Entre 1996 y 2006 en Urabá y el Bajo Atrato fueron cometidas 72 masacres que dejaron 357 víctimas. Estas fueron parte de la estrategia de expulsión forzada y la combinación de formas legales e ilegales para apropiarse de la tierra de miles de campesinos que fueron obligados a huir de sus tierras.
A la par que más de 200 mil campesinos fueron desplazados de sus tierras, el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), cuyo gerente en 1997 era Benito Osorio Villadiego, inició la compra de tierra a precios irrisorios en municipios afectados por la violencia paramilitar. Osorio Villadiego es hoy protagonista por sus declaraciones ante la JEP en las que señala, entre otras, la estrategia de despojo que el FGC hizo de la mano de las AUC en regiones como Urabá, de la relación que habría tenido las AUC con el presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, y cómo las AUC apoyaron la elección de Mario Iguarán como fiscal general.
“En el plan criminal de despojo y legalización intervinieron múltiples actores que cumplían papeles diversos, pero eran funcionales al modelo de acumulación de riqueza basado en el aprovechamiento de la violencia. Unos se encargaban de la acción directa armada y de la cadena del terror en contra de comunidades, poblaciones y líderes, otros concurrían desde el poder político y económico como socios, y otros brindaban su apoyo militar e institucional”, dice el informe Van por nuestras tierras a sangre y fuego, que el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Forjando Futuros le entregaron a la JEP en diciembre de 2020.
Dice la sentencia 009 del 30 de septiembre de 2020 del Tribunal Superior de Antioquia, citando a la Fiscalía, que “la Casa Castaño, a través del control territorial de la zona de Tulapas llevó a cabo una estrategia sistemática de despojo sobre los habitantes de la zona […], en la que participaron actores como Salvatore Mancuso, Guido Vargas, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez, y que contó con el Fondo Ganadero de Córdoba como su más importante comprador de tierras”, lo que lograron con el apoyo y complicidad de funcionarios de notarías públicas, así como empleados del Incora, el Incoder y oficinas de registro de instrumentos públicos.
Una de las zonas emblemáticas en esta estrategia de despojo fue Tulapas, compuesta por 58 veredas, distribuidas en tres municipios: San Pedro de Urabá (8 veredas), Necoclí (14 veredas en el corregimiento Pueblo Nuevo) y Turbo (36 en el corregimiento San José de Mulatos).
La finca “La 52”, dice la citada sentencia, fue la primera propiedad en ser arrebatada por el FGC. Ese lugar fue el escenario en el que la casa Castaño y miembros del FGC, en cabeza de Benito Osorio Villadiego, acordaron un plan para evitar el retorno de los desplazados, legalizar las tierras y luego ponerlas a producir. El primero de diciembre de 1997, miembros de la junta directiva del FGC aprobaron y firmaron el acta 1084 a través del cual iniciaron la compra masiva de tierras. Si bien no quedó en el documento, Sor Teresa Gómez fue designada como la intermediaria para comprar las tierras.
Adriano Mendoza y Julia Susana Casarrubia fueron dos de las víctimas de la trama de la que participó el FGC. En 1997 recibieron cuatro visitas de un grupo armado que los intimidó para que vendieran sus tierras en la región de Tulapas. Se vieron obligados a vender la hectárea a 300 mil pesos al FGC. En principio recibieron seis millones de pesos y un año después otros seis millones. Con ese dinero Adriano pagó un tratamiento médico que necesitaba hasta que murió el 21 de junio de 2005.
Silvio Enrique Villadiego, por ejemplo, tuvo que vender a 250 mil pesos cada una de las 33 hectáreas de tierra que tenía en el corregimiento San José de Mulatos en Turbo. Dice la sentencia que al igual que otros campesinos fueron llevados a Montería donde Sor Teresa Gómez, quien les pagó la mitad del valor de las tierras. Él solo recibió poco más de ocho millones de pesos.
Otro es el caso de Roberto Manuel Villadiego, quien en 1995 tuvo que salir desplazado de Tulapas ante la incursión de los grupos paramilitares. Ya desplazado fue contactado por Benito Osorio Villadiego y luego recibió el pago de su tierra a manos de Sor Teresa Gómez.
Para 1999 el FGC ya había legalizado 105 predios. En 1998, por medio del acta 1007, Benito Osorio autorizó entregar dinero a Sor Teresa Gómez por sus labores de legalización de predios.
Pero Benito Osorio Villadiego no es el único empresario que se sometió a la JEP. A él lo acompañan Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Marco Fidel Furnieles Salgado, Jaime Augusto García Exbrayad, Sor Teresa Gómez y Luis Gonzalo Gallo.
Gallo se comprometió a entregar información sobre el papel de Benito Osorio Villadiego, exgerente del FGC y exgobernador de Córdoba, de Benito Molina Velarde, principal accionista del FGC, y de Sor Teresa Gómez, la comisionista en la compra de los predios.
El caso de Luis Gonzalo Gallo es llamativo pues es propietario de alrededor de 4.000 hectáreas de tierra en Tulapas, el 75% dedicadas al cultivo de teca, caucho y cedro.
