela Sánchez Romero
Periodista de la Universidad de Antioquia. Me interesan los tema de cultura, memoria, paz y derechos humanos.