En el Cementerio Universal de Medellín hay cuerpos no identificados (CNI) desde la zona 1 hasta la zona 29, incluyendo mausoleos y senderos, aseguró Isabel Cristina Alzate, antropóloga líder del equipo de investigación que interviene este camposanto desde 2019 por orden de la JEP.
En todo el cementerio hay cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada, entre las que podrían estar personas desaparecidas de la Comuna 13 y que hoy son buscadas por sus familias. Razón tenía la JEP cuando decretó medidas cautelares no solo para La Escombrera, en donde el 10 de noviembre inició la excavación de más de 40 mil metros cúbicos en un nuevo polígono, sino que las extendió a parte del Cementerio Universal y al Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia.
Y si bien la medida cautelar en el Cementerio cobijaba las zonas 29 y 29 A, y la centralidad de la búsqueda estaba allí, “tenemos que en todo el cementerio hay hallazgo de interés forense”, aseguró la antropóloga en la audiencia que la JEP hizo en Medellín este 10 de noviembre.
Luego de cuatro fases de recuperación, la antropóloga de la JEP explicó que intervinieron 43 lugares y que encontraron 22 cadáveres o hallazgos que remitieron a Medicina Legal. Sobre estos, aún se espera que coincidan con el ADN de las familias que buscan a sus familiares.
Los cuerpos que tenía la Universidad de Antioquia
Pero otros de los cuerpos no identificados también los tenía el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. Explicó Carlos Antonio Murillo, subdirector de servicios forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que entre 2020 y 2021 recibieron 65 cuerpos provenientes de ese laboratorio, entre los que había 14 cuerpos de sexo femenino, 49 de sexo masculino y dos indeterminados.
Lo llamativo de esto no fue que hayan tenido estos cuerpos, sino que entre estos había cuerpos no identificados, además, algunos de ellos tenían signos de muerte violenta. De acuerdo con Murillo, 26 de ellos tenían impactos de proyectil de arma de fuego, 12 trauma de mecanismo no determinado, 8 de mecanismo contundente y solo 16, es decir, el 24.6% de los cuerpos, no tenía lesiones.
¿Por qué la Universidad de Antioquia tenía cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado? En 2008 la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia firmaron el Convenio 009 con el que se le entregaba al Laboratorio de Osteología 200 cuerpos del Cementerio Universal para actividades académicas. Una investigación de la Agencia de Prensa IPC encontró que la Alcaldía entregó cuerpos no identificados, prohibidos por la normativa y sin autorización de la Fiscalía, y la Universidad los recibió en su Laboratorio y devolvió otros en mal estado.
Los cuerpos no identificados de Hidroituango
A su vez, fue la Universidad de Antioquia la encargada de hacer el traslado administrativo de tres cementerios irregulares ubicados en la zona de influencia de Hidroituango: en Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá). 178 cuerpos de Orobajo fueron llevados al Laboratorio de Osteología.
En 2020, la Agencia de Prensa del IPC denunció que en los cementerios trasladados fueron inhumados cuerpos no identificados y de posibles víctimas violentas del conflicto armado, lo que fue negado reiteradamente por EPM y la Universidad de Antioquia. Sin embargo, la intervención de la JEP a este Laboratorio demostró lo contrario.
Carlos Antonio Murillo le explicó a la JEP que Medicina Legal recibió 14 cuerpos exhumados por la Universidad de Antioquia en el cementerio de Orobajo, y que estaban en el Laboratorio de Osteología. De estos, 10 eran de adultos, tres de subadultos y uno de una persona entre 17 y 20 años. Dos cuerpos, aseguró Murillo, tenían impacto de proyectil de arma de fuego, y uno fue víctima de un mecanismo “contundente”. Once no tenían lesiones. Es decir, el 21.3% de los 14 cuerpos sí murieron por causas violentas, contrario a lo que dijeron las instituciones que exhumaron y trasladaron los cuerpos sin autorización de la Fiscalía.
El 2 de noviembre de 2017, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, director Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango – EPM manifestó en un oficio enviado a la Fiscalía que para avanzar en la construcción de Hidroituango había que implementar “la prospección, rescate, documentación, traslado y disposición final de cuerpos sepultados” en los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna. “Por tal razón, solicitamos comedidamente la autorización para exhumar los cuerpos esqueletizados […] partiendo del hecho de que estos no se encuentran en el marco de un asunto legal”.
En ese documento, Castaño Giraldo aseguró que la Fiscalía ya había hecho “los debidos procesos de investigación, prospección y exhumación de aquellos de pertinencia jurídica, en las zonas referidas y cercanas a ellas”. Es por eso que el 14 de noviembre de 2017, Paula Andrea Betancourt y Alonso José Alvear Pérez, Fiscales 91 y 221 del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), le respondieron a EPM que “en vista que se trata de hechos ajenos al conflicto armado no es nuestra competencia autorizar ni intervenir en este procedimiento” y advirtieron que esa respuesta no obedecía a una orden judicial.
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Es por eso que la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (SARV) de la JEP dijo en el auto AT-030 de 2020, que no existía un documento en el que la Fiscalía certificara o señalara que había realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia de Hidroituango, por lo que la respuesta de los Fiscales 91 y 221 del Grube “corresponde más a una lectura o interpretación que hizo EPM”. Es decir, que EPM pasó por encima de la Fiscalía en el traslado de los cementerios.
Estos casos vuelven a tomar relevancia ante la JEP, pues demuestra que, pese a todas las irregularidades en el cementerio Universal, allí hay cuerpos no identificados de posibles víctimas de desaparición forzada; por su parte, vuelve a mostrar que la Universidad de Antioquia utilizó cuerpos no identificados y con signos de muerte violenta para sus actividades académicas, y que, además, EPM y la Universidad de Antioquia exhumaron y trasladaron sin autorización de la Fiscalía cuerpos no identificados y con signos de muerte violenta de los cementerios irregulares de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, lo que facilitó la inundación del cañón del río Cauca para la construcción de Hidroituango.
