IPC. ¿Cuál es su perfil y por qué aspira a la dirección de la Unidad de Búsqueda?
Liliana Uribe. Llevo 35 años trabajando en Derechos Humanos, con el compromiso por esclarecer e investigar las graves violaciones de DDHH, por buscar mecanismos de protección para las víctimas y, en ese trabajo a profundidad, he tenido acercamiento para con las víctimas y sus luchas.
En el caso de la desaparición forzada, nosotros arrancamos con las denuncias y procesos organizativos de las familias de la Comuna 13, cuando empiezan a desarrollarse las operaciones militares que van a ocasionar el mayor impacto; también en el Oriente antioqueño, con los campesinos desaparecidos, que es uno de los casos que más he desarrollado en distintas esferas, no sólo en el litigio interno e internacional, sino sobre todo con los campesinos de la vereda La Esperanza en El Carmen de Viboral; también la experiencia en el Medio y Bajo Atrato en el Chocó, de la mano de la Diócesis de Quibdó y organizaciones étnicas, en periodos agudos del conflicto armado.
También he sido funcionaria pública, estuve recientemente en la Comisión de la Verdad.
La experiencia, primero, en el trabajo mancomunado con las víctimas y las comunidades en el territorio, de avanzar en el trabajo jurídico a nivel nacional e internacional para que se materialicen los derechos de las víctimas.
Es muy importante y en eso planteo una fortaleza, mi capacidad de hablar con las personas, de trabajar en común, en conjunto. Creo que esto es fundamental: fortalecer equipos y tener la capacidad de hacer direccionamiento estratégico.
IPC. ¿Cuáles son los avances que ha tenido la Unidad de Búsqueda en la dirección de Luz Marina Monzón?
L.U. Realmente, montar la Unidad, ese entramado institucional, y haberlo puesto a andar. Ya tiene equipos territoriales, tiene un equipo técnico forense que está andando; tiene una estructura; tiene planes de búsqueda formulados. Eso da cuenta de que hay una metodología para buscar a las personas dadas por desaparecidas; también hay unos relacionamientos con actores clave en la búsqueda, como los pueblos indígenas, los protocolos con comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras; hay líneas de trabajo con familiares en el exilio, que sienten que han aportado a la búsqueda de sus seres queridos; hay un avance en el sistema de información misional, sin embargo, creo que hay que avanzar más en ese sistema y terminar de ponerlo a andar.
Luz Marina habla de cerca de 104 mil personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, ya documentadas y registradas en la Unidad. La Unidad tiene cerca de 30 mil solicitudes de búsqueda, de las cuales cerca de ocho mil son nuevas. Yo creo que hay que buscar masivamente a los familiares, porque con ellos vamos a saber qué pasó con sus seres queridos, si fueron reclutados o secuestrados, si eran excombatientes. Necesitamos que lleguen.
Para mí la Unidad ha dado muchos pasos para obtener información, pero ya tenemos que concentrar los mayores esfuerzos en las estrategias de búsqueda de los seres queridos de las familias que están buscando.
IPC. La Unidad habla de más de 700 cuerpos recuperados en la dirección de Luz María Monzón. Se le reconoce más que haya creado la institución, que encontrado cuerpos y entregado a sus familiares…
L.U. Hay que destrabar cuellos de botella. La Fiscalía exhumó cantidad de cuerpos, ¿y dónde los tiene? Sin identificar y en lugares no apropiados, donde pierden las potencialidades para poder servir como mecanismo de identificación. Luz Marina se movió un tiempo en eso de no exhumar si no hay condiciones para identificar. Yo creo que la Unidad tiene que ir andando en esas vías de manera simultánea.
Luz Marina tiene más de 700 cuerpos recuperados, exhumados. ¿Dónde se da el problema? Quien identifica es Medicina Legal y no tiene las suficientes capacidades para hacer esos procesos de identificación, aunque en el banco genético se ha venido avanzando.
Necesitas recoger muestras, para que el banco genético pueda procesarlas y pueda hacer los cotejos de manera permanente, no cada seis meses como se venía haciendo antes. Eso nos puede ayudar en las identificaciones.
IPC. En la última audiencia que hizo la JEP sobre Hidroituango en Medellín, Carlos Antonio Murillo, subdirector de servicios forenses de Medicina Legal, dijo que tienen los equipos suficientes, pero que el banco genético no era suficiente para hacer los cotejos de identificación.
L.U. Hay que hacer búsquedas masivas de familiares y tomas masivas de muestras. Hay que hacerlo de manera simultánea. Medicina Legal es la entidad que tiene las mejores condiciones para hacer las identificaciones a partir del banco genético, pero es un cuello de botella. La Unidad tiene todas las facultades legales, incluso la Corte Constitucional lo ratificó, para hacer convenios con laboratorios de expertos reconocidos con los que la Unidad ha trabajado, como el equipo de antropología de Guatemala, la Cruz Roja Internacional: mecanismos alternativos para destrabar ese cuello de botella que es la información genética para poder dar cuenta de la identificación.
