Alrededor de 107.381 personas esperan retornar a sus tierras en los próximos 10 años. Esta es la cifra que entrega la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con corte al 31 de enero de 2022, sobre los titulares que quieren recuperar más de 122.000 predios en todo el territorio nacional.
Con la prórroga de la Ley 1448 o Ley de víctimas y restitución de tierras, sancionada por el presidente Iván Duque el 8 de enero de 2021, se avivó la esperanza de las víctimas del conflicto a quienes esta ley no dio respuesta entre 2011 y 2021 y que esperan que en los próximos 10 años los jueces emitan sentencia a favor de sus casos.
Para el caso de Antioquia, la URT espera avanzar en las 22.522 solicitudes que históricamente ha recibido la Territorial y de las cuales, a la fecha, solo 5.320 personas han sido beneficiadas con sentencia de restitución.
Sin embargo, para algunas organizaciones, esta nueva década de implementación no dará respuesta a las víctimas que hoy esperan volver a sus tierras, pues gran parte de las sentencias están siendo negadas en la etapa administrativa y no se conocen los motivos por los cuales se niega debido a la reserva del expediente. Así lo señala Julio César Cuastimal Madrid, coordinador del equipo jurídico de la Fundación Forjando Futuros.
“Conocemos, gracias a informes de entidades como DeJusticia, que las territoriales casi que convirtieron en una política interna negar la mayoría de los casos para efectos de inclusión en el registro de tierras despojadas y esto tiene como consecuencia que las víctimas no van a acceder a la rama judicial ni van a tener acceso a la justicia para presentar sus casos”, agrega Julio.
En este informe de DeJusticia, se afirma que en los primeros 10 años de la Ley 1448, de las 90.585 solicitudes que tenía la entidad hasta abril de 2021, 58.914 solicitudes fueron negadas por la URT, es decir, el 65% fueron negativos para las víctimas. Reporta DeJusticia, que la respuesta dada por esta entidad frente a las negativas radicó en que algunos solicitantes no tenían cómo comprobar la relación con el bien que solicitaban, o simplemente, la Unidad no encontró relación alguna entre el despojo y el conflicto armado.
Sobre esta situación Milton Valencia, abogado del Observatorio de Tierras, afirma que esta situación se presenta con el objetivo de cumplir metas, pues durante los primeros años de la implementación de la Ley no se daba resolución a la cantidad de solicitudes presentadas.
“Entonces lo que empezaron a hacer fue negar las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Tierras y de esa manera decían que sacaban la misma cantidad que entraban y que sí se estaban cumpliendo con las metas, en comparación de años anteriores. La Unidad tiene dos motivos para negar la inscripción, pero son muy abiertos, muy ambiguos, y entonces se ha peleado para que la URT sea más clara sobre cuáles son los motivos legales y qué acciones tiene la persona frente a esa negativa”, agrega Milton.
Según el abogado, este tipo de situaciones hacen que las víctimas a las que les negaron su solicitud deban acudir a la justicia ordinaria, buscar un abogado e interponer una acción de nulidad, una situación que “pierde toda la lógica, porque vuelven al sistema de derecho normal, que ya se había demostrado que era ineficiente porque ese sistema de derecho fue lo que permitió despojos y abandonos. Ahí en esa parte hay un problema grandísimo”, señala Milton.
¿Qué pasará en los próximos 10 años?
Para Eliana Jaramillo, directora de la URT de la Territorial Antioquia, los retos en esta nueva década siguen siendo los mismos: cumplirle a las víctimas y a los solicitantes. “En Antioquia tenemos un número grueso de solicitudes, por no decir que el más grande del país; entonces hay que ir atendiendo y fortaleciendo los equipos al interior de la Unidad para poder responder a todas esas solicitudes que tenemos por llevar ante los jueces”, señala.
Para ella, la URT ha adquirido experiencia durante los 10 años que ya pasaron, debido a que este proceso “nació para ser implementado en medio de circunstancias de conflicto”, es por eso que en la Territorial Antioquia espera avanzar de manera integral con una inversión de 3.000 millones de pesos en proyectos productivos, comenta Eliana, quien agrega que espera “superar las 1.000 demandas presentadas ante los jueces de restitución y consolidar la actuación de la ruta étnica con los procesos de restitución vigentes en los municipios de Ituango, Segovia, Urrao, Frontino, Dabeiba, Bajo Cauca y Urabá”.
Sobre este asunto de la prórroga, el abogado del Observatorio de Tierras, Milton Valencia, es categórico en señalar que la política de restitución no va a cumplir completamente su efecto en 2031 ni va a cumplir sus metas en un tiempo bastante largo, pues la “cola” o el “trancón”, como ellos han llamado al proceso de solicitud en el que se encuentran las víctimas que intentan obtener el reconocimiento de la ley, se va a ir ampliando y “no se han cumplido las metas de las personas que han entrado hace bastante tiempo”.
Reconoce que el avance de la restitución es muy grande en tema de reconocimiento de las víctimas pero que es un problema que en 10 años más no va alcanzar a resolverse. “Una solución sería la implementación de la jurisdicción o especialidad agraria para resolver este tipo de problemas de tiempo”, agrega el abogado, quien también reconoce que gracias a la aplicación de la Ley, fue posible iniciar los procesos de restitución colectivas y étnicas que solo se pudieron iniciar hasta finalizar 2020.
Finalmente, otra de las apuestas de la Territorial Antioquia, señala Eliana Jaramillo, es continuar con el desarrollo de su política con enfoque étnico. Este año, la dependencia radicó dos demandas colectivas para restablecer los derechos ancestrales de las comunidades Emberá Katío de Jaidukamá, en Ituango, y Emberá Chamí de Tagual La Pó, en Segovia.
“En total la pretensión es de 2.254 hectáreas para la comunidad de Jaidukamá, en el Nudo del Paramillo, y 3.336 hectáreas para la comunidad de Tagual La Pó, con las que esperamos beneficiar a 170 familias que agrupan a 824 personas. Para la Territorial Antioquia son 53 comunidades étnicas vinculadas a procesos de restitución de tierras y que en su conjunto tienen una pretensión de 120.000 hectáreas de tierra, que podrían beneficiar a una población de al menos 14.500 personas en diferentes regiones del departamento”, informa la directora.
Por su parte, Julio César, de la Fundación Forjando Futuros, expresa que es positiva la prórroga de la Ley porque permitirá la inclusión de nuevas víctimas, siempre y cuando se resuelvan de manera efectiva los casos más complejos porque, “ese tiempo no puede convertirse en un tiempo que tenga que ser una carga para las víctimas, ellas no pueden esperar otros 10 años hasta que resuelvan sus casos”.
Agrega que uno de los retos a los que se enfrenta la URT será la restitución colectiva para territorios étnicos o campesinos, como el caso de los consejos comunitarios de la Larga Tumaradó y de Puerto Girón, predios colectivos que fueron entregados con títulos del Incora o el Incoder y que luego fueron despojados, y al cual se debe vincular no solo a los campesinos despojados sino también a los actuales poseedores.