Tenemos cantidad de cuerpos exhumados que no han sido identificados, en cementerios tenemos una cantidad de cuerpos que no han sido exhumados. Ahora, el equipo forense de la Unidad, que también hay que fortalecerlo, es un equipo que tendría también la facultad de poder llegar a esos lugares donde hay cuerpos no identificados y hacer las mejores pruebas iniciales con los cuerpos.
La Unidad está haciendo algo que me parece importante, ya lleva casi 31 mil exámenes de los procesos judiciales, enfocándose en las necropsias, en convenio con la Fiscalía. Si todo eso se logra desarrollar a profundidad, esa información tiene que servir en el proceso de identificación.
Creo que hay avances en la Unidad, pero también cuellos de botella que hay que superar y buscarles la salida desde las competencias que tiene la Unidad, como la posibilidad de desarrollar procesos penales y disciplinarios si funcionarios públicos se niegan a entregar información.
IPC. ¿Cómo se podría direccionar la articulación con entidades del Estado y el sistema como la JEP, la Fiscalía y Medicina Legal, para eliminar esas barreras?
L.U. Primero, yo creo que es un asunto del orden del reconocimiento de la Unidad, hay que darle el valor y la importancia que tiene. La Unidad es la directora de la búsqueda, la que debe coordinar a las instituciones. Si hay un buen liderazgo y unas buenas relaciones institucionales (eso pasa por lo personal y unas competencias institucionales), hay que superar las competencias internas, hay que tener un mejor relacionamiento. La Unidad tiene que empoderarse de la búsqueda, eso lo hace con iniciativas, con llamamientos a la articulación. Y si no funciona, llamar a las facultades, en el sentido de que no se puede negar la información y pedir sanciones penales y disciplinarias a los funcionarios que no cumplan sus deberes.
IPC. En ese sentido, una de las relaciones más tensas es con la JEP…
L.U. Eso hay que superarlo. Creo que hay que recomponer esas relaciones, porque hay que entrar a dialogar con los magistrados de la sección de ausencia de responsabilidad. Los procesos adversariales, que son competencia de estos magistrados, son los que van a llenar a la JEP. La JEP se va a colapsar ahí, va a ser un momento en el cual la Unidad pueda recuperar ese dinamismo.
Pero la Unidad tiene que recuperar el dinamismo frente a las otras estrategias de búsqueda, como en los cementerios. Son muchos los cementerios que deben tener una dinámica de acción de manera concreta, porque hay que proteger esos cuerpos.
IPC. Un cuerpo recuperado por la Unidad está tardando un año en ser identificado por Medicina Legal, ¿cómo se podría agilizar esto? ¿Podría tener la Unidad un laboratorio autónomo?
L.U. Lo del laboratorio es una idea del sindicato. Hay que conversar, discutirlo más, conocer otras experiencias. Por ejemplo, el equipo antropológico de Guatemala tiene un laboratorio genético. Creo que puede ser una posibilidad, pero necesitamos capacitar personal, necesitamos recursos, porque no tenemos la capacidad para hacer una compra de esa naturaleza. Entonces, necesitamos hacer un diálogo, conocer las experiencias y la magnitud de procesamiento que pueda tener la Unidad. En ese caso puede ser más fácil hacer un convenio con otras instituciones.
IPC. ¿Qué posibilidad hay de ampliar la entidad? Por ejemplo, hay territorios sin oficina como el Eje Cafetero y otros equipos territoriales sobrecargados, lo cual retarda las acciones de búsqueda.
L.U. Desde mi idea, lo principal es reforzar los equipos misionales. En segundo lugar, tenemos que fortalecer los equipos territoriales. Hay que fortalecer los equipos forenses en lo territorial; es donde hay que hacer el mayor esfuerzo para que los equipos territoriales tengan mayor dinamismo, mayor capacidad de movilizarse y hacer el trabajo en el terreno, no tanto dependiendo del nivel central.
Para mí, hay que descentralizar a la Unidad. No puede haber tanta gente en el orden central que esté mirando desde el centro el territorio. No, el territorio tiene que llegar al centro de la Unidad y dinamizarla. La Unidad tiene que tener el enfoque territorial. Eso es esencial.
IPC. En el contexto de Paz total, ¿va a incidir para ampliar el mandato de la Unidad, sobre todo porque hoy perviven seis dinámicas de conflicto armado interno?
L.U. Hay que tener en cuenta que el conflicto armado persiste, y que llegar y acceder al territorio pasa por identificar esos factores de riesgo que tienen los funcionarios de la Unidad.
Frente a la Paz total, teniendo en cuenta el mandato y la persistencia del conflicto, la Unidad tiene que incidir de manera clara en que los actores armados con los que se va a negociar se comprometan a dar información sobre el paradero de las víctimas del pasado y sobre las víctimas de ahora. Hay que hacer arreglos institucionales y que la Unidad asuma un rol protagónico para que se establezcan esos compromisos y que sean verificables.
Tendríamos que jugar un rol decisivo de la mano del Gobierno. El relacionamiento con el Alto Comisionado para la Paz es muy importante. Y, en esa medida, buscar que el mandato de la Unidad pueda prorrogarse, no solo con respecto a los casos de 2016 hacia atrás, sino poder considerar las distintas circunstancias que siguen ocurriendo después de esa fecha.
